CRISIS
El régimen acusó al jefe de gabinete del líder opositor de “terrorismo”.
El régimen de Nicolás Maduro se ganó ayer jueves otra ola de condenas de la comunidad internacional, al arrestar al jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaidó. Se trata de Roberto Marrero, un abogado de 44 años acusado de ser parte de una “célula terrorista”. Según el régimen, planeaba realizar ataques selectivos para crear “caos”.
En un mensaje transmitido por el canal estatal de televisión, el ministro del Interior, Néstor Reverol, acusó a Marrero de ser “responsable directo de la organización de estos grupos criminales” y dijo que “se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extrajeras” en el allanamiento realizado en la madrugada del jueves en su domicilio.
Con al arresto del colaborador de Guaidó, el régimen de Maduro aprovechó para ventilar su versión de que es víctima de una conspiración internacional. Según el ministro Reverol, los servicios de inteligencia “han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos y para ello habría contratado a mercenarios colombianos y centroamericanos”.
El objetivo de esa “célula terrorista” sería, según Reverol, atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo y “hacer actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana”.
Fuera de la versión oficial del régimen, las otras voces que se alzaron ayer fueron para condenar el arresto de Marrero y demandar su liberación.
Guaidó aseguró que no se dejará amedrentar por el arresto de su colaborador, que juzgó como una muestra de debilidad de Maduro al no poder detenerlo a él. “Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se llevan a los más cercanos. Acá seguiremos, pase lo que pase seguimos adelante”, dijo Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países.
Guaidó consideró que el arresto de Marrero fue un “secuestro” que busca intimidar y generar la “percepción” de que pueden detenerlo a él y otros dirigentes. “Que van a ir por mí. Como decimos en La Guaira (de donde es oriundo): ¡Dale, que la ruta está marcada! ¿Cuál es el mensaje? ¿Amedrentarnos? ¡Dale!”, desafió en rueda de prensa.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo que su país no tolerará el “encarcelamiento o intimidación” a Guaidó o sus colaboradores, mientras Elliott Abrams, representante de la Casa Blanca para la crisis venezolana, expresó que “el gobierno (de Venezuela) va a aprender que esos acontecimientos tienen resultados inmediatos y duros”.
Abrams mencionó a la jueza Carol Padilla, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y los oficiales del SEBIN (el servicio de inteligencia) Dani Contreras y Ángel Flores como los responsables de la detención de Marrero.
La ONU, en tanto, expresó “preocupación” y pidió a todos los actores “disminuir las tensiones". Mientras, la Unión Europea (UE) exigió la liberación de Marrero “de forma inmediata e incondicional”, al igual que el Grupo de Lima (13 países latinoamericanos y Canadá), que fustigó al “régimen ilegítimo y dictatorial” de Maduro.
La UE consideró además que estos sucesos “socavan los esfuerzos” de un grupo de países europeos y latinoamericanos que busca una solución pacífica a la crisis.
Estados Unidos lidera el grupo de naciones que reconocen a Guaidó como mandatario encargado después de que éste se autoproclamara presidente interino el 23 de enero, basado en la decisión del Congreso que declaró a Maduro usurpador por haber sido reelegido de manera fraudulenta.
Además de arrestar a Marrero, el servicio de inteligencia allanó el domicilio del diputado opositor Sergio Vergara, en el mismo completo de vivienda.
Vergara contó que los agentes lo pusieron boca abajo y le pidieron la ubicación de Marrero. Un chofer del legislador también fue arrestado.
En enero, el régimen de Maduro difundió un video de un supuesto encuentro secreto entre el poderoso dirigente oficialista Diosdado Cabello, Guaidó y Marrero. Tras negar inicialmente que se hubiera producido dicha reunión, Guaidó le restó importancia.
El arresto de Marrero ocurre un día después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciara "detenciones arbitrarias" de opositores en Venezuela.
Delegados de Bachelet culminarán hoy viernes una visita para evaluar la situación de derechos humanos y el impacto de la peor crisis socioeconómica del país petrolero en su historia moderna. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unos 866 presos políticos.
La detención agita aún más la turbulenta crisis, que avanza hacia un nuevo pico con la advertencia de Guaidó de que pronto irá con sus partidarios hasta el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para posesionarse en su cargo.
Para ello organiza una movilización nacional y emprendió una gira por varios estados de Venezuela. En su ofensiva no descarta pedirle al Legislativo que autorice una intervención militar extranjera, una opción que el presidente Donald Trump ha manejado.
La lista “lista negra” de la OEA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua en su “lista negra”, que ya integraban Cuba y Venezuela, debido a la instalación “de facto” de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de opositores y la clausura de medios de comunicación. Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que esta vez se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la “atención especial” del organismo, con sede en Washington. Nicaragua figuró por última vez en la “lista negra” en el informe relativo al año 1993, después de haber sido incluido en ese listado cada año desde 1982. Respecto a Venezuela, presente en la lista de cada año desde 2005, la CIDH asegura que se han “agravado” las condiciones “estructurales” que afectan los derechos de los venezolanos y han derivado en “una grave crisis política, social, y económica, al punto de que en la actualidad existe una ausencia del Estado de Derecho”. Sobre Cuba, en el listado cada año desde 1984, la CIDH advierte de “restricciones arbitrarias” al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como de “violaciones” al debido proceso.