INFORME

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La pandemia de coronavirus golpeó al mercado de trabajo. Aunque las actividades intentan recuperar sus niveles previos a la crisis sanitaria y económica, la desocupación subió en mayo a 10,2% de la población económicamente activa -0,5 puntos más que en abril-, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Un sector vulnerable en la inserción laboral que se vio impactado por este contexto adverso es el de los exreclusos.

«Desde que estoy en la Dinali (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) en abril del año pasado, lo que coincide también con la pandemia, la inclusión de personas liberadas por empresas se ha visto muy alterada», sostuvo Gustavo Silveyra, director de esa repartición del Ministerio del Interior. Antes del coronavirus tampoco pululaban los casos de empresas que abrieran sus puertas a liberados. «Las puedo contar con las manos», aclaró Silveyra.

La construcción es uno de los sectores que ha dado oportunidades laborales a exprivados de libertad en los últimos años. En 2016, la Rendición de Cuentas estableció que las empresas que participen de licitaciones de obras y servicios públicos deben contratar para cubrir el 5% de los puestos de peón, medio oficial, oficial y similar, a liberados que integren la bolsa de trabajo de la Dinali.

Recientemente, varias de las principales constructoras junto a la Dinali acordaron la contratación de una decena de liberados para trabajar en la segunda planta de UPM. La iniciativa incluye a afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, internos del Inisa y liberados, detalló Silveyra.

Para Teyma, el trabajo con exprivados de libertad tiene una historia de 15 años. La consigna inicial fue incorporar a por lo menos un liberado en cada obra; luego, amplió el criterio a la unidad Teyma-Medio Ambiente, dedicada a la gestión de residuos (por ejemplo, en el Municipio B de Montevideo).

«Cuando hay un proceso de selección, entre las fuentes de reclutamiento que se utilizan hay varias relacionadas con ONG u organismos públicos que atienden a sectores vulnerables y de allí tomamos personas para incorporar», dijo Jorge Penedo, director de RR.HH. y Relaciones Laborales de Teyma.

Un paso más allá en esa apuesta cobra forma en la empresa Etarey, propiedad de Teyma, que tiene a cargo el mantenimiento y los servicios dentro de la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles. Allí, unas 100 personas privadas de libertad están empleadas en tareas de limpieza, lavandería, jardinería y alimentación. «Tienen todos los derechos y obligaciones de cualquier trabajador», aclaró Penedo. Los reclusos deben cumplir un horario; a cambio, ganan un salario (depositado en cuentas bancarias que administran sus familias), cobran horas extras, aportan al BPS y perciben salario vacacional (como licencia no gozada). Su contrato dura 12 o 18 meses.

Desde su apertura en noviembre de 2019, en Mercado Williman hay un liberado desempeñándose en mantenimiento. «Es una persona que desde el día uno está con muchas ganas de trabajar y tiene una relación excelente con todo el mundo», destacó Matías Rybak, socio de la firma. «Muchos saben de dónde viene y se le han acercado para decirle que es muy valiente. Generó algo muy positivo sin buscarlo», acotó.

Rybak sumó a este colaborador tras conocer el «Banco laboral», un programa de reinserción para liberados que promueve la asociación civil Ombijam. Su propósito, según se autodefine, es «colaborar en el fortalecimiento de la seguridad pública, a través de procesos de rehabilitación y reinserción socio-laboral de personas privadas de libertad, liberadas y sus familias».

El trabajo de la asociación apunta a un abordaje integral de la persona liberada y su familia, que incluye aspectos como atención psicológica, tratamiento de adicciones, asesoramiento jurídico y recreación, entre otros, detalló Pamela Martínez, directora de Ombijam. A partir de su experiencia con la asociación, creada en 2017, Martínez observa «un progreso paulatino en el trabajo del Banco laboral» y en el acercamiento de las empresas. Pero, aún «falta muchísimo», matizó.

