Venezuela está complicada ante unas elecciones presidenciales anunciadas para 2024, pero ensombrecida por la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata más votada de la oposición.

La fuerza opositora y sus socios del exterior tienen menos de un año para que las inhabilitaciones políticas sean levantadas por el gobierno de Maduro -lo que parece muy difícil que ocurra-, o definir otra estrategia para llegar a unas “elecciones limpias y transparentes”, como aspiran.

Detractores del oficialismo esperaban que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones al régimen venezolano, o retirara concesiones otorgadas en materia petrolera, lo que aún no ha ocurrido. No obstante, el gobierno de Biden sí amenaza con hacerlo si Venezuela incumple el acuerdo de Barbados.

Juan González, asesor de Biden para América Latina, advirtió que los líderes afectados por la inhabilitación deben recuperar sus derechos políticos antes de fin de mes. Es decir, puso un plazo.

Analistas sostienen que el gobierno de Biden está haciendo todo lo posible por no restablecer sanciones (prueba fehaciente de un retroceso en las negociaciones), en gran parte porque no sería conveniente en la esfera internacional.

La guerra en Ucrania afectó la demanda y los precios de los commodities y, en medio de tensiones geopolíticas, tanto a Estados Unidos como a algunos otros países, le vendría bien que el país caribeño siga participando en el mercado energético mundial, tanto en gas como en petróleo. De hecho, Chevron y Pdvsa acaban de extender algunos de los acuerdos establecidos en 2022, para expandir operaciones.

El País conversó con Luis Vicente León, economista y director de la consultora Datanálisis en Caracas, quien afirmó que “de continuar el cercenamiento de libertades en Venezuela, es probable que Estados Unidos amplifique primero sus sanciones en otras áreas, por ejemplo a personeros del régimen, antes que hacerlo en materia energética”. Además, “se sabe que la afectación del petróleo no produce un cambio de gobierno”, dijo.

Pero la espada de Damocles de que Estados Unidos retire licencias petroleras y gasíferas a Venezuela pesan tanto en el plano económico como político, y de concretarse, el régimen de Maduro podría echarse para atrás con la realización de elecciones.

León se preguntó: “¿Cuánto hay que concederle a Maduro para que acepte elecciones libres, o lo que es lo mismo, que entregue su cabeza?”

“No hay nada que se le pueda dar para que deje el poder”, se respondió recordando las acusaciones de crímenes contra lesa humanidad que recaen sobre el régimen. Son muchos los que piensan que, si las elecciones se llevan a cabo en 2024, es muy probable que -de una u otra manera- triunfe el continuismo. Esto considerando posibles acciones de sabotaje a cualquier iniciativa pluralista (como ya ocurrió en ese país), una oposición fracturada y problemas de participación ciudadana.

Otro escenario es que el gobierno declare que las elecciones no pueden realizarse por presunta falta de condiciones de seguridad nacional (o similar) y, por ende, Venezuela entre en una suerte de “nicaraguización” del proceso político, según León. Es decir, al igual que en Nicaragua, el gobierno aceptaría elecciones, pero con candidatos que él mismo permita, que no sean un riesgo para él.

Estudios de ONG señalan que, si hubiera elecciones libres en Venezuela, con la pobreza galopante que existe y el bajísimo nivel de popularidad de Maduro, el oficialismo perdería. Pero una cosa son los estudios y otras las realidades impuestas.