ANÁLISIS

En los últimos meses, nuestro mundo se alteró. La irrupción de la COVID-19 ha afectado las vidas de millones de personas alrededor del planeta: de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de los servicios esenciales, de quienes han debido quedarse en casa, de las personas mayores, de las víctimas de esta enfermedad y de sus familiares. Y también de los niños.

Mientras los países centran sus esfuerzos en combatir el virus y atender sus graves efectos, niños, niñas y adolescentes han quedado invisibilizados. Si para los adultos ha sido difícil modificar abruptamente la rutina, generar nuevas dinámicas dentro del hogar, enfrentar la pérdida de ingresos o el distanciamiento de familiares y amigos, no es difícil imaginar que el impacto de estos cambios en la vida de los niños es mucho mayor. Más aún cuando los niños son simples testigos de las decisiones del mundo adulto en cuestiones que los afectan directamente.

Según cálculos de Unicef, casi el 100% de los niños y los adolescentes del mundo han debido acatar restricciones de desplazamiento como forma de prevención al contagio por COVID-19, mientras que aproximadamente el 60% vive en alguno de los 82 países que se encuentran en aislamiento total (7%) o parcial (53%), lo que equivale a 1.400 millones de niños que han visto sus derechos restringidos de alguna manera.

La primera y más notoria afectación tiene que ver con el acceso a la educación. Toda una generación de niños, más de 1.500 millones alrededor del mundo, ha debido interrumpir su asistencia a las clases presenciales ante el cierre de las escuelas. Si bien muchos países como Uruguay han implementado modalidades de enseñanza a distancia, promoviendo la digitalización de la educación -y valga decir que Uruguay es el país de América Latina y el Caribe mejor preparado- este acceso no es equitativo y los niños más vulnerables igual quedan rezagados. Si no se toman medidas, los niños que estaban en riesgo de abandono escolar antes de la pandemia, tienen una alta probabilidad de abandonar la escuela definitivamente, y los niños que estaban por fuera, tal vez nunca vuelvan. Los avances logrados a nivel mundial en la ampliación del acceso a la educación para los niños en las últimas décadas no solo podrían perderse, sino que, en el peor de los casos, podrían revertirse por completo.

En materia de salud, la COVID-19 también tiene el potencial de socavar muchos de los avances conseguidos en las últimas décadas. Ya se han registrado interrupciones en los servicios de inmunización ante enfermedades prevenibles como poliomielitis, sarampión y cólera, lo cual expone de manera significativa a las familias más pobres de los países con sistemas de salud más débiles.

Otro de los graves efectos que este escenario tiene sobre las vidas de los niños, niñas y adolescentes es el de la exposición a la violencia. Las situaciones de encierro suelen agudizar los conflictos y llevar al aumento de las situaciones de violencia en el hogar, que es la forma de violencia más común a la que se enfrentan niños y niñas. En un estudio realizado por Unicef con la Universidad de la República para conocer el impacto de la COVID en los niños en Uruguay, el 26% de las familias declaró que aumentó la frecuencia de los gritos y el 18% los castigos hacia sus hijos. Con la interrupción de la escuela, los niños quedan aislados de sus maestros, sus amigos o los servicios de protección, lo que dificulta en gran medida detectar esas situaciones que se dan dentro de los hogares y actuar para protegerlos.

A los niños afectados en sus derechos por la COVID-19 deben sumarse los millones de niños en el mundo que viven en condiciones inaceptables. Para los que viven en situación de pobreza, los que no pueden mantener su higiene porque carecen de acceso a instalaciones básicas de agua y saneamiento, los que viven como refugiados o migrantes en espacios improvisados y los que viven en medio de crisis humanitarias, esta situación amenaza con agravar aún más sus dificultades.

En Uruguay Unicef ha venido colaborando con el gobierno desde que se desató esta crisis, relevando información acerca de las necesidades y las vulnerabilidades específicas de las familias y, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia, estableciendo las prioridades para su apoyo. Más allá del trabajo que Unicef viene realizando en alianza con el Estado, nos preocupa el impacto de esta crisis en los niños más vulnerables a corto, mediano y largo plazo, en un país donde la mitad de los pobres son justamente niños, niñas y adolescentes.

En línea con su compromiso histórico con los derechos humanos, Uruguay ha desplegado una respuesta humanitaria sin precedentes, enfocada en la repatriación de miles de uruguayos y extranjeros a sus lugares de residencia, que debe destacarse con profunda admiración. En esa misma línea, hacemos un llamado a toda la sociedad uruguaya para aumentar sus esfuerzos con el fin que los niños no se conviertan en las víctimas olvidadas de esta pandemia.

Unicef manifiesta su solidaridad con las familias afectadas, con los abuelos, con el personal de salud y el personal esencial, con los funcionarios públicos que han trabajado sin descanso, con los docentes que han puesto todo de sí para seguir dando clases de manera digital, o presencial en las escuelas rurales. Hoy, ante la irrupción de una nueva normalidad, ponemos el foco en los más vulnerables y llamamos a adoptar medidas que atiendan los efectos colaterales de la pandemia, mitiguen el impacto y garanticen que las consecuencias sobre los niños no sean permanentes. Uruguay tiene todo para hacerlo.