Tres días después del tiroteo al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, una nueva balacera conmueve a los vecinos de Rosario, Argentina. Un grupo de sicarios, armados con pistolas y ametralladoras, aparecieron a la madrugada del domingo en un barrio de la comunidad Qom. Había niños jugando en la calle cuando los sicarios comenzaron a disparar sin parar. La balacera cobró la vida de un pequeño de 11 años.

El ataque se produjo horas después del festejo de un cumpleaños de un chico del barrio. Los niños trataron de escapar, pero varios cayeron heridos y uno de ellos, Máximo Jérez, falleció por una bala que le atravesó el pecho.

En ese baño de sangre contra niños el resultado fue atroz: dos niños de 13 y una pequeña de dos años terminaron internados en grave estado, con balazos en el cuerpo.

La policía detectó a los atacantes minutos después, mientras huían por los callejones del barrio de la comunidad Qom, donde la droga también caló hondo.

Antonia Jérez, la tía de la víctima, relató que “pasó un auto negro con vidrios polarizados y empezó a tirar contra los chicos”. “Llevamos a los chicos heridos nosotros porque no vino nadie, ni siquiera la ambulancia”, sostuvo.

A este trágico hecho protagonizado por sicarios se sumó, el domingo por la noche, un ataque contra un colegio en la zona sur de Rosario, donde dispararon 15 tiros contra el frente y dejaron una amenaza vinculada a grupos narcos.

En respuesta a la frustración por el asesinato de Máximo, vecinos y familiares del pequeño atacaron ayer por la mañana la casa de un hombre a quien acusan de vender drogas en el barrio y ser el responsable del crimen del pequeño.

La Policía asistió al lugar minutos después de que el sospechoso, apodado el Salteño, fuera apedreado y lastimado tras salir a la terraza a amenazar a los manifestantes.

Más tarde, otro grupo de personas intentó incendiar la vivienda. En tanto, el sospechoso se dio a la fuga por el fondo de su casa. Fue entonces que fuerzas policiales volvieron al lugar y tras intentar disuadir a las personas para que cesen los ataques, comenzaron a lanzar balas de goma y bombas de estruendo.

Finalmente, el Salteño fue apresado. Lo trasladaron en un móvil de la Policía de Santa Fe, protegido para evitar que fuera alcanzado por las piedras lanzadas por la gente que protestaba. La casa del sospechoso quedó destruida y parte de ella, en llamas.

Luego de romper a mazazos la vivienda, los vecinos saquearon el contenido, incluyendo artefactos de cocina, del baño, armarios, materiales de construcción y hasta un pequeño perro atado con una correa. “Esto es todos los días. Estos delincuentes están todos los días”, afirmó una vecina a TN, enojada con la acción de la policía ya que muchos terminaron heridos por las balas de goma.

El padre de Máximo estuvo entre los que resultaron con lesiones por esos disparos. “A nosotros nos tienen que cuidar y están cuidando a los transeros”, dijo Jérez y mostró a cámara las heridas por las balas de goma.

Durante los últimos meses empezó a aprovecharse de ese caos de tiros y muertos uno de los proveedores de cocaína de Los Monos, la principal banda narco que opera en Rosario y a la que se investiga por una posible conexión con el ataque al supermercado de la familia política de Messi.

Ese traficante, Julio Rodríguez Granthon, está preso en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. El viernes su celda iba a ser allanada porque se sospecha que sigue operando desde la penitenciaría federal. Pero el operativo se pospuso porque ese día estaban siendo allanadas las celdas en Marcos Paz, Ezeiza y Rawson de integrantes de la banda de Los Monos, acusados de crímenes y venta de drogas desde la cárcel.

Esto no es nuevo. De hecho, las estadísticas del Ministerio Público santafesino son contundes: ocho de cada diez balaceras ejecutadas en Rosario, como la de la semana pasada contra el supermercado, se ordenan desde prisión.

Los narcotraficantes presos en los penales de la provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal pueden usar libremente los celulares y, por esa vía, manejan las organizaciones criminales y disponen ataques a balazos y extorsiones.

Los informes oficiales revelaron, además, que el 70% de los 288 homicidios ocurridos en Rosario durante 2022 se ordenaron desde algún establecimiento carcelario.

Todo esto se da en un contexto de fuertes cruces políticos sobre qué hacer con esta situación. Tanto el gobierno de la ciudad de Rosario como el de la provincia de Santa Fe apuntan contra el gobierno nacional. Ambas gestiones reclamaron a la Casa Rosada un refuerzo de la presencia en la ciudad y también acompañamiento para abordar esta escalada de violencia, que cobró notoriedad en los últimos días pero lleva años gestándose.

Los cuestionamientos estuvieron dirigidos sobre todo al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aún más cuando el funcionario nacional dijo que “el narcotráfico ganó” e intentó justificar la supuesta acción nacional sobre el conflicto al decir que hubo más de 2.000 detenciones el año pasado.

Con información de EFE y La Nación (GDA)