Por Gustavo Stok/Buenos Aires
En el inicio de su gobierno, el presidente argentino Javier Milei cumplió con una de sus principales promesas de campaña. En enero pasado, por primera vez desde agosto de 2012, la economía argentina logró registrar un superávit fiscal, esto es que los ingresos superaron a los gastos, incluyendo dentro de ellos a los intereses de la deuda pública.

Ese resultado fue celebrado por los mercados financieros en los últimos días con la caída de la cotización de los dólares libres y el alza de los bonos argentinos. Incluso el riesgo país retrocedió el viernes al nivel más bajo en dos años (ver aparte).

A su vez, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que destacó que “el superávit fiscal beneficia a todos los argentinos; permite terminar con la emisión, comenzar a reducir la inflación y trazar el camino para la reducción de impuestos. Este es el programa que el presidente Javier Milei prometió al pueblo argentino, y el que se está llevando a cabo a pesar del constante ataque de quienes ven peligrar sus privilegios. El déficit cero no se negocia”.

Sin embargo, la forma en la que la economía argentina arribó al superávit fiscal genera tantos interrogantes como cuestionamientos.

Lejos de haber utilizado la “motosierra” tantas veces esgrimida durante la campaña electoral como símbolo del recorte que iba a aplicarse sobre el gasto de la “casta” política, el gobierno logró la reducción del 39,4% en términos reales de las erogaciones del Estado con respecto a enero del año pasado gracias a una licuación de las partidas destinadas a jubilaciones, planes sociales, salarios de empleados estatales, transferencias a las provincias, subsidios a los servicios y obras públicas.

“No es un éxito haber alcanzado superávit financiero de la forma en que se logró: más que ‘motosierra’ hasta ahora hubo ‘licuadora’. Mientras en enero los recursos tributarios crecieron a un ritmo del 250% interanual en línea con la inflación, las prestaciones sociales, en particular las jubilaciones, además de los salarios públicos, crecieron solo en un 150%”, dijo a El País el economista Jorge Colina, titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en Buenos Aires.

En el mayor recorte real interanual del gasto público de los últimos 30 años en Argentina, los jubilados se llevaron la peor parte. Con una inflación acumulada que se prevé en torno al 75% en el trimestre diciembre-febrero, el aumento de los haberes del 27,1% pautado para marzo asoma apenas como un paliativo.

Más aún si se tiene en cuenta que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones ya lleva varios años. Solo en 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las jubilaciones cayeron 32% en términos reales.

“El mayor recorte hasta ahora se hizo sobre las jubilaciones, que es el mayor componente del gasto público. Los montos de la jubilación mínima, que alcanzaban para cubrir 1,15 veces la canasta básica en noviembre pasado, pasarán a cubrir 0,75 en marzo, de acuerdo a nuestras proyecciones. Es un ajuste muy fuerte”, dijo a El País el economista Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.

Es decir, la jubilación mínima pasó de más que cubrir el costo de la canasta básica a no llegar a cubrirlo.

El derrumbe del gasto en jubilaciones explica un tercio del ajuste registrado en enero pasado.

Otro de los rubros que sufrió la poda es el que corresponde a las transferencias discrecionales a las provincias, aquellas que no están regidas por el régimen automático de Coparticipación Federal.

Si bien buena parte de esos envíos luego se canalizan a través de mecanismos como el Fondo Nacional de Incentivo Docente por el que el gobierno complementa el salario de los docentes provinciales, esas partidas se eliminaron casi por completo.

Sin esos recursos, peligra el inicio de las clases en gran parte del país. A eso se le suma la fuerte reducción de las transferencias a las universidades públicas, lo que también abre interrogantes sobre el comienzo del ciclo en ese ámbito.

Otra parte del ajuste provino de los salarios de los empleados públicos, que recibieron aumentos muy por debajo de la inflación, a lo que se suma una poda casi total del gasto en obras públicas.

Por último, una porción importante de la reducción de las erogaciones del Estado corresponde al drástico tijeretazo aplicado sobre los subsidios a las tarifas de servicios públicos, lo que derivó en fuertes aumentos en transporte, electricidad, gas y agua.

Tras el fracaso para aprobar la llamada ley Ómnibus en el Congreso, el gobierno ratificó a comienzos de febrero su compromiso de alcanzar en forma irrenunciable el equilibrio fiscal.

En esa línea, ya sin los aumentos de impuestos previstos en ese proyecto que iban a implicar el 40% del ajuste, el gobierno decidió profundizar el recorte del gasto público incluso en partidas sensibles.