TENSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Los incidentes se concentran en dos regiones: la provincia de KwaZulu-Natal y en el corazón político y económico de Sudáfrica, la provincia de Gauteng.
Sudáfrica sufre una ola de disturbios y saqueos masivos, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país. Hasta ayer martes al menos 72 personas habían muerto en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.
Los incidentes se concentran en dos regiones: la provincia de KwaZulu-Natal y en el corazón político y económico de Sudáfrica, la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. Especialmente en Soweto, inmenso township (áreas desfavorecidas reservadas a personas “no blancas”) al oeste de Johannesburgo.
En esas zonas turbas de personas arrasaron completamente centros comerciales y tiendas, quemaron vehículos e inmuebles y cortaron calles y carreteras.
Ayer martes por la mañana, decenas de mujeres, hombres y niños irrumpieron en una carnicería en Soweto y salieron con pesadas cajas de carne congelada sobre sus hombros o cabezas. Un único custodio privado permaneció en el lugar mientras intentaba comunicarse por teléfono, presuntamente para pedir refuerzos. La policía recién llegó unas tres horas más tarde y disparó balas de goma.
Lo que comenzó como protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial, degeneró en una oleada de saqueos y vandalismo indiscriminado de una magnitud que el actual presidente, Cyril Ramaphosa, comparó con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa, tras el final del sistema segregacionista del apartheid.
“Los saqueos continúan, así que no puedo decir que (la situación) esté bajo control”, admitió el jefe del gobierno de Gauteng, David Makhura.
Las autoridades están apelando a los líderes comunitarios para que, como está ocurriendo en algunas zonas del país, la sociedad civil se organice para impedir y desalentar los saqueos.
Los incidentes empezaron el pasado viernes en KwaZulu-Natal, provincia natal del expresidente Zuma, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por corrupción.
Aunque se entregó el miércoles, Zuma había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y en que la pena de prisión sería para él una “sentencia de muerte”.
En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar carreteras como muestra de apoyo.
En los días siguientes, esas protestas se replicaron en otras zonas, especialmente en el área de Johannesburgo.
Pero para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad y el descontento por la pandemia de covid.
El Ministerio de Salud confirmó que en las zonas de los disturbios hubo interrupciones de la inmunización contra el COVID-19, pero también problemas de acceso a otros servicios médicos básicos, como la medicación para la diabetes, el VIH o la tuberculosis.
Sudáfrica está pasando por una tercera ola de covid impulsada por la variante Delta, con unos 2,2 millones de contagios acumulados y unas 64.000 muertes.