A través de Ombijam, la empresa de moda Gladys T ha colaborado con los privados de libertad y sus familias. La directora de la empresa, Gladys Turniansky, fue la primera empresaria en unirse al Banco laboral, en 2018. Poco después, armó un taller de costura para dar trabajo a las esposas de reclusos o mujeres liberadas. «El taller estuvo funcionando hasta la pandemia. Había gente que les enseñaba cómo armar bolsas y kits para yoga, para que pudiesen vender» y generarse un ingreso, relató Turniansky, quien colaboró con materiales y maquinaria para impulsar la idea. La empresaria también abrió varias veces su atelier para dar a conocer la labor de este grupo de mujeres a sus clientas.

«La idea es seguir con este proyecto, porque apuntamos a fortalecer la reinserción laboral», anticipó Turniansky, enfatizando la premisa «moda con propósito» que se leía en las bolsas creadas por el taller.

En Redpagos no han incorporado liberados, pero están en conversaciones con Ombijam para hacerlo, aseguró el coordinador de RSE Eduardo Méndez. «En el marco del apoyo que venimos realizando desde hace unos meses estamos interesados en poder sumar al ‘Banco laboral’», indicó.

Brindar contención a los liberados es un paso importante en su proceso de inserción laboral. Turniansky contó que el apoyo de una psicóloga a las participantes del taller de costura las ayudó a superar frustraciones. «De repente sentían que algo no les salía y querían dejar todo», recordó.
La Dinali ofrece un servicio de seguimiento y selección de los liberados
-quienes acceden a trabajos en el sector público y privado- a lo largo de dos años (la duración de las pasantías) mediante reuniones semanales o quincenales. En ese ámbito se atienden problemas personales, laborales o de adicciones.

Ese acompañamiento apuntala a los liberados en su desempeño a la vez que redunda en una menor tasa de regreso a la vida delictiva. Al año, entre 6.000 y 7.000 personas salen de prisión en Uruguay y el 65% reincide en el delito, según Silveyra. Sin embargo, ese número cayó a 6,8% en 2020 entre quienes trabajaron en las pasantías de Dinali, afirmó el director.

Un desafío importante es que las personas desarrollen una cultura de trabajo, como cumplir un horario, también con aquello que se les encarga, y tener un buen relacionamiento con sus compañeros de tareas y jefes.

El apoyo de Dinali y las ONG ayuda a que las personas incorporen esos valores, señaló Penedo, y explicó que también «a veces funciona el llamado de atención; se enganchan y eso nos da un plus».

El trabajo en Etarey, agregó, prepara a las personas para las responsabilidades que tendrán en cualquier empresa. Esto se ve reforzado por la formación que brinda la firma junto al Inefop en el plano técnico (como auxiliares de servicio) y también respecto a lo que implica tener un trabajo.

Pero el estigma que acompaña a quienes han estado en prisión afecta sus opciones en un mercado laboral competitivo. Contar con baja calificación también juega en contra.

«Las personas con antecedentes son algo complejo a evaluar a la hora de la contratación. Y mucho más si después que contratás a la persona está el problema del relacionamiento, de las adicciones o de comportamiento», admitió Silveyra, quien remarcó el esfuerzo de Dinali al velar por los liberados en su adaptación a la vida laboral.

Rybak invitó a las empresas a «cortar un poco con los prejuicios». «Todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida y también creo que no todos tenemos las mismas oportunidades», arguyó.

De a poco, algunas empresas están brindando una segunda oportunidad.

Los beneficios fiscales pueden estimular a las empresas a incorporar exreclusos. Un proyecto de ley de la senadora colorada Carmen Sanguinetti, presentado el año pasado, apunta en esa dirección. La propuesta, recogida en la Ley de Presupuesto, establece que las empresas que participen del proyecto «Incentivos para la Reinserción Laboral de los Liberados» (del Ministerio del Interior), con empleo y capacitación, podrán acogerse a beneficios que definirá el Poder Ejecutivo. A su vez, se faculta a Interior a trasponer créditos desde el programa «Gestión de la Privación de la Libertad» al proyecto si éste genera ahorros.

Sanguinetti, que impulsa la iniciativa en base a su experiencia trabajando este tema en el exterior, dijo que «hay que traccionar mucho más en políticas públicas y en este caso con los privados». «No hay manera de mejorar la seguridad si no mejoramos lo que pasa en las cárceles y no hay forma de lograrlo si no mejoramos las posibilidades de quienes salen», cerró.