AFP, EFE
Más de 300 migrantes de Venezuela varados en México regresaron ayer jueves a su país en medio de una nueva crisis con Estados Unidos, que exigió al régimen de Nicolás Maduro retomar las deportaciones poco después de enviar a venezolanos a una cárcel salvadoreña. Un avión de la sancionada aerolínea estatal Conviasa llegó al aeropuerto de Maiquetía con 311 pasajeros a bordo, incluidos 21 menores de edad que viajaban solos.
En principio no son deportados de Estados Unidos, sino venezolanos que no pudieron llegar a ese país.
La migración es el tema bandera del nuevo gobierno de Donald Trump y en consecuencia de los incipientes contactos con el régimen de Maduro, con quien acordó la deportación de venezolanos en Estados Unidos.
La diáspora venezolana expresó un apoyo a Trump, quien por su parte denunció una “invasión” de “criminales” de ese país e invocó una ley de 1798 para deportarlos hasta El Salvador el domingo.
“Han sido secuestrados por el gobierno de El Salvador”, protestó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, al recibir el grupo de 311 migrantes, que ondeaban banderas venezolanas y cantaron el himno nacional.
Casi 8 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2014, según Naciones Unidas. Salieron en busca de mejores condiciones de vida en medio de una crisis profunda que redujo la economía en 80%. Maduro desestimó por años el tamaño de la diáspora venezolana.
Deportados
El primer grupo de deportados por Estados Unidos llegó a Caracas el 10 de febrero desde El Paso, Texas, tras un acuerdo alcanzado entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Trump. Un segundo llegó 10 días después procedente de Honduras. Eran 177 migrantes que primero estuvieron detenidos en la base militar de Guantánamo en Cuba. Otro avión con 242 personas llegó el 24 de febrero, aunque eran como el de ayer, migrantes varados en México.
Trump, a fin de presionar a Maduro para que acelere el recibimiento de deportados, suspendió una licencia para que la petrolera Chevron operara en Venezuela, aunque la semana pasada se acordó la reanudación de los vuelos.
Venezuela anunció un avión para el sábado, pero fue pospuesto para el domingo por mal tiempo y tampoco llegó.
Entonces corrió la noticia de El Salvador: 238 venezolanos supuestamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua terminaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que el presidente Nayib Bukele habilitó para pandilleros en El Salvador.
Estos deportados estaban con las cabezas rapadas, encadenados y vigilados por agentes enmascarados.
Venezuela contrató un bufete de abogados en San Salvador para presionar su liberación.
“No hay garantías” de libertad, dijo Cabello -considerado el número dos del régimen de Maduro-, “los secuestradores son los secuestradores”.
Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando se rompieron en el primer gobierno Trump. El mandatario estadounidense no reconoce la cuestionada reelección de Maduro para un tercer periodo que inició en enero.
Estados Unidos reaccionó al vuelo de ayer jueves desestimando que se trate de una operación de deportación. “Maduro y sus cómplices continúan mintiendo”, escribió en X la oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado.
“Maduro debe dejar de engañar y (en cambio debe) programar vuelos de repatriación consistentes y semanales”, exigió Washington, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazara con nuevas sanciones.
Venezuela no dijo que se trataba de deportaciones de Estados Unidos, sino de una repatriación dentro del plan “Vuelta a la patria” lanzado en 2018 por Maduro.
“Venezuela está lista para reanudar los vuelos”, dijo Jorge Rodríguez, jefe de las negociaciones con Estados Unidos, “a la espera de que se den las coordinaciones necesarias”.
“Quien está bloqueando, quien está impidiendo que esos vuelos se den es el Departamento de Estado”, denunció acompañado de familiares de detenidos en El Salvador después de una reunión con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.
Rodríguez anunció que Venezula está contactando a “los mejores bufetes en materia de migración” en EE.UU. para que representen a “todos y cada uno de los migrantes venezolanos”. Asimismo, aseguró que ya han “contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan” y “logren la libertad” de las más de 200 personas deportadas el pasado fin de semana a ese país. “¿Cómo es posible que Bukele acepte y permita y, además, cobre dinero por llevar secuestrados a unos muchachos que no han cometido absolutamente ningún delito ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos de América ni en la República Bolivariana de Venezuela?”, expresó Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el régimen.
Trump analiza ampliar licencia a Chevron
El Gobierno de Estados Unidos está sopesando ampliar la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela, unas semanas después de comunicar a la petrolera que tenía hasta el 3 de abril para poner fin a sus actividades en el país, según The Wall Street Journal. La Administración de Donald Trump también se está planteando aplicar aranceles u otro tipo de sanciones financieras a países que compran petróleo venezolano, afirma el rotativo. El WSJ indica que el mandatario se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, a quien aseguró estar abierto a dar marcha atrás en la revocación de la licencia. EFE
Cabello al frente de la represión
La Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela denunció en el Consejo de Derechos Humanos que Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Nicolás Maduro, también dirige “el centro del aparato represor del Estado” desde su nombramiento en agosto pasado como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. “Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal”, declaró la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.
Cabello fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2018-2020) y actualmente es vicepresidente del partido en el poder y fue nombrado ministro del Poder Popular en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, un movimiento que se interpretó como un intento de reforzar el control interno.
En una actualización del último informe al Consejo de Derechos Humanos, Valiñas destacó que la Justicia venezolana desestimó las impugnaciones contra los resultados electorales “sin revisar el fondo de las denuncias”.
“Además, el Consejo Nacional Electoral nunca publicó el acta de totalización de votos ni los escrutinios por mesa, y existen pruebas de que sus miembros recibieron instrucciones políticas para manipular los resultados”, denunció.
La Misión sostuvo que la represión contra la oposición se intensificó antes y después de la investidura de Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero. EFE
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