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Todas las confesiones y pruebas obtenidas sobre las coimas pagadas por Odebrecht, que salieron a luz en el escándalo de corrupción Lava Jato, fueron anuladas.Así lo decidió el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, para quien la prisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ligada a la misma investigación, fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia” del país.

En su decisión, Dias Toffoli consideró que las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht son “inutilizables” por “cualquier jurisdicción”.

El acuerdo preveía igualmente el pago de una multa de 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil.

El gigante de la construcción Odebrecht fue acusado por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.

La red, destapada en 2014 por la investigación Lava Jato, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.

Las acusaciones contra la empresa trascendieron Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos varios expresidentes.

El juez Dias Toffoli denunció “graves consecuencias” por las pruebas obtenidas “al margen de la ley (...) para cientos de personas investigadas o procesadas en Brasil y en el extranjero”.

El magistrado integra el máximo tribunal desde 2009, cuando fue nombrado por Lula, en su segundo mandato.

Lula pasó 18 meses preso, entre 2018 y 2019, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato, bajo acusación de recibir sobornos de otro gigante brasileño de la construcción, OAS.

Pero sus condenas fueron anuladas por otro juez en marzo de 2021. Tres meses después, el exjuez Sergio Moro, que condenó a Lula a prisión, fue declarado “parcial” por la corte suprema.

Al anular las pruebas del caso Odebrecht, Dias Toffoli abra la posibilidad de que otros implicados impugnen sus condenas, además de un posible castigo a los involucrados en los acuerdos.

El punto principal de la decisión es que las pruebas obtenidas fueron declaradas “inútiles”, incluidos los sistemas que la empresa utilizó para registrar presuntos pagos de sobornos, denominados Drousys y My Web Day B. “El reconocimiento de la referida inutilidad debe extenderse a todos los actos que hayan utilizado tales elementos, ya sea en el ámbito penal, ya en el ámbito electoral, o en procesos que impliquen actos de irregularidad administrativa, o incluso en el ámbito civil”, escribió.

El juez también apuntó que, debido a la “gravedad de la situación”, es necesario “determinar la conducta de los agentes públicos implicados” en el acuerdo de clemencia.

Dias Toffoli decidió que todos los investigados podrán tener “acceso total” a los mensajes de todos los que participaron de la operación Lava-Jato, que fueron incautados en el marco de la Operación Spoofing.

“Dada la extrema gravedad de los hechos perpetrados, se exige que se otorgue a los imputados al menos el derecho de impugnar las ilegalidades procesales que se proyecten como reflejo de la acción coordinada entre la Fiscalía y el magistrado”, dijo.

El juez también determinó que la Policía Federal (PF) tiene 10 días para presentar el “contenido completo de los mensajes”, incluyendo “todos los anexos y apéndices, sin ningún tipo de corte ni filtrado”, bajo riesgo de cometer el delito de desobediencia. .

El 13º Juzgado Federal de Curitiba -responsable de Lava Jato en primera instancia- y el Ministerio Público Federal de Paraná deben presentar, también en el plazo de 10 días, el “contenido íntegro de todos los documentos, anexos, apéndices y expedientes” relacionados con la indulgencia, incluyendo “documentos recibidos del exterior, por medios oficiales o no oficiales, así como documentos, videos y audios relacionados con las negociaciones”. Si esta orden no se cumple, también existe el riesgo de cometer el delito de desobediencia.

Para el abogado André Callegari, profesor del Instituto Brasiliense de Derecho, la decisión de Dias Toffoli podría conducir tanto a la absolución como a la condena de los agentes implicados. “Si ahora queremos esclarecer lo que realmente pasó, creo que los agentes públicos que aún se encuentran en el ejercicio de sus funciones deberían ser sometidos a procesos administrativos y penales”, dice Callegari.

Los involucrados en la operación que abandonaron sus cargos, como el ex juez y ahora senador Sergio Moro (União Brasil-PR) y el ex fiscal y ex diputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) podrían ser sancionados en el ámbito penal, pero no administrativo.

El juez Dias Toffoli argumentó que las investigaciones no preservaron la llamada cadena de custodia. El término, según el Código de Procedimiento Penal, se refiere al mantenimiento de la historia cronológica de las huellas recogidas en la escena del crimen.

El magistrado cita el acceso clandestino de los investigadores al sistema Drousys, utilizado por el sector de Operaciones Estructuradas de la empresa para controlar el pago de sobornos a autoridades y políticos, así como la falta de formalización de acuerdos de cooperación jurídica internacional, que deben ser establecidos por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), de la Secretaría Nacional de Justicia.

Dias Toffoli menciona además conversaciones entre fiscales. Los extractos se hicieron públicos durante la Operación Spoofing, cuando un grupo de piratas informáticos obtuvo acceso al contenido almacenado en los teléfonos de las autoridades.

En los mensajes, los fiscales hablan de reuniones con el FBI. Las gestiones con la agencia para que los profesionales extranjeros transmitieran o recibieran datos habrían sido realizadas por ellos mismos, sin la formalidad de la norma y del procedimiento legal del DRCI.

Las conversaciones de los fiscales reproducidas en el fallo de Dias Toffoli, también citan la supuesta falta de cuidado durante el transporte de las pruebas incautadas. Los materiales, incluido el sistema Drousys, habrían sido cargados por los propios abogados en bolsas de supermercado.

En los últimos años, los magistrados Ricardo Lewandowski, ahora jubilado, y José Antonio Dias Toffoli, que heredó el caso Lava Jato, ya habían anulado las pruebas en varios casos, incluidos algunos que tenían al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como imputado. Estas decisiones, sin embargo, se tomaron caso por caso. Ahora, la determinación se aplica a todas las acciones.

“El reconocimiento de la referida inutilidad debe extenderse a todos los actos que hayan utilizado tales elementos, ya sea en el ámbito penal, ya en el ámbito electoral, o en procesos que impliquen actos de irregularidad administrativa, o incluso en el ámbito civil”, escribió el juez Dias Toffoli.

En su decisión, también criticó la detención de Lula, ocurrida en 2018 en el contexto del Lava-Jato. Para el juez, se podría calificar de “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, pero “fue mucho peor”.

“Se trató -sostiene el magistrado- de un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales”.

En el gobierno, saludaron la anulación de las pruebas. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado Dias Toffoli “reafirma la inocencia del presidente Lula”.