ENDURECE POLÍTICA MIGRATORIA

El gobierno de Donald Trump aseguró ayer miércoles que está considerando “seriamente” acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional.

“Estamos pensando en (acabar con la) ciudadanía por nacimiento muy en serio”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas antes de emprender un viaje hacia el estado de Kentucky.

“Francamente, es ridículo (...) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y «felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense»”, añadió.

Trump ya prometió acabar con ese derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016, y el pasado octubre, durante la campaña para las legislativas.

La oposición demócrata le recordó entonces que sería necesaria una reforma constitucional para lograr ese objetivo, dado que ese derecho está amparado por la decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 para conceder el estatus de ciudadano a los esclavos afroamericanos liberados.

Esa enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.

La Casa Blanca también anunció ayer miércoles que quiere ampliar de manera indefinida el límite legal de 20 días que un niño migrante puede estar detenido en Estados Unidos.

La nueva política -que se implementaría en 60 días si no es objetada judicialmente- ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias como lo hace el Acuerdo de Flores, que data de 1997.

“El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia EE.UU. de familias y menores de América Central”, comunicó la Casa Blanca.

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular un eje de su gobierno y un mensaje central de su campaña, lanzó en 2018 una política de “tolerancia cero” que propició que más de 2.300 niños fueran separados de sus padres migrantes y que tuvo que suspender ante una ola de indignación.