UN PAÍS EN CRISIS

Surgida de unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que le ha dicho sí a todo lo que le ordenó Nicolás Maduro, será finalmente disuelta sin que haya complicado la misión por la que fue instalada: la redacción de una nueva Constitución para Venezuela.

La ANC, presidida por Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen chavista, sesionó por última vez ayer viernes.

Convocada por Maduro entre multitudinarias protestas que dejaron más de un centenar de muertos, la Constituyente fue elegida el 30 de julio de 2017. Sus 500 integrantes son todos partidarios del régimen, ya que la oposición no se presentó a esas elecciones, como tampoco lo hizo en las pasadas del 6 de diciembre.

La ANC se centró en “anular materialmente lo que hacía la Asamblea Nacional”, el parlamento con mayoría opositora electo en 2015, explicó el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Para que la Constituyente tomara el lugar del parlamento legítimamente electo, el régimen de Maduro hizo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara en desacato a este legislativo.

“Se quitó de encima un poder que no era favorable” a Maduro, subrayó el abogado constitucionalista Carlos Guevara.

La ANC, añadió Daniels, “fue un instrumento más de persecución” contra la oposición.

Inició sus funciones con mano de hierro al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, e imponer a Tarek William Saab como su sustituto en la primera sesión.

También levantó la inmunidad de más de 20 diputados opositores, acusándolos de delitos como “traición a la patria” y “rebelión” por llamar a protestas o ser vinculados con el fallido alzamiento militar contra Maduro en abril de 2019.

Hoy muchos de esos diputados están exiliados tras refugiarse en sedes diplomáticas, y otros presos.

También le retiró los fueros al líder opositor y presidente de parlamento electo en 2015, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos. De todos modos, hasta ahora el régimen no se ha atrevido a detenerlo.

La ANC tenía la función de redactar una nueva Constitución que sustituyera a la de 1999, pero eso “nunca estuvo en el panorama”, destacó Daniels.

La ANC se había fijado el 28 de agosto de 2017 para comenzar la redacción de la nueva Carta Magna, una tarea para la que los constituyentes decidieron, unilateralmente, alargarse el mandato de uno a dos años, aunque terminaron ejerciendo su poder por tres años y cuatro meses.

La ANC se encargó de elaborar los presupuestos del Estado, de hacer una aparente contraloría al Ejecutivo que no desveló ninguna irregularidad y de redactar leyes, ninguna de las tareas para las que fue convocada.

Por ejemplo, obligó a los poderes del Estado a subordinársele, y convocó a cuatro procesos electorales que fueron cuestionadas por la oposición y por la comunidad internacional.

La ANC aprobó una arbitraria ley contra el odio, que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio”, principalmente a través de las redes sociales.

Le dio a Maduro su ansiada reforma a la ley de la Fuerza Armada, con lo que la Milicia, un cuerpo de civiles fieles al chavismo y sin entrenamiento militar formal, pasó a formar parte de la institución castrense, o mejor, a ser el mayor de los ejércitos del país.

Y más recientemente dio luz verde a la Ley Antibloqueo, un esquema propuesto por Maduro que le permite, teóricamente, desoír las sanciones económicas impuestas a su Gobierno.

Todo este blindaje se aprobó sin discusión, pues la ANC tenía prohibido dudar en su fidelidad a Maduro, el que le dio la vida.

Ahora la ANC será sustituida por la Asamblea Nacional que surgió de las elecciones del 6 de diciembre, a las que tampoco se presentó la oposición. (AFP y EFE)

Corte Penal Internacional denuncia crímenes de lesa humanidad

El pasado lunes, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, publicó su Informe Anual de Actividades de Exámenes Preliminares en el que concluye que existen “fundamentos razonables” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad al menos abril de 2017.

En el informe, analiza las denuncias por el trato a presos del régimen de Nicolás Maduro, y concluye que “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.

Para la primera mitad del 2021 la fiscalía de la CPI dice que podría estar en condiciones de formular acusaciones formales a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.

Informes de la OEA y del Alto Comisionado para los Derechos humanos de la ONU han denunciado que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad.

En respuesta al informe de la CPI, el régimen de Maduro dijo que continuará colaborando con este organismo. Las autoridades venezolanas “están demostrando su firme disposición de colaboración (...) y así se continuará haciendo”, dijo el Ministerio Público del régimen en un comunicado.