En Uruguay hay “un precio que pagar” por ser celíaco. La mayoría de los productos aptos para celíacos son importados, la escasa oferta y los cuidados en su manipulación y distribución encarecen los costos para el consumidor final. Desde el Poder Legislativo se solicitó al Poder Ejecutivo reducir impuestos para los alimentos para celíacos pero no hubo respuestas.

Existen alrededor de 11.670 personas celíacas diagnosticadas en el país, comprendidas en la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu). Sin embargo, se estima que la cifra es bastante mayor ya que muchas personas no cuentan con un diagnóstico.

La celiaquía se trata de una enfermedad autoinmune que daña el intestino a través del consumo de cereales como trigo, avena, cebada y centeno (tacc). Su único tratamiento es una dieta adecuada, pero los precios de los alimentos son hasta cuatro veces más caros que los convencionales, por lo que se torna complejo el acceso a los mismos.

Por este motivo y desde hace varios años, Acelu solicita la reducción del IVA para los alimentos sin gluten. Así lo explicó su vicepresidente, Daniel Carsillo a El País y agregó que a nivel parlamentario “no se obtuvieron respuestas”.

La enfermedad celíaca no solo requiere una dieta sin gluten, sino que la elaboración de alimentos también implica cuidados para evitar la contaminación cruzada. Por este motivo, desde Acelu se brindan talleres y charlas de asesoramiento sobre preparaciones aptas para celíacos y aprendizajes a propósito de los espacios y materiales de manera adecuada.

El diagnóstico de la enfermedad se realiza de forma gratuita a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo. Para la población del interior, se deriva a profesionales en la capital en caso de presentar sintomatologías.

La mayoría de los productos sin tacc en Uruguay son importados y las premezclas de harinas para celíacos están compuestas por entre tres y cuatro tipos diferentes.

Los precios de este tipo de productos sin gluten cuestan alrededor de $ 200, mientras que un kilo de harina de trigo se ubica entre los $ 40 y $ 60.

Además, algunas preparaciones requieren otros productos adicionales que mejoren la consistencia y el sabor de los alimentos.

Estos procesos encarecen aún más el costo de este tipo de dieta para el consumidor final, quien tiene a disposición una oferta de alimentos y marcas limitada.

Según explicó la asesora de la Asociación de Celíacos del Interior (Aciur), Susana Tchekmeyan, algunos de los aspectos que vuelven más caros los alimentos para celíacos están vinculados a su manipulación en las plantas ya que los procesos son exigentes y los permisos costosos.

Otra de las problemáticas que presentan los alimentos libres de gluten es que llevan una fecha de vencimiento corta ya que no contienen aditivos. Esta característica también genera que sea más difícil comercializar algunos productos.

La asesora de Aciur también se refirió a que la única manera de mejorar la calidad de vida de las personas celiacas es a través de la dieta, por lo que se había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reducir el IVA del 22% al 10% —y de esta manera, igualar el impuesto con el de los medicamentos en el país— pero no se obtuvo resultado.

Por otra parte, Tchekmeyan aseguró que la situación en el interior del país es “compleja” debido a las importantes distancias que deben recorrer los celíacos para acceder a lugares que cuenten con alimentos sin tacc.

Desde el Poder Legislativo se realizaron varias propuestas y se enviaron proyectos de ley al Poder Ejecutivo (por ejemplo, las exoneraciones de impuestos son privativas de este, por lo que el Parlamento no puede legislar sin proyecto del Ejecutivo) que quedaron sin efecto.

El ultimo en presentar una minuta al Poder Ejecutivo fue el senador nacionalista, Juan Sartori, y fue apoyado por unanimidad de la Cámara de Senadores en 2023.

La iniciativa sugería reducir los impuestos de los alimentos para celíacos ya que el acceso a la dieta en algunos casos es “insostenible”.

“Los alimentos para celíacos pueden ser hasta cuatro veces más caros que los alimentos comunes”, redactó Sartori en su cuenta de X (antes Twitter) a propósito de la minuta.

Si bien se aprobó la minuta, “el Poder Ejecutivo no volvió a plantear algo”, sostuvo el senador a El País y recordó una serie de medidas logradas para facilitar el acceso a este tipo de alimentos.

Una de las primeras surgió a partir del planteo de la diputada colorada, Valentina Rapela, quien propuso un proyecto de ley que sugería beneficios tributarios a empresas que produzcan o importen productos para celíacos.

En el 2017 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que modificaba el artículo 3 de la ley 16.096 sobre locales de comida y planteaba que incluyeran un menú sin tacc.

En ese sentido, Sartori explicó que el mismo año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una guía de salud destinada a los equipos de laboratorios para que registraran de forma directa los estudios de celiaquía que resultaban positivos.

Por su parte, la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiain, presentó un proyecto de ley (*) sobre celiaquía que se encuentra ingresado en la Comisión de Salud del Senado desde julio del 2023. El mismo establece que alimentos que contengan gluten tengan un etiquetado diferencial además del sello de Acelu para intolerantes a la proteína.

Otras de las medidas a las que hace referencia el proyecto incluyen que locales gastronómicos ofrezcan al menos una opción apta para celíacos en sus menús y que productos infantiles como la plasticina -que puede contener gluten- tengan referencias a su composición.

Asiain también mencionó que el proyecto sugiere que los estudios de rutina establecidos por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) incluyan exámenes de celiaquía para lograr una detección temprana. “Una medida de exoneración impositiva seria necesaria” sostuvo.

Otro de los intentos por reducir los precios de los alimentos sin tacc surgió del exministro de Defensa, Javier Garcia, quien en su período de senador en 2018 también presentó una minuta que fue rechazada por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno del Frente Amplio.

Sartori y Tchekmeyan resaltaron el trabajo realizado por parte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la elaboración y distribución de canastas con alimentos sin tacc en el interior del país.

A su vez, desde Aciur se trabaja para orientar a las familias con integrantes celíacos en la convivencia de los alimentos y se brindan talleres con demostraciones de posibles platos.

* Una primera versión de este artículo no contenía la información sobre el proyecto de ley de Carmen Asiaín