En marzo de 2022 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas encomendó a un grupo de expertos analizar en profundidad las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018. Fue este grupo, conformado por Jan-Michael Simon, de Alemania, Ariela Peralta Distéfano, de Uruguay, y Reed Brody, de Hungría, que este jueves sacó a la luz los nombres de 54 funcionarios responsables de la represión sistemática cometida por el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo

La publicación de este informe ya tuvo sus primeros efectos. Por un lado, Nicaragua anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos y de todos sus mecanismos subsidiarios, mientras que la ONU, por su parte, prorrogó el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por dos años más, informó Peralta Distéfano, en diálogo con El País.

"Pero además algo que es importante es que pasó a la agenda de ítems 4 del Consejo, lo que quiere decir que sube el umbral de escrutinio sobre Nicaragua. Si bien no cambia el mandato, ahora el grupo no solo reportará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra sino también ante la Asamblea General en Nueva York y eso sube un grado el nivel de escrutinio", explicó.

Foto: Francisco Flores/Archivo El Pais

La experta uruguaya, que fue convocada para integrar el grupo en junio de 2023, destacó varios puntos revelados por el informe que presentaron este 3 de abril.

Una de las revelaciones tiene que ver con la represión policial a las movilizaciones en Nicaragua en 2018, cuando jubilados y posteriormente otros grupos sociales, salieron a las calles a manifestarse en contra de una reforma de la seguridad social propuesta por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo -matrimonio que hoy comparte el rol de "copresidentes", tras una reforma constitucional-. Estas manifestaciones pacíficas se tornaron en contra del régimen y fueron reprimidas por la Policía Nacional, el Ejército y grupos armados pro-gubernamentales.

"El Ejército siempre negó su participación en las represiones, decían que ellos no estaban involucrados en esta primera fase", dijo la letrada uruguaya y describió cómo ellos corroboraron que estos sí participaron. Esto se confirmó por el tipo de armas que utilizaron, las tácticas de represión y el tipo de disparos. Poco después se supo que el Ejército había mantenido una reunión privada en la que se discutieron las tácticas represivas y la participación de personal militar encubierto en las movilizaciones.

El Grupo también corroboró la existencia de una "sofisticada" central de información compartida entre el Ejército y la Policía que "se ramifica por todas las comunidades y alcaldías" como "una red de vigilancia de acumulación de información, donde hacen un perfilamiento de las personas a perseguir".

La experta también destacó que con esta investigación concluyeron que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (partido oficialista) también constituye "un rol muy importante del aparato represivo". En resumen, que "el partido y el gobierno son la misma cosa".

Por sobre todo esto, los investigadores identificaron a 54 represores sin pisar el territorio nicaragüense, ya que el régimen nunca se los permitió.

"Nosotros nos basamos en documentos y fuentes abiertas, pero nuestra mayor base de información son las víctimas y lo que nosotros llamamos 'insiders', personas que fueron parte del aparato del gobierno y que salieron y que te cuentan anonimamente o que te mandan la información, gente que tiene información privilegiada", contó Peralta Distéfano. Desde que se conformó el grupo, el régimen les impidió el ingreso al territorio por lo que todas las entrevistas (1631 en total) se hicieron fuera de Nicaragua. Según su registro, las víctimas residen particularmente en Estados Unidos, Guatemala, España y Costa Rica, entre otros. Además de las entrevistas, para el informe final se recopilaron 8483 documentos, entre los que hay oficiales y confidenciales.

Ya que el grupo se rige por el principio de inocencia, hicieron llegar al gobierno de Nicaragua cada informe previo a su publicación, pero el régimen no respondió a ninguno de estos, ni siquiera para contradecirlo.

"Esta situación no puede ir a la Corte Penal Internacional porque Nicaragua no es Estado parte de la Corte", aclaró Peralta Distéfano y señaló que por eso exhortan a la comunidad internacional a considerar las posibilidades que quedan para ayudar a las víctimas.

En este sentido, tienen más posibilidades quienes cuentan con otra nacionalidad además de la nicaragüense. Por ejemplo, una persona nicaragüense y francesa puede llevar su caso para que sea investigado por un tribunal francés.

Pero también existe la Corte Internacional de Justicia, que si bien tiene solo competencia en conflictos entre Estado y no en casos individuales, el gobierno de Nicaragua ha acudido a esta varias veces ante conflictos con Costa Rica o Estados Unidos, por lo que tiene "su respeto". Ante esta Corte, según Peralta Distéfano, "un Estado o un grupo de Estados podría demandar a Nicaragua por la violación y la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles humanas y degradantes y por la convención para la reducción de la apatridia (la situación de una persona que no es reconocida como ciudadana de ningún país)".

El grupo documentó 452 casos de personas a las que el Estado de Nicaragua los despojó de su nacionalidad, hecho que denuncian como parte de un "patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

"Aspiramos a que este trabajo sirva para que en el futuro, ya se en el corto o el largo plazo, pueda haber Justicia para las víctimas, reparación para las víctimas", manifestó la experta. Desde su punto de vista como abogada, entiende que lo mejor para estas siempre es que sus casos sean investigados en jurisdicción nacional, pero que si esto no es posible, se les deben dar las posibilidades de acudir a mecanismos de jurisdicción internacional.

"A todas estas personas desnacionalizadas les confiscaron sus bienes, propiedades, cuentas, bancarias, créditos, jubilaciones, bienes, muebles, inmuebles y acciones y los estudiantes no tienen registros universitarios", enumeró Peralta Distéfano. Por esto, el grupo solicita a la comunidad internacional a buscar "las fórmulas" para ayudarlos a que estos obtengan sus debidos documentos de identidad, consigan ingresar a universidades y continuar sus estudios y que "se les facilite la realización de su vida, sobre todo porque tienen una muerte civil, al ser apátridas, y porque tienen una muerte económica".  

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es reducido, tiene "recursos limitados" y sus tres expertos internacionales trabajan en forma honoraria. No obstante, ya tienen previsto cumplir con las investigaciones que les quedaron pendientes, como las que tienen que ver con pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, las violaciones de derechos humanos con una perspectiva de género, y el vínculo con cuestiones de derechos económicos y sociales. "Eso está en nuestro debe", dijo la experta.

"Seguiremos. Ojalá que la situación se revierta y el Estado de Derecho vuelva a existir en Nicaragua y que el mandato se termine, pero desafortunadamente en el corto plazo no parece ser así", lamentó la letrada.