BUENOS AIRES

"Fue como jugar al truco. Había que ir callados”. El asesor de un senador que trabajó activamente por la legalización del aborto ilustró así la estrategia de los verdes. Cuando la sanción ya era casi un hecho, tanto desde el Gobierno como desde las bancas de la oposición que se involucraron para conseguir los votos reconocieron que sabían desde hace varios días que algunos senadores que estaban en el lote de “dudosos” se pronunciarían a favor.

El Senado argentino aprobó la ley por 39 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes.

“De un voto sabíamos hace tres semanas, de otro hace dos. Pero no había que exponer a esas senadoras, los celestes estaban jugando muy fuerte”, explicó en la madrugada el mismo asesor sobre casos que querían evitar presiones y escraches de ambos bandos.

Fuentes de la Casa Rosada coincidieron. “Nosotros no las teníamos en duda. Pero no se podía sobreactuar”, dijo a La Nación una de las fuentes.

Alberto Fernández mantuvo el martes un perfil extra bajo durante toda la jornada, que continuó durante la madrugada del miércoles. Suspendió la actividad que tenía en agenda y monitoreó desde Olivos, primero el inicio de la campaña de vacunación y, luego, la votación en el Congreso. Hubo senadores que deslizaron que el Presidente levantó el teléfono para intentar convencer a algunos indecisos, aunque sus asesores lo niegan. Con el salteño José Leavy, que hace dos años votó en contra como diputado y ahora invirtió su voto, se reunió en la Casa Rosada.

La presencia física de un bloque de funcionarios en el Senado fue el factor final, aunque hubo gestiones que se realizaron durante varios días para inclinar la balanza a favor del aborto. El golpe de gracia fue cuando se anunció públicamente que el Gobierno vetará parcialmente la ley para modificar el artículo que fija que a partir de la semana 15 de gestación, el aborto continuará siendo un delito salvo en los casos en que el embarazo fuera producto de una violación o si estuviera “en peligro la vida o la salud integral” de la mujer.

El Poder Ejecutivo se comprometió a eliminar la palabra “integral” cuando promulgue la ley en el Boletín Oficial y de esa manera se habría asegurado los votos de dos senadores que no estaban convencidos de la redacción del proyecto: Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Un alto funcionario aseguró a La Nación que el cambio no lo decidió el Gobierno el martes sobre la marcha. “Ya lo teníamos visto desde antes”, aseguró.

Un tándem que se consolidó inesperadamente en los últimos días fue el de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia argentina, Vilma Ibarra, con la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Kirchner. “Ellas no se conocían de antes y terminaron hablando treinta veces por día”, exageró alguien que fue testigo de las gestiones. La vicepresidenta no se involucró de forma personal, pero impulsó a alguien que habla por ella.

Para ir por los votos que faltaban, Fernández Sagasti trabajó en contacto permanente con senadores verdes del oficialismo y la oposición (llegaron a tener un grupo de WhatsApp y reuniones vía Zoom).

“Hubo una decisión política de Alberto de avanzar a pesar de que muchos le decían que no era el momento. Que el Presidente cumpla su palabra fortalece la democracia”, dijo un ministro de primera línea a La Nación, con la ley sancionada.

Algunos colaboradores de la Casa Rosada reconocieron que hubo referentes del propio campamento oficialista que habían desaconsejado avanzar con la iniciativa en esta instancia de la pandemia o le plantearon serias dudas sobre el éxito del proyecto. La transversalidad que caracterizó a los verdes también se vio entre los celestes. El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, trabajó cerca de Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). En el cierre del debate en el Senado, Mayans embistió duramente contra Gobierno. Habló de “degradación del Estado”.