La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó a consideración de Senadores, donde hay voluntad política para aprobarla. Previamente, fue analizada por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, donde fue aprobada por unanimidad.

“Este apoyo es una clara señal de parte del sistema político en cuanto a que hay que avanzar en la profesionalización del sector, a través de un marco regulatorio garantista que fomente la libertad de elección de los clientes y la libertad de trabajo de las personas en el rubro inmobiliario”, afirmó a El País Beatriz Carámbula, presidente de la CIU.

El proyecto apunta a varios objetivos básicos: brindar transparencia, dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado.

También evitar la competencia desleal y que sean todos iguales ante la ley, proteger los derechos de los trabajadores, evitar el lavado de activos y contemplar a todos los que trabajan formalmente.

“Es una necesidad imperiosa para un sector clave de la economía nacional, que ha venido creciendo y mutando su forma de trabajo y que quiere aggionarse a las prácticas más modernas y profesionales que existen en América Latina, Europa y Estados Unidos”, indicó Carámbula.

La iniciativa también busca fomentar la formalidad ante el BPS y la DGI, lo cual tendrá como consecuencia incrementar la recaudación de ambos organismos, aumentar la transparencia del mercado, y formalizar la actividad ante la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), entre otros beneficios para el sector y el país.

“No hay espacio para el trabajo informal, si es operador inmobiliario, es formal, si es informal, no puede ser operador inmobiliario”, enfatizó Carámbula. Destacó que la elaboración del anteproyecto de ley que se presentó en 2021, contó con la participación profesional de los abogados Leonardo Costa, Santiago Carnelli, Alberto Puppo y Julio Facal.

También se apunta a garantizar por ley la libertad del cliente de comprar y vender, sin que tenga que participar un operador inmobiliario. Pero si éste participa, la ley obliga a que sea formal, registrado y capacitado debidamente.

“Es una propuesta inclusiva porque cualquiera que cumpla con los registros formales, y la capacitación requerida, podrá ejercer como operador inmobiliario”, añadió la empresaria.

El proyecto de ley incluye a todas las formas de trabajo existentes, todos están comprendidos. Es claro que no hay motivo alguno para oponerse, lo que el proyecto prevé es operadores inmobiliarios formales y capacitados.

La iniciativa tampoco limita el futuro acceso a nuevos operadores inmobiliarios, contempla a los actuales operadores inmobiliarios y a todos aquellos que quieran acceder al sector.

El proyecto cuenta con un amplio respaldo institucional que incluye a la confederación de Cámaras Empresariales, las Cámaras del interior asociadas a la CIU, la Asociación de Agentes inmobiliarios del Uruguay, el Colegio de administradores de propiedad horizontal y la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado. Igual apoyo recoge en legisladores de todas las fuerzas políticas, e instituciones como la Senaclaft, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Vivienda, entre otros.

“Es una ley clave para el sector”, remarcó Carámbula.