EFE, AFP
El expresidente de Bolivia Evo Morales presentó ayer jueves, a través de su abogado, una excusa legal para no asistir a la citación de la Fiscalía por el caso en el que es investigado por trata de personas y estupro.
La denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana señala que Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el político durante su Presidencia, llamado “Generación Evo”.
Según la investigación, esos hechos ocurrieron en la región sureña de Tarija, sin embargo, el abogado Pérez manifestó que el caso se debe indagar donde sea “habida” la persona acusada, es decir, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, donde vive. Para la defensa del expresidente, la sentencia constitucional es un “impedimento legal” para que Morales se presente a declarar.
Jorge Pérez, abogado de Morales, líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), criticó el movimiento de más de 600 policías en Tarija que el Gobierno de Luis Arce instruyó para la posible declaración de Morales.
“Definitivamente hay un escenario de amedrentamiento”, opinó el abogado, que fue ministro de Gobierno (Interior) durante la gestión de Morales.
Las organizaciones sociales que siguen a Morales advirtieron que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.
El exmandatario boliviano manifestó que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él no es más que una “persecución política” y anunció que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.
La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno de Arce, con quien mantiene una pelea por el control del MAS.
Otro de los abogados de Morales, Nelson Cox, dijo que su defendido no se presenta a declarar porque considera que la investigación es “ilegal”.
Morales, de 64 años, “no se va a presentar entre tanto no se regularice” el proceso, señaló Cox, tras remarcar que la justicia ya investigó y archivó la misma denuncia en 2020.
La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del exjefe de Estado.
Gutiérrez, quien fue removida y restituida en su cargo, reabrió la causa contra Morales no solo por “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, sino que añadió al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Según el escrito que sustentó la orden de aprehensión anulada por la justicia, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.