PROTESTAS

El hastío por el alza del precio del combustible y casos de corrupción institucional amenazan con dinamitar la estabilidad de Panamá.

Miles de personas protestan desde hace dos semanas para exigir al gobierno que intervenga y contenga los precios de los productos de la canasta básica y las medicinas.

Las protestas han provocado el cierre de escuelas públicas, suspensión del transporte y llamados a huelgas. La oficina de ONU en Panamá llamó a las partes a “buscar consensos”, mientras la iglesia Católica se ofreció a mediar en el conflicto.

El descontento se produce en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo en torno al 10%. Además, el precio del combustible se incrementó un 47% desde inicios de año, valiendo actualmente 5,17 dólares el galón de gasolina (3,78 litros).

Durante los reclamos se ha cerrado parcialmente la vía Interamericana, ruta vital para la conexión con Costa Rica y el transporte de mercancías a lo largo de Panamá.

La situación ha encendido las alarmas del gobierno y empresarios, que temen pérdidas millonarias y ven amenazados el comercio, el turismo y la reactivación económica tras la pandemia.

Panamá experimenta así una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega.

“Estamos en un estallido social sin precedentes”, dice a la AFP Enoch Adames, catedrático de Sociología de la Universidad de Panamá.

Las protestas obligaron el lunes al presidente Laurentino Cortizo a reducir el precio del combustible a 3,95 dólares por galón a partir del viernes.

“El descontento es generalizado y el repudio al gobierno es universal”, agrega el politólogo e historiador de la sede panameña de Florida State University, Carlos Guevara-Mann.

Con una economía dolarizada y de servicios, un canal interoceánico -que aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al tesoro nacional-, altas tasas de crecimiento económico y alternancia en el poder, Panamá ha vivido una relativa estabilidad desde 1989. Sin embargo, el país presenta uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, con la mitad del empleo informal y con servicios públicos con grandes deficiencias.

Ayer jueves los sindicatos que impulsan la ola de protestas y huelgas no acudieron al diálogo convocado por el Gobierno.