EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este martes 5 de diciembre un plan de acción sobre el territorio en disputa con Guyana, que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares en localidades cercanas al Esequibo, sin anunciar, de momento, una incursión en la zona.

"Guyana debe saber que arreglamos este problema por las buenas o lo arreglamos", dijo el mandatario —aplaudido por ministros, militares, alcaldes y gobernadores—, tras anunciar nueve decisiones que marcan el nuevo rumbo de Caracas en el pleito con Georgetown por los casi 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo.

El acto, al que también asistieron diplomáticos y opositores, se produjo dos días después del referendo en el que se aprobó la anexión del área en disputa, en la que Venezuela no ejerce control desde 1899.

El presidente venezolano ordenó a la Fuerza Armada asentarse en una localidad próxima, pero no fronteriza, a la zona de manera "provisional". Esto cambiará una vez que el Parlamento apruebe la ley de anexión del Esequibo, según adelantó, lo que podría ocurrir pronto, puesto que los diputados comienzan a debatir el asunto este miércoles 6.

Maduro también pidió a los legisladores establecer una norma que prohíba la contratación de empresas "que operen o colaboren en las concesiones" dadas por Guyana en el mar que Venezuela considera "pendiente por delimitar", y sugirió dar un lapso de tres meses a estas compañías para que abandonen sus trabajos, relacionados principalmente con hidrocarburos.

A la vez, pidió a la estatal petrolera Pdvsa que, "de inmediato", empiece a "conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas" en la Guayana Esequiba, nombre que llevará el estado que prevén crear en la zona disputada.

Las resoluciones de Maduro también incluyeron la publicación de un nuevo mapa nacional, que será distribuido en todas las instituciones del Estado así como en centros educativos, en el que la llamada "zona en reclamación" deja de serlo, únicamente para Venezuela, y se convierte en el estado Guayana Esequiba, despojando a Guyana de dos tercios de su geografía.

Así, Venezuela, que con la anexión pretendida superaría el millón de kilómetros cuadrados, prevé empezar a entregar la nacionalidad a las 125.000 personas que habitan en el Esequibo, en su mayoría comunidades indígenas, quienes no fueron consultados sobre las decisiones de Caracas ni se les ha otorgado la oportunidad de decidir sobre su futuro.

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Se trata —según el jefe del Estado— de "la activación inmediata de un plan de atención humana y social" para esta población que esperan someter a un censo, del que no se tienen detalles, y empezar a entregar cédulas de identidad venezolanas.

Asimismo, el país abrirá una oficina del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en la localidad minera de Tumeremo, territorio venezolano, "para dirigir todos estos esfuerzos de identidad".

Maduro también propuso al Parlamento crear una ley para decretar "áreas de protección especial" y la conformación de "nuevos parques protegidos que sean un centro de turismo".

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este miércoles 6 que el plan de acción en El Esequibo diseñado por Venezuela es "una amenaza inminente" para su integridad territorial y la paz mundial, por lo que anunció "medidas cautelares" para proteger el país.

El primer paso será llevar en esta jornada el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo adopte "las medidas apropiadas", indicó el presidente en un comunicado.

Ali también advirtió de que la Fuerza de Defensa de Guyana está "en alerta máxima" y en contacto con sus homólogos militares de otros países, incluido el Comando Sur de Estados Unidos.

"Las medidas anunciadas hacen caso omiso flagrante de la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 1 de diciembre de 2023", denunció Ali.

Foto: EFE

La CIJ urgió el pasado viernes 1° a Caracas a "abstenerse" de tomar "cualquier acción que modifique" la situación del territorio o que pueda "agravar o prolongar" este litigio ante el tribunal.

No obstante, la corte de La Haya no pidió directamente cancelar la celebración del referendo del pasado domingo 3, como había solicitado Guyana.

"Al desafiar a la Corte, Venezuela ha rechazado el derecho internacional, el estado de derecho en general, la justicia y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Literalmente se ha declarado una nación fuera de la ley", aseveró el mandatario.

Ali advirtió de que nada de lo que haga Venezuela impedirá que Guyana proceda con el caso ante la CIJ, ni impedirá que la Corte emita en última instancia su fallo final sobre esta disputa, aunque Caracas rechaza que tenga jurisdicción en el asunto.

El presidente guyanés indicó también que ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, y varios líderes para alertar sobre "estos peligrosos acontecimientos y las acciones desesperadas del presidente Maduro".

En su opinión, estas acciones "van en contra del derecho internacional y constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales".