ECONOMIA

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En una presentación ante gobernadores para brindar detalles sobre la postura que el gobierno argentino llevó a la mesa de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández intentó el miércoles pasado dar una señal de dureza al afirmar que “la palabra ajuste está desterrada de la discusión”.

“Para nosotros no es posible lograr la idea de una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros ajustar la economía es achicarla, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos”, dijo.

Sin embargo, más allá de la retórica, aún si la Casa Rosada lograra imponer sus condiciones en la negociación, la economía argentina sufrirá indefectiblemente en 2022 otro año de fuertes correcciones. De hecho, en la mesa de discusiones con el FMI ya se alcanzaron consensos en torno a una devaluación del peso a mayor ritmo que en 2021, aumento de las tarifas de los servicios públicos para reducir los subsidios económicos y suba de las tasas de interés para, al menos, acercarlas al nivel de la inflación.

“Una cosa es el discurso y otra es plantear los números en blanco sobre negro dada las restricciones con las que hoy opera la economía. Mucho va a depender de lo que se termine acordando con el FMI, pero Argentina necesariamente tendrá que trabajar este año en el frente fiscal, monetario y cambiario”, dijo a El País Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Si bien el gobierno argentino y el FMI ya han avanzado en varios temas, el punto de fricción que viene demorando el acuerdo es el sendero fiscal. Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, propone una reducción gradual del rojo fiscal primario para alcanzar un equilibrio en las cuentas públicas hacia 2027, el organismo de crédito reclama que la corrección sea más rápida.

Esa exigencia del Fondo viene agitando las diferencias dentro de la coalición de gobierno: una reducción más acelerada del déficit fiscal implicaría una mayor suba de las tarifas de servicios públicos, opción que el kirchnerismo duro rechaza de plano.

En cualquier caso, para Argentina, la necesidad de alcanzar un acuerdo tiene como fecha límite el 22 de marzo: ese día hay un vencimiento de capital por U$S 2.873 millones que sería imposible de afrontar por el país en las condiciones actuales. El objetivo, entonces, es sellar un acuerdo con el FMI antes de esa fecha para postergar los vencimientos de la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri por U$S 44.000 millones, que están concentrados en su gran mayoría entre este año y el próximo.

El objetivo del gobierno argentino es que, despejado el horizonte de vencimientos y sin la exigencia de aplicar una corrección drástica del déficit fiscal, la economía pueda sostener este año la recuperación registrada en 2021. Tras el derrumbe del 9,9% del PIB en 2020 provocado en gran parte por una extensa y estricta cuarentena, la reapertura de actividades impulsó un fuerte rebote.

Si bien aún no fue difundida la cifra oficial, el promedio de las proyecciones de analistas y consultores recopiladas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) indica que el PIB habría registrado un crecimiento del 9,7% el año pasado.

Con eso, la economía argentina habría recuperado gran parte de lo perdido en 2020, aunque a costa de haber profundizado sus desequilibrios. Luego de la desaceleración provocada por el cierre de actividades, la inflación volvió a trepar el año pasado a niveles superiores al 50% aún cuando las tarifas de los servicios públicos se mantuvieron cuasi congeladas, se introdujeron controles de precios a productos de consumo masivo y al combustible, y el Banco Central aplicó crecientes restricciones para impedir que la cotización del dólar acompañara el ritmo de la inflación.

A eso se suma que, a pesar del fuerte aumento de los precios de los principales productos de exportación y de los U$S 4.334 millones que Argentina recibió en Derechos Especiales de Giro (DEG) por la ampliación de capital dispuesta por el FMI, el Banco Central no logró acumular reservas durante el año pasado. De hecho, el stock de reservas netas está por debajo de los U$S 3.000 millones, el equivalente a apenas la mitad de un mes de importaciones.

Ese punto de partida, con múltiples desequilibrios por ajustar, amenaza con frenar la recuperación de la economía en 2022. De acuerdo al último REM publicado en diciembre pasado, el crecimiento del PIB será este año del 2,5%, una variación que respondería casi en su totalidad al arrastre estadístico del 2021.