Tras las pistas de los espías en el caso del homicidio a Alberto Nisman

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Pancartas por el fiscal Alberto Nisman. Foto: GDA/ La Nación.
AFP

ARGENTINA

Se cumplen siete años de la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA en Buenos Aires.

A siete años de la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, la justicia federal argentina sigue enfocada en el entrecruzamiento telefónico de las comunicaciones ocurridas durante el fin de semana en el que ocurrieron los hechos y la ubicación de esos contactos, y en las declaraciones testimoniales de decenas de espías y ex espías que se comunicaron durante el fin de semana del 18 de enero de 2015. Igual que en los últimos años, y pese a haber dado por probado que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio cuyo autor material no se dilucidó, las medidas en curso no tienen que ver con lo que ocurrió puertas adentro del departamento del fiscal, sino con el contexto de su muerte.

No hay nuevos imputados en la causa ni una línea de investigación novedosa, y el único procesado como partícipe necesario por el presunto homicidio del fiscal es quien fuera su técnico informático, Diego Lagomarsino. Los cuatro custodios del fiscal fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos por el delito de encubrimiento.

El primer entrecruzamiento se elaboró sobre las comunicaciones entre 450 aparatos y se terminó a fines de 2018. En función de esa información se empezó a trabajar sobre las ubicaciones de las flotas de teléfonos y las circunstancias de los contactos entre los espías. Gran parte de las comunicaciones fue vía Nextel, en la modalidad “walkie talkie”, y eso explica, en cierta medida, la cantidad de intercambios entre determinados agentes, dijo a La Nación una fuente de la investigación.

A partir del análisis de los comportamientos comunicacionales del fin de semana de la muerte de Nisman, la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano se enfoca en los movimientos de una de las bandas enfrentadas en ese momento: la de Fernando Pocino y agentes de la ex-SIDE que reportaban a su dirección.

Ese análisis dio lugar, según fuentes de la investigación, a las decenas de declaraciones testimoniales a ex agentes y personal jerárquico de inteligencia que se tomaron en los últimos meses. Fueron más de 30 testimoniales que se llevaron adelante fuera de la fiscalía para proteger la identidad de los agentes y exagentes.

Una de esas declaraciones se le tomó un exagente que el domingo 18 de enero por la mañana se comunicó, cerca de la casa de Lagomarsino, con integrantes de un grupo de espías bajo la lupa de la Justicia, pero el interés que esa pista había despertado en los investigadores hace dos años se apagó, admitió una fuente de la causa a La Nación.

Restan, al menos, 10 declaraciones de ex miembros jerárquicos de la central de inteligencia que se concretarán cuando sea reanudada la actividad judicial.

Otra de las medidas en curso tiene que ver con el peritaje de los aparatos secuestrados en 2017 a los imputados, entre quienes se encuentran los custodios de Nisman y Lagomarsino, procesado como único partícipe necesario del crimen.

El peritaje se elaboró antes de que rigieran las medidas de aislamiento que interrumpieron la actividad judicial, pero Lagomarsino impugnó la apertura y análisis del material de sus dispositivos. Ese planteo estuvo durante al menos un año en la Corte Suprema, que finalmente, en junio del año pasado, habilitó al fiscal Taiano para llevar adelante la compulsa del material, que según aseguran en la fiscalía, es muy compleja.

“Se procedió a la compulsa de todos esos elementos que a modo de información son 10 o 15 elementos de almacenamiento de información: hay teléfonos, pendrives, discos rígidos y discos de computadora de los imputados”. “Encontramos que por lo menos cada elemento probatorio tiene entre 10.000 y 15.000 archivos para compulsar”.

Un hecho relevante que se produjo el año pasado fue el cierre de la causa que investigaba la denuncia de Nisman, conocida como Memorándum con Irán. Ese caso fue cerrado por la Cámara de Casación Penal al considerar que no existió un delito en la política denunciada por el fallecido fiscal. Los funcionarios judiciales que investigan la muerte de Nisman aclararon que ese fallo “no modifica ni altera la hipótesis del homicidio”.

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