Actualmente, la temática ambiental ocupa un lugar central en Uruguay y el mundo. Es un área que moldea las políticas públicas de los países, las estrategias y actividades de las empresas en el ámbito privado, generando importantes desafíos y oportunidades.

Uruguay cuenta con una regulación ambiental fuertemente vinculada al sector administrativo y regulatorio, que cobró impulso especialmente en la década de los 90´ y principios de los 2000.

Así, pueden destacarse hitos como la aprobación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 16.466), la modificación del artículo 47 de la Constitución y la aprobación de la Ley General de Protección del Ambiente (Ley N° 17.283).

Desde allí se aprobaron muchas regulaciones sectoriales, que influyen en diferente medida en la mayoría de las actividades económicas desarrolladas en el país.

«Los cambios regulatorios implican desafíos para muchas empresas, que deben adecuarse rápidamente a modificaciones importantes en sus actividades y operaciones», explicó Santiago Inchausti, asociado senior del estudio Dentons Jiménez de Aréchaga.

Por esa razón, en el estudio se analizan las normas y exigencias vigentes y se está atento a los temas de actualidad en materia ambiental, que pueden derivar en nuevas regulaciones. «Entre las regulaciones más importantes, están las vinculadas a la evaluación de impacto ambiental, que en Uruguay es un procedimiento administrativo, tramitado ante el Ministerio de Ambiente», añadió.

Dicha evaluación es necesaria para desarrollar determinadas actividades industriales, así como ciertos proyectos de construcción, forestales, de extracción de minerales y de generación de energía, entre otros.

También han cobrado un fuerte impulso en los últimos años las regulaciones en materia de gestión de residuos.

Según el especialista, esta tendencia se ve reflejada, por ejemplo, en la aprobación en 2019 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, así como en nuevas regulaciones y modificaciones más específicas, como las relativas a la utilización de bolsas plásticas o a los envases.

«En este caso, es clave un adecuado seguimiento a los avances vinculados al Plan Vale y a las reglamentaciones y resoluciones que puedan ser promovidas por el Poder Ejecutivo y el propio Ministerio de Ambiente», señaló.

Por otro lado, también resaltó la oportunidad que se presenta con la segunda transición energética que vive el país, que tiene en el centro a la movilidad sostenible, con los retos técnicos y jurídicos que ello conlleva.

«En esa línea, los proyectos de hidrógeno verde y de electromovilidad se posicionan como sumamente relevantes para alcanzar los objetivos nacionales e internacionales en la materia», precisó Inchausti.

El estudio ha apoyado la ejecución de estos proyectos desde una etapa temprana, y ya cuenta con vasta experiencia en el asesoramiento a numerosos proyectos de generación de energía renovable de la última década.

A su vez resaltó que hay otros sectores con fuerte desarrollo que se encuentran alcanzados por regulaciones ambientales, como el biotecnológico, así como otras normas importantes, como las vinculadas al agua, las áreas naturales protegidas y el ordenamiento territorial.

«En definitiva, una buena planificación, el diseño de estrategias para abordar los cambios y oportunidades actuales y una diligente y ordenada implementación son claves», indicó el entrevistado.

Remarcó que son herramientas esenciales para un adecuado manejo, por parte del sector empresarial, de estos temas, cada vez más relevantes.

«Atento a ello, en el estudio contamos con un equipo con experiencia en regulación ambiental, a disposición para dar soluciones acordes a las nuevas exigencias y superar los desafíos que se plantean en diferentes ámbitos», destacó Inchausti.