El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó ayer martes ante el Congreso su “total, evidente e incuestionable” inocencia en el presunto delito de peculado bajo el cual la oposición de izquierda busca destituirle mediante un juicio político. En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del gobierno de Lasso es para el bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel.

“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, se defendió Lasso.

Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional inició ayer el juicio político contra Lasso.

En el poder desde mayo de 2021, Lasso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que Lasso pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

Lasso aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.

“Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante cinco meses, no les quedó más que conformarse con la carta más débil”, aseveró el presidente de 67 años.

Varias centenas de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento. Los seguidores del gobernante ondearon banderas de Ecuador, lanzaron gritos contra los opositores y portaron carteles con consignas como “¡Viva la democracia!” y “Defendemos la democracia y la paz”.

El proceso a Lasso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.

El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, en una deliberación que podría tomar varios días.

Esta es la segunda vez que Lasso queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.

Lasso lanzó ayer un abanico de reclamos a la oposición encabezados por un reiterado “yo los acuso”.

“Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores, ustedes no crean leyes sino que las destruyen”, aseguró.

Bajo la manga, a Lasso le queda el mecanismo de la denominada “muerte cruzada”, que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.

La disolución fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica. De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).

Con información de AFP y EFE