Uruguay destaca positivamente en los rankings internacionales que evalúan parámetros institucionales, de libertades civiles y democracia, pero en los que miden aspectos económicos (que generalmente incluyen el grado de facilidad para hacer negocios, competitividad y prosperidad), el país deja de estar en una posición de privilegio, para ubicarse en mitad de la tabla, o incluso más abajo, según el aspecto que se evalúa.

En esa afirmación centró su exposición (en un desayuno organizado por la delegación de la Unión Europea -UE- en Uruguay en el pasado noviembre) Victoria Martini, magister y docente en Comercio Internacional en la Universidad de Montevideo (UM) y académica supernumeraria de la Academia Nacional de Economía (Acadeco).

El País retomó esto para profundizar el diálogo con Martini, y amplió hacia otras aristas vinculadas a la competitividad del país. Aquí un extracto de la conversación.

— Un estudio realizado por la Academia Nacional de Economía concluyó que Uruguay está a mitad de tabla en los rankings económicos (Fraser Institute, Legatum Institute, Banco Mundial y Foro Económico Mundial), pero que podría ser peor. ¿Por qué?

—Sí, en esos rankings estamos a mitad de tabla. Y encontramos curioso, dentro del estudio que hicimos en la academia, que la razón por la cual Uruguay logra esa posición es porque la parte jurídica, política e institucional del respeto al derecho influye positivamente en el hacer negocios. Y eso nos pone más arriba en estos rankings. Pero si evaluamos los subíndices puramente económicos, ahí Uruguay no está a mitad de tabla, sino a mitad de tabla hacia abajo.

—¿Cuáles serían esos subíndices a los que se refiere?

—El grado de facilidad de comerciar internacionalmente, los costos de logística, los costos burocráticos, las documentaciones que hay que presentar, los trámites y otros muchos pequeños índices relativos al hacer negocios. Y estos aspectos tienen que ver, justamente, con la apertura comercial, en la que Uruguay está mal posicionado a nivel internacional (ver aparte). Ahí hay muchos temas pendientes, muchas reformas para realizar.

—Uruguay se ha propuesto mejorar en esos temas, ¿cómo lograrlo?

—Desde el lado de la política pública, son cosas que Uruguay puede cambiar en sus propias regulaciones domésticas. Hoy existen muchísimas trabas a las que las empresas que quieren importar y exportar se enfrentan día a día, en cuanto a los costos, tiempo, dinero. Queremos hacer foco en esto, porque Uruguay puede cambiar en esos aspectos, no es como cuando se quiere firmar un tratado, que sabemos que se necesita de las dos partes para ello, y a veces se tarda más tiempo en conseguir ese objetivo. En cambio, en estos casos, solo se depende de decisiones domésticas. Desde la Academia Nacional de Economía, estamos proyectando un trabajo de investigación para 2024, sobre la competitividad de Uruguay, lo que abarca un montón de aspectos, como tipo de cambio, regulación del mercado laboral, regulaciones de facilitación de negocios, impuestos.

—¿Qué se está haciendo para mejorar en los hechos, qué destacaría?

—La Cámara de Comercio y Servicios presentó el “Proyecto de Facilitación de Comercio” que empezó este año, en el que le preguntan a sus socios qué trabas en particular tienen al momento de intentar hacer negocios. De esa forma, van agrupando respuestas, poniendo negro sobre blanco cuáles son exactamente las cosas que se necesitan cambiar. Hay quienes precisan habilitaciones de registro del Ministerio de Salud Pública o, por ejemplo, tienen un sinfín de trámites burocráticos que les impiden trabajar. También para el lanzamiento de nuevos productos, se requiere habilitación. Existen tantas trabas, según los rubros, que hacen que Uruguay esté cerrado económicamente y que los costos que implican esas barreras se trasladen a los consumidores. También impide que los comercios, las empresas, las innovaciones se desarrollen de mejor forma. Siempre hay regulaciones que son necesarias, pero estamos hablando de realmente cosas que indican un esfuerzo que no tiene sentido y que afectan especialmente a la micro empresa que no pueden lidiar con tantas cargas burocráticas.

En en evento de la UE, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otras entidades gubernamenteles comentaron cuáles son algunas de las iniciativas que están llevando en sus respectivas carteras para mejorar las regulaciones.

—¿Podría poner algún caso o ejemplo específico, que sea especialmente acuciante en este momento?

—En el comercio, todos los rubros sufren burocracias y otras trabas, especialmente el comercio de bienes, porque los servicios, al ser intangibles y no tener un proceso de aduana, están un poco más liberados de estas cargas. Pero, por ejemplo, hay comentarios de empresarios de que el etiquetado (nutricional) acorde a las exigencias de los contenidos de algunos artículos, hace que Uruguay no pueda importar un montón de alimentos que sí se comercian en otros países. Y lo que es verdaderamente importante es que alguien tenga que hacer un montón de trámites adicionales que no tienen mucho sentido. Otra traba es no estar adheridos al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Los laboratorios nacionales tienen reticencia a ese tratado porque les significaría un cambio en su modelo de negocios. Lo que es cierto es que si observamos una experiencia internacional de cómo funcionan los laboratorios en todo el resto de los países del mundo en los cuales este tratado ya aplica, vemos que reformulan su negocio y las medicaciones genéricas siguen funcionando. Pero bueno, es una adaptación que sí, es cierto, tendría que hacer ese sector. Nuestro punto de vista es que si tomamos cada reclamo como válido, no cambiamos nada.

—De las barreras al comercio, ¿cuál ve que pesa más?

—Hay tres tipos de barreras al comercio: las arancelarias (que son los impuestos que cobra el gobierno para el Estado Uruguayo al momento de importar), las no arancelarias (que tienen que ver con requisitos técnicos, etcétera), y están las barreras que realmente son las más pesadas; esto es, los trámites, burocracias, certificados a presentar, todo eso son cargas muy pesadas para las empresas. Para el sector privado, por ejemplo, se comenta el caso de las certificaciones del LATU. Allí se inspeccionaban algunos de los productos alimenticios importados, pero después no se les daba a las empresas el resultado de esos análisis, o tenían que hacerlos cada vez que importaban. Cada sector, cada empresa, cada uno tiene su propia propia lista de trabas.