Informe

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó el viernes 19 por mayoría el informe de diagnóstico sobre el sistema jubilatorio. El documento recién sería divulgado el miércoles tras entregarlo a las autoridades.

No obstante, El País accedió al último borrador que elaboró la presidencia de la CESS fechado el 14 de marzo y al cual luego se le hicieron “algunos cambios formales” (números de leyes que faltaban, anexos que se incluyeron y se profundizó el capítulo sobre AFAP y renta vitalicia) indicaron fuentes vinculadas a la CESS, pero no hubo modificaciones en lo sustancial.

¿Qué dice este último borrador? Lo que sigue es un resumen de algunos aspectos, excluyendo el capítulo de AFAP y renta vitalicia que fue profundizado en la versión final.

El envejecimiento poblacional se acentuará hacia 2040 y en adelante y eso pone presión sobre el sistema jubilatorio. Hay más personas inactivas y a su vez, viven más años.

Además del envejecimiento poblacional, “la innovación tecnológica está cambiando la naturaleza del trabajo con alcances todavía difíciles de prever” y “los principales desafíos provienen de los procesos de automatización y en particular del impacto que podría tener, en un momento futuro, la masiva incorporación de la inteligencia artificial”, se advierte.

A estas dificultades demográficas se suman las del propio sistema previsional uruguayo que “se generó en forma aluvional a lo largo de más de un siglo. Como consecuencia, existe heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes, incluso al interior del Banco de Previsión Social (BPS)”, expresa el borrador.

A su vez, “la alta fragmentación de las historias laborales de un número relevante de trabajadores, fundamentalmente del sector privado y de bajos ingresos, con predominio femenino, representa un desafío para la protección de las personas más vulnerables”, alerta.

Por otro lado, “la suficiencia de los beneficios, con relación al objetivo de evitar situaciones de pobreza en la vejez, es una fortaleza” ya que “la incidencia de la pobreza entre los mayores de 65 años bajó de 9% en 2000 a 1,8% en 2019, siendo actualmente 10 veces menor que la pobreza infantil”, señala la CESS.

“La suficiencia o adecuación de los beneficios, con relación al objetivo de sustituir razonablemente los ingresos de actividad por beneficios jubilatorios, está en línea con los valores alcanzados por los países de mayor desarrollo relativo”, indica.

De hecho, un estudio “que analiza el sistema mixto para las cohortes de trabajadores dependientes que tenían entre 40 y 60 años en 2017 encuentra que, en promedio, la tasa de reemplazo (porcentaje del salario que se cobra como jubilación) conjunta del sistema mixto se ubicaría entre 52% y 68% del último salario cotizado, dependiendo de la edad de retiro y de la causal”, explica. “La población del quintil (el 20%) más pobre obtiene, en promedio, una tasa de reemplazo de 121,1% y la del más rico de 33,9%”, añade.

Por su parte, “las tasas de reemplazo para las altas de 2019 de los regímenes policial y militar se ubicaron en 87,5% y 129,6%, para el promedio, lo que supone niveles mayores a los de los restantes subsistemas”, afirma.

La CESS alerta que “el gasto público previsional alcanzó los 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, varias décadas antes de lo previsto”.

“El país tiene un importante nivel de gasto previsional, similar al de los países desarrollados, lo que implica un desafío en términos de sostenibilidad dado que aún no se registra un envejecimiento tan avanzado en términos comparados”, afirma el documento. Esto fue criticado por el Frente Amplio (FA) que señaló que “algunos países cuyos sistemas se han puesto como ejemplo por integrantes del gobierno tienen porcentajes superiores” de gasto. “No hay sistemas de protección social buenos, bonitos y al mismo tiempo baratos”, afirmó la declaración de la Mesa Política del FA.

La CESS advirtió que “en su conjunto, el gasto público previsional, ubicado actualmente en el orden de 11% del PIB, se elevaría a 13,5% en 2070, manteniendo una trayectoria al alza permanente”.

Por eso entiende que “es necesario corregir la trayectoria que presentan las erogaciones destinadas a jubilaciones, retiros y pensiones, de manera de alcanzar niveles de gasto compatibles con el desarrollo de otras políticas públicas igualmente relevantes y asegurar los fundamentos de la prosperidad económica y social”.

Para enfrentar la trayectoria del gasto creciente en pasividades, hay dos caminos básicos (si bien puede haber otros): subir la edad de jubilación y/o la tasa de aportes personales y patronales.

¿Qué pasa con la edad de jubilación actualmente en 60 años como mínimo con 30 de aportes? “La edad mínima de retiro en Uruguay resulta baja cuando se la compara con la de países de similar situación demográfica y nivel de desarrollo”, asegura el borrador. En particular, “en América Latina, la mayoría de los países fija edades de retiro mínimas de 65 años”, agrega.

“El prolongado período de sobrevida (21 años en hombres y casi 27 en mujeres) que supone una edad mínima de retiro a los 60 años le impone una fuerte tensión al sistema y hace sumamente difícil establecer un vínculo equilibrado entre aportes y beneficios de los individuos a lo largo del ciclo de vida”, cuestiona la CESS.

“La existencia de grupos de trabajadores que pueden acceder a prestaciones permanentes hasta 10 años antes que el resto de la población es un aspecto a considerar desde diversas perspectivas, como sustentabilidad, equidad”, indica.

Respecto a la aportación personal y patronal a la seguridad social, la CESS sostiene que “resultan elevadas en la comparación internacional”.

“Un aumento por encima de los valores actuales desestimularía la contratación de mano de obra o incentivaría la contratación informal, afectando especialmente a aquellos trabajadores menos calificados”, advierte.

Además, “la fragmentación de nuestro sistema de seguridad social supone tasas de aportación sobre salarios que presentan diferencias tanto entre las entidades gestoras, como a la interna de ellas”, añade. Esto a su vez, “conspira con la deseable neutralidad en lo que respecta a las tasas de imposición sobre el trabajo”, lo que “distorsiona la asignación de recursos de la economía, generando pérdidas de eficiencia”, cuestiona la CESS.

Los problemas de la Caja Militar de jubilaciones

Y la polémica que planteó el Frente Amplio

Una de las críticas del Frente Amplio al informe de diagnóstico es que en la Caja Militar “se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar”.

¿Qué dice al respecto el último borrador del informe al que luego solo se le hicieron cambios formales? Entre otros aspectos, señala que “el régimen previsional militar se caracteriza por una muy baja relación activo/pasivo”, de 0,53 en 2019 (hay más jubilados que activos).

A su vez, “el nuevo régimen previsional militar (aprobado en 2018) aproxima buena parte de las reglas a las de los restantes regímenes, pero mantiene algunos elementos que suponen un tratamiento diferencial para sus afiliados con respecto al que reciben los beneficiarios del régimen general”, indica.

Además, “la existencia de personal que no realiza tareas propiamente militares supone un tratamiento más favorable a un tipo de actividad cuando se realiza en el ámbito militar que cuando se realiza en otros ámbitos”, advierte.

“Las proyecciones actuariales del régimen previsional militar muestran una trayectoria creciente tanto del gasto como del déficit en el mediano plazo, que se revierte a partir de 2040, dando como resultado un nivel de gasto y asistencia financiera que, de todas formas, resulta elevado si se tiene en cuenta el tamaño del colectivo cubierto”, señala.

La Caja Militar tuvo erogaciones equivalentes al 10% del gasto en seguridad social en 2019, pero cubre “el 6,5% del total de pasividades”, explica.