Redacción El País
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) elaboró un informe estadístico de actuaciones en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre 2019 y 2023. "Hasta la fecha, el Sistema Nacional de Estadísticas que administra la Senaclaft, incluye la información relativa a seis organismos del Estado, a saber: Fondo de Bienes Decomisados dependiente de la Secretaría Nacional de Drogas, Ministerio del Interior, Banco Central (BCU), Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura, Poder Judicial y la propia Senaclaft.

El informe recuerda que "la supervisión de las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos/financiamiento del terrorismo se encuentra concentrada en nuestro país, en dos organismos diferentes que supervisan, uno de ellos al sector financiero y el otro al sector no financiero. La responsabilidad de supervisión del sector financiero corresponde a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, mientras que la del sector no financiero le corresponde a la Senaclaft.

Entre 2019 y 2023 se constató "un crecimiento del 7% en el número de los sujetos obligados no financieros bajo supervisión", que se explica por dos factores: "la incorporación durante ese período de las organizaciones sin fines de lucro (ONG) al Registro de Sujetos Obligados de Senaclaft, que si bien fueron designadas como sujetos obligados por la ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017, su ingreso efectivo en el mencionado Registro se concretó finalmente en el año 2020, luego que la Senaclaft realizara todo un trabajo de depuración vinculado a ese sector. Asimismo, también podemos observar un crecimiento de los sujetos registrados como inmobiliarias, constructoras y promotores".

A su vez, en el mismo lapso dentro del sector financiero se dio "una disminución del 22% en la cantidad de sujetos obligados registrados, lo que se explica por la baja en el número de asesores de inversión registrados", agregó.

La Senaclaft y el BCU realizaron un total de 1.647 actuaciones de supervisión durante el quinquenio 2019-2023, "correspondiendo 971 al sector no financiero y 680 al sector financiero. Por su parte, también surge que en el año 2023 se realizaron un total de 581 fiscalizaciones lo cual duplicó el número las realizadas durante el año anterior y ello se debe a la mayor utilización de nuevas modalidades tecnológicas para cumplir las funciones de supervisión", indicó el informe.

Estefania Leal

"En definitiva, a partir del año 2022 la modalidad de supervisión 'a distancia' permitió aumentar el número de actuaciones realizadas y la cantidad de sujetos fiscalizados", añadió.

Según el reporte de la Senaclaft "durante el quinquenio 2019-2023 se aplicaron un total de 156 sanciones, siendo el año 2023 aquel en el cual se sancionó al mayor número de sujetos obligados (54), con un monto total de multas que ascendió (ese año) a 2.090.000 Unidades Indexadas, es
decir aproximadamente $ 12.273.000. De ese monto, el 62,7% fue por el Sector No Financiero y el 37,3% por el Sector Financiero.

Senaclaft.

Los escribanos fueron los más sancionados en 2023 por incumplimientos en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, seguidos por los usuarios y explotadores de zonas francas. Las inmobiliarias, constructoras y los promotores inmobiliarios no registran sanciones en los últimos tres años, aunque habían sido los más sancionados en 2020.

Por su parte, las organizaciones sin fines de lucro recibieron nueve sanciones en 2023.

Dentro del sector financiero, los intermediarios de valores han sido los más sancionados en el período 2019-2023, así como en el último año.

Senaclaft.

El reporte recordó que "es esperable para que el sistema funcione adecuadamente, que los sujetos obligados presenten una buena cantidad y calidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS), que permitan iniciar en forma temprana y de manera efectiva las correspondientes investigaciones, que eventualmente culminen en condenas y decomisos por los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".

En el año 2023 se dio "el número máximo de reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados, con un total de 911 ROS (lo que representa un crecimiento del 8% en relación respecto al año 2022)", indicó el reporte de Senaclaft, algo que ya había sido informado por El País en abril pasado en base al reporte que hace la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU.

El informe de la Senaclaft indicó que "durante el quinquenio 2019-2023 fueron remitidos a Fiscalía un total de 68 casos que incluyeron la información recibida mediante 220 ROS presentados por los diferentes sujetos obligados".

Foto: Archivo/El País

"Respecto a la efectividad de los reportes para generar posibles casos de lavado, se puede observar que en este periodo el sistema generó un total de 4.039 ROS, integrándose 220 en casos remitidos a Fiscalía, esto significa que en promedio el 5% de los ROS presentados por los sujetos obligados son incluidos dentro de la información presentada en Fiscalía", añadió.

La Senaclaft recordó en el documento que "mediante la adopción de medidas que permitan congelar, embargar y decomisar bienes adquiridos a través de actividades ilícitas las autoridades buscan impactar en la rentabilidad de las organizaciones criminales privándolos de sus recursos financieros".

"Estas medidas operan como un elemento disuasorio a la actividad criminal, pero también buscan dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de la prevención y represión del crimen y permiten la implementación de medidas reparatorias a las víctimas de dichas actividades", añadió.

La incautación es "la privación con carácter provisorio de algún bien, producto, instrumento, fondo, activo, recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita, y que se adopta en carácter de medida cautelar en cualquier estado de la causa e incluso en la investigación preliminar".

Mientras que el decomiso es "la privación con carácter definitivo de algún bien, producto, instrumento, fondo, activo, recurso o medio económico por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita, y que se adopta en la sentencia definitiva de condena".

"Respecto a la composición de la moneda incautada y decomisada se observa una disminución de la cantidad de dólares incautados en el año 2023 respecto a los años anteriores, resultando el 2023 el año de menor incautación de dólares durante el quinquenio. Respecto a la moneda reales brasileños se puede observar un aumento notorio en su incautación a partir del año 2022, tendencia que continuó durante el año pasado", señaló la Senaclaft.

Senaclaft.

Por su parte, "los vehículos automotores continúan siendo la principal categoría de incautación de bienes respecto al monto de total de bienes decomiso. En ese sentido, durante el año 2023 se incautaron vehículos por un total de más de US$ 770.000, lo cual representan una disminución de valor del 30% respecto al año 2022", añadió el reporte.

En total, entre bienes y monedas, en el quinquenio 2019-2023 se decomisaron US$ 10,3 millones. Destaca el año 2022 con US$ 2,8 millones decomisados.

Senaclaft.

La Senaclaft aclaró que "el tiempo de proceso de decomiso varía de acuerdo con el tipo de bien considerado, pudiendo modificarse en el futuro los valores de los bienes. En algunos casos el valor que se detalla de un bien es “0” hasta que se proceda al remate judicial del mismo".