Tensión política en Brasil

Tribunal Superior Electoral decide por mayoría que no puede postularse al estar condenado.

La mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE) resolvió por mayoría que Luiz Inácio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien se encuentra en la cárcel, no podrá ser candidato en las elecciones presidenciales convocadas para el 7 de octubre en Brasil.

Los jueces del TSE adoptaron luego de más de ocho horas de debate esa decisión por seis votos a uno, poco antes del inicio de la campaña por televisión, que puede ser determinante para aclarar el panorama de la elección más incierta de las últimas décadas en la mayor economía latinoamericana.

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El TSE prohibió realizar actos de campaña por Lula, ordenó retirar su nombre de las urnas electrónicas y dio plazo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante.

La primera reacción del PT fue de desafío.

"Ante la violencia cometida hoy (31) por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente", el PT "seguirá luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre", indicó la fuerza política en un comunicado.

"Vamos a presentar todos los recursos en los tribunales"; "vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza", agregó.

Dentro del PT, las voces preocupadas por el varapalo que pueden sufrir en las elecciones, que son también de legisladores y de gobernadores, podrían finalmente hacerse oír.

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Haddad dijo que el lunes por la mañana visitará a Lula en la cárcel de Curitiba donde purga una pena de doce años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y que por la tarde participará en mítines en Porto Alegre.

Lula, de 72 años, fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.

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El magistrado relator del caso, Luis Alberto Barroso, instó a impugnar la candidatura del exmandatario (2003-2010) en aplicación de la ley de "Ficha Limpia", que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales. "La ley de Ficha Limpia prevé claramente que los condenados por un tribunal colegiado son inelegibles", afirmó.

Lula fue condenado en aplicación de la ley de "Ficha Limpia", promulgada bajo su presidencia. 

Sus defensores, y el juez que votó a su favor, afirmaban que un reciente pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que el líder de la izquierda pueda hacer campaña, incluso desde la cárcel, tiene carácter vinculante.

Lula, que al abandonar el poder tenía una popularidad de más del 80%, es identificado por millones de brasileños con años de crecimiento económico y de progreso social.

Una encuesta de Datafolha le atribuyó la semana pasada 39% de intenciones de voto, 20 puntos más que el ultraderechista Jair Bolsonaro, su más inmediato seguidor. El sondeo indica además que derrotaría a cualquier adversario en una segunda vuelta.

En su ausencia, Bolsonaro iría a una segunda vuelta con la ecologista Marina Silva, una exministra de Lula, aunque su fortaleza actual podría debilitarse por el escaso espacio que tendrán en la propaganda gratuita por televisión, que se atribuyen en función del tamaño de las bancadas de los candidatos en la Cámara de Diputados.

Silva, de 60 años, afirmó en un comunicado que "a partir de la decisión del TSE, el proceso electoral podrá seguir por sus cauces legales". "Sin embargo, la justicia tiene que alcanzar aún a todos los que cometieron crímenes y que están protegidos por el manto de impunidad de los fueros especiales" de que gozan ministros y legisladores, agregó.