Declaró el “fin de la guerra contra el carbón” y más empleos para mineros.

No pudo con el Obamacare. Así que ahora va por las medidas contra el cambio climático de su predecesor demócrata Barack Obama. Ayer martes el presidente Donald Trump ordenó una revisión del Plan Energía Limpia, que impone a las centrales eléctricas una drástica reducción de sus emisiones de dióxido de carbono.

Trump firmó el decreto durante una corta ceremonia en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde pronunció un discurso en el que en ningún momento mencionó el cambio climático ni los compromisos asumidos por Washington en este sentido.

"Estamos eliminando la intrusión del gobierno y una regulación que acaba con empleos", dijo el presidente, que insistió en su determinación de acabar con regulaciones que atenten contra los puestos de trabajo en los sectores del petróleo, del gas natural y del carbón. "Estamos poniendo fin al robo de la prosperidad estadounidense y reconstruyendo nuestro amado país".

En relación al Plan de Energía Limpia (CPP, en inglés) Trump dijo que "posiblemente no hay ninguna otra reglamentación que amenace más nuestra industria que este demoledor ataque a la industria estadounidense".

El CPP, que había sido elaborado y propuesto por la propia EPA en 2014, establece una fuerte reducción de las emisiones del CO2 que resultan de la generación de energía eléctrica, y por ello afectó directamente a la minería de carbón. La legislación exigía a las centrales térmicas reducir sus emisiones de CO2 en un 32% respecto a 2005 de aquí a 2030.

Trump sostuvo que la modificación de la normativa espera "acabar con la guerra contra el carbón". "Vamos a tener carbón limpio, realmente limpio", dijo.

El decreto firmado por Trump levanta la prohibición de que agencias federales apoyen la producción de carbón.

En la audiencia, Trump saludó la presencia de un numeroso grupo de mineros de carbón. "Les prometí que vamos a poner a nuestros mineros de vuelta a trabajar", sostuvo.

En la sede de la EPA cuando Trump firmó el decreto, también estaban el jefe de esa agencia y escéptico del cambio climático, Scott Pruitt, los secretarios de Energía, Rick Perry, e Interior, Ryan Zinke, y el vicepresidente, Mike Pence.

Después de la firma del decreto, Bradley Campbell, líder del grupo Fundación para Leyes de Conservación, lamentó que "lobbistas de la industria de combustibles fósiles doblegaron a la agencia (la EPA) que una vez fue referencia".

Por su parte, Rush Holt, director ejecutivo de la Asociación para el Progreso de la Ciencia, lamentó que la actual administración se resista a aceptar la evidencia científica sobre el cambio climático.

El líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, comentó que el discurso de Trump y el decreto firmado parecen textos "escritos por Exxon, sin el menor respeto por la salud de los estadounidenses y por el planeta".

En la visión de Bob Ward, experto del instituto de investigaciones Grantham de la London School of Economics, el desmantelamiento del CPP torna "prácticamente imposible" que Estados Unidos alcance los objetivos a que se comprometió en la cumbre sobre clima de París. El Acuerdo de París tiene el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales.

Durante la campaña electoral, Trump prometió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y llegó a decir que la amenaza del cambio climático era un "invento" de China.

Pero el gobierno de Trump todavía no ha decidido si cumplirá los compromisos del Acuerdo de París y varios miembros de su gabinete, entre ellos los secretarios de Defensa, James Mattis, y Estado, Rex Tillerson, han dado indicios de que están a favor de que Estados Unidos continúe siendo parte del pacto climático.

El nuevo director de la EPA, Scott Pruitt, comentó recientemente que el acuerdo del clima de París, suscrito en diciembre de 2015 por 195 países, "fue simplemente un mal acuerdo".

Organizaciones ecologistas prometieron que impugnarán las órdenes. "Estas acciones son un asalto a los valores estadounidenses y ponen en peligro la salud, la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses", dijo el multimillonario y activista Tom Steyer, que encabeza el grupo NextGen Climate. El grupo ecologista Earthjustice dijo que luchará contra el decreto tanto dentro como fuera de los tribunales. "Esta orden hace caso omiso de la ley y la realidad científica", dijo el presidente del grupo, Trip Van Noppen.

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, se ha puesto a la cabeza de una coalición de varios estados que se oponen a la orden firmada ayer por el presidente Donald Trump, que pretende desmantelar el Plan de Energía Limpia de Barack Obama.

Esta alianza formada por 23 estados, ciudades y condados del país, se ha creado para proteger a los ciudadanos de aquellas acciones del presidente "que ignoran tanto la ley como la importancia crítica de enfrentar la verdadera amenaza del cambio climático", según informó en un comunicado la oficina del fiscal.

Forman parte de esta coalición los fiscales generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Iowa, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, estado de Washington y el Distrito de Columbia. EFE

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