Con información de AFP
El gobierno italiano de Giorgia Meloni restringió este viernes las condiciones de naturalización por derecho de sangre, limitando ahora esta posibilidad a dos generaciones, una medida que afecta a los descendientes de emigrantes en países de América Latina.
Se requiere a partir de ahora tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la ciudadanía, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la "Ius sanguinis" adoptada en el consejo de ministros.
Las condiciones deberán ser aun más duras, pues después "se impondrá a los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero" y naturalizados italianos "mantener lazos reales con nuestro país, ejerciendo los derechos y los deberes de los ciudadanos al menos una vez cada 25 años".
Esos derechos y deberes no fueron precisados.
"El principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana", aseguró el jefe de la diplomacia italiana Antonio Tajani, luego del consejo de ministros.
"Pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar los abusos o la comercialización de los pasaportes italianos. La nacionalidad debe ser una cosa seria", agregó.
Según un cálculo del ministerio italiano de Relaciones exteriores, con la ley que estaba en vigor hasta ahora, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.
El ministerio italiano cita como ejemplo Argentina, que tiene una de las comunidades de inmigrantes italianos más importante fuera de Italia, donde 20.000 descendientes obtuvieron la nacionalidad en 2023 en virtud del derecho de sangre, y 30.000 en 2024.
En Brasil, 14.000 personas obtuvieron la nacionalidad en 2022 y 20.000 en 2024, según la misma fuente.
Alessandra Crugnola, jefa de la cancillería consular italiana en Uruguay, había explicado a El País en un informe anterior que se calcula que el "40% de la población uruguaya" tiene "algún tipo de ascendencia italiana". "Con una población de 3,5 millones, eso equivale más o menos a 1,5 millones. Dentro de esos, no todos están interesados en hacer el trámite, pero por lo menos hay 500.000 que están activamente intentándolo", había planteado.
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