EFE, AFP
En Ecuador se realizará este domingo un referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. El ambiente previo a esa instancia clave para el gobierno no podía ser más entreverado. Un alcalde fue asesinado en la noche del miércoles, agravando la violencia política que vive el país. Y los apagones diarias por una grave crisis energética desafía la paciencia de la población. Esto en medio de las sospechas del gobierno de que la crisis energética se debe a un presunto sabotaje ante el referéndum del domingo.

Noboa aseguró el martes que no habría más cortes, pero se ha visto obligado a realizar apagones el doble de largos que los vividos a finales de 2023, cuando una situación similar llevó a realizar cortes diarios de hasta cuatro horas. Se suspendieron ayer jueves y hoy viernes las clases escolares y la jornada laboral, pero en un país donde el 70% de la población no tiene un empleo formal, muchos negocios han abierto y muchas personas que suelen vivir de lo que ganan a diario salieron a trabajar como de costumbre.

Esta crisis está causada principalmente por una grave sequía en la zona andina y amazónica, donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas. Al mismo tiempo se ha suspendido el suministro de energía que Ecuador importa de Colombia, pues el país vecino afronta también una histórica sequía.

Sin embargo, pese a que la situación de crisis ya se veía venir, el Gobierno de Noboa denuncia que ha sido víctima de un presunto sabotaje para agudizar la situación, en un momento donde el mandatario se juega su respaldo popular en un referéndum que contiene las líneas maestras de su gestión.

Para el Ejecutivo, las autoridades del sector eléctrico nacional ocultaron información o no dieron la voz de alerta con suficiente anticipación para tomar cartas en el asunto. En la denuncia que el Gobierno ha presentado a la Fiscalía está incluida la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, quien el viernes pasado aseguraba que no habría apagones a corto plazo, pero estos comenzaron a darse desde el domingo.

Arrobo renunció al cargo el martes, después de que se lo solicitase públicamente Noboa, cuya administración sospecha incluso que en los días previos se vació presuntamente de manera intencional el embalse de Mazar, el más grande de Ecuador.

Foto: AFP

Esta crisis energética se da en medio de una crisis de violencia que vive Ecuador desde hace meses. La última víctima fue José Sánchez, el alcalde de una localidad con presencia de minería ilegal, que pasó a incrementar la larga lista negra de autoridades asesinadas en Ecuador, en una ola de violencia que tiene detrás a las bandas del crimen organizado y cuyo caso más notorio fue el mortal atentado contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado.

Sánchez, alcalde del municipio de Camilo Ponce Enríquez y conocido popularmente como “Jushico”, fue acribillado a tiros por presuntos sicarios en la noche del miércoles en plena vía pública de esta localidad de provincia de Azuay, donde el año pasado ya había denunciado un atentado contra su domicilio.

Su predecesor en el cargo, Baldor Bermeo, también fue víctima el año pasado de un atentado del que logró salir con vida.

Hace menos de un mes apareció asesinada dentro de un automóvil junto a su coordinador de Comunicación Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador, que con 26 años estaba al frente del municipio de San Vicente, en la costera provincia de Manabí.

Los asesinatos de García y Sánchez se produjeron bajo el “conflicto armado interno” declarado por el presidente Noboa contra las bandas criminales, como también el de Diana Carnero, concejal de 29 años asesinada en febrero en el municipio de Naranjal, en la costa ecuatoriana.

La ola de violencia política en Ecuador creció en el marco de las elecciones generales extraordinarias de 2023.

Foto: AFP.