EFE, AFP
La Corte Suprema de Venezuela revisará las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores tras un acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición, anunciaron el jueves las partes.

La medida permitirá a opositores como la dirigente María Corina Machado, que ganó la primaria opositora para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, recurrir la inhabilitación impuesta en su contra por 15 años. El gobierno y la oposición acordaron “un procedimiento” a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, para que los inhabilitados soliciten la revisión de la medida que les impide ejercer cargos públicos.

Los inhabilitados deberán introducir un “recurso contencioso administrativo” y una solicitud de “amparo cautelar” durante los próximos 15 días, contados de forma continúa desde el 1 de diciembre.

La Corte, en tanto, deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda en un plazo no establecido, pero “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.

El anuncio llegó en las últimas horas del plazo que Estados Unidos había otorgado al gobierno venezolano para que definiera un mecanismo que ayudara a levantar las inhabilitaciones contra opositores.

“No he visto ningún progreso todavía, pero quedan ocho horas en el día, así que veremos qué han decidido hacer los venezolanos”, afirmó más temprano el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, durante una rueda de prensa.

Estados Unidos había advertido que de no cumplirse con esta exigencia podría reimponer las sanciones económicas que flexibilizó a cambio de los acuerdos que el gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaron en octubre pasado para condiciones electorales en las presidenciales de 2024.

Las partes acordaron en un documento suscrito celebrar las presidenciales en el segundo semestre del próximo año con observación internacional, pero tanto la oposición como Estados Unidos habían adelantado que estaba sobre la mesa encontrar un mecanismo para retirar las inhabilitaciones.

Hasta el miércoles, el propio jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, había asomado que podría producirse “un mecanismo” para lograr habilitaciones políticas, pero horas después un poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, lo descartó. Blyde explicó que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de María Corina Machado.

Este mecanismo es, según Blyde, fruto del acuerdo suscrito, en octubre pasado, entre la oposición y el Gobierno en Barbados, que “determinó que debía establecerse una vía que, con celeridad, permita habilitar candidatos presidenciales”.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo gobernante para sacar a sus rivales del camino. Los altos voceros del oficialismo, de hecho, han insistido en que no permitirán la candidatura de Machado, a quien acusa de alentar sanciones y una invasión extranjera. En este último acuerdo alcanzado se pide a los inhabilitados que recurran la medida “respetar la Constitución”, “honrar y defender la patria”, “acatar el marco constitucional” del TSJ y “rechazar cualquier forma de violencia” y acciones que atenten contra la soberanía.

El jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, Jorge Rodríguez, celebró el nuevo acuerdo alcanzado, pese a que en el pasado ha dejado claro que opositores que hayan cometido “un crimen” no pueden ser candidatos.

“Hoy hemos dado un paso más en la dirección correcta, ratificando lo acordado en Barbados, para hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”, dijo Rodríguez en X.

Machado, que sostiene que no reconoce la inhabilitación en su contra, no se ha pronunciado sobre la revisión de las inhabilitaciones.