EN COLOMBIA

Bajo un fuerte aguacero, Luz Miryam Fique maniobra como puede con su motoneta para entregar dos bolsas de comida. Como ella, miles de repartidores en Colombia se enfrentan a la intemperie por una modesta paga.

En el país hay unos 50.000 “rapitenderos”, llamados así por la multinacional colombiana que los emplea, Rappi.

A veces reciben menos de US$ 1 por trayectos de varios kilómetros, denuncia el sindicato que formaron recientemente.

No hay ningún contrato entre estos repartidores -que en su gran mayoría se mueven en bicicleta- y el líder del mercado de reparto a domicilio en Colombia, que se fundó en 2015 y está valuado en US$ 5.250 millones.

Luz Miryam dejó su trabajo como asistente en una oficina para dedicarse únicamente a Rappi. Cuatro años después preside la organización de empleados Unidapp.

Al principio “tenía uno 130.000 o 140.000 pesos colombianos al día (US$ 51), sin fregarse (agotarse)”, explica la mujer de 57 años.

Hoy, para ganar eso, “toca trabajar por lo menos 16 horas ¡y dándole duro, duro!”, expresa a la AFP.

“Cuando yo empecé a trabajar con Rappi me dijeron: ‘tu prendes la aplicación cuando quieras, tomas el pedido que quieras, te vas a la hora que quieras’. Hoy en día no podemos hacer eso”, dice la repartidora, atenta a su teléfono para tomar un nuevo pedido.

Rappi, que a mediados de este año reconoció al sindicato, sostiene que sus repartidores “independientes (...) pueden generar el doble de ganancias por hora” que un empleado con el salario mínimo legal (unos US$ 212 al mes).

“Ganan más de lo que gana el 70% de la población colombiana por hora”, enfatiza la compañía en un comunicado dirigido a la AFP.

La llegada de más de dos millones de migrantes venezolanos a Colombia ha jugado a favor de la plataforma, que ofrece entregas a precios bajos gracias a la abundante mano de obra.

Además, la pandemia de covid-19 “le cayó como anillo al dedo” a la aplicación. “De ahí en adelante Rappi hizo y está haciendo todo lo que se le antoja”, se lamenta Luz Myriam.

La valuación de la empresa creció un 420% entre septiembre de 2018 y julio de 2021. Hoy hacen entregas en Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay y otros cuatro países latinoamericanos. 

Los confinamientos, además de disparar la demanda, han dejado sin empleo a muchos colombianos, que han recurrido a Rappi para sobrevivir. A ellos se unieron los emigrantes venezolanos que ahora constituyen una gran parte de la plantilla de la empresa.

"Hay un aprovechamiento: para un trabajador migrante es muy difícil o imposible ubicarse en la economía formal, dado que en Colombia los empleos formales son escasos", explica Natalia Ramírez, profesora de derecho laboral de la Universidad de los Andes.

Seis de cada diez colombianos trabajan en la informalidad.

Según la multinacional, "tan solo el 14% de los repartidores tendría un empleo formal si no existieran las plataformas digitales".

Luz Miryam atiende en las mañanas un negocio familiar de abarrotes y en las tardes se ocupa con Rappi. La inseguridad y los accidentes de tránsito son sus principales enemigos.

Su moto derrapó una vez bajo la lluvia y cayó al suelo. "Casi no me puedo parar. Duré como ocho días que no pude trabajar", recuerda.

La compañía no cubre gastos médicos ni las incapacidades de los repartidores que se accidentan en el trabajo.

La organización busca mejores pagos para los "rappitenderos" e intercede cuando son vetados por la aplicación, una sanción habitual para quienes se rehúsan a tomar pedidos.

Sobre el final de la tarde, Luz toma un pedido de una pastelería en un barrio rico.

"Los rappitenderos tienen que ir por atrás de la tienda (...) para que los clientes no se den cuenta (de) que nos están tratando mal", reclama mientras busca el ascensor de carga del establecimiento.

"Si nos subimos al de los clientes, el vigilante nos hace bajar. Siempre hay discriminación por el hecho de ser domiciliario", denuncia.

El parlamentario liberal Mauricio Gómez Amín prepara un proyecto de ley para "regular no solo a Rappi sino a todas las plataformas digitales para que no abusen de sus empleados".

Los repartidores "no tienen derechos laborales, y Rappi no les reconoce sus derechos, no cotizan pensión, no les pagan sus riesgos laborales", denunció Gómez

[EN BASE A AFP]