El nuevo acuerdo al que se llegó para combatir el lavado de activos en Uruguay

El Ministerio del Interior une fuerzas con la Secretaría Antilavado.

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Ministerio del Interior
Vista interior del edificio sede del Ministerio del Interior.
Fernando Ponzetto/Archivo El País

El Ministerio del Interior (MI) realizó un convenio con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), con el objetivo de reforzar el combate al lavado de activos y el crimen organizado.

A finales de noviembre, la Secretaría había enviado un borrador del convenio para la cooperación de las instituciones, en el que se planteaba el intercambio de información.

Luego, a comienzos de diciembre, el MI asumió el compromiso de avanzar en el combate contra el crimen organizado, lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva, en el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En el marco de ese compromiso, el acuerdo tiene como objetivo reforzar la capacidad operativa del Ministerio, poniendo a disposición un equipo policial que será capacitado especialmente en el combate a esos flagelos.

De esta forma, se pretende atender la vulnerabilidad detectada en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) respecto de la falta de recursos capacitados en la materia.

Según explicó a El País el gerente de Fiscalización y Control de la Senaclaft, Gustavo Misa, el convenio trata de un marco general de cooperación mutua entre ambas instituciones, al que luego irán dotando de contenido, a medida que progresen en su trabajo conjunto.

En este sentido, Misa señaló que la idea inicial es que el Ministerio seleccione un equipo de policías para que la Senaclaft los capacite en materia de lavado de activos y que luego ese equipo funcione como unidad especializada para el apoyo mutuo de ambas instituciones. De esa forma, entre ambas, buscarán también brindarle apoyo la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.

De este modo, el acuerdo busca una mejora en los resultados de las persecuciones de estos delitos, los cuales se mantienen como uno de los “debes” de Uruguay, según han indicado expertos en la materia.

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