Brasil volverá a partir de enero del próximo año a aplicar tarifas para la importación de vehículos eléctricos y que estaban extintas desde 2015, según anunció el pasado viernes la Cámara de Comercio Exterior (Camex) de Brasil.

Los automóviles eléctricos o híbridos fabricados en el exterior pagarán desde enero un arancel entre el 10 % y el 12 %, que subirá gradualmente hasta el 35 % en 2026, de acuerdo con la Camex, un consejo interministerial responsable por las políticas comerciales.

La medida pretende ayudar a la industria nacional desarrollando la cadena de producción del sector y acelerando la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de la flota brasileña, de acuerdo con el servicio estatal de noticias Agencia Brasil.

La medida coincide con la retomada de la política del incentivo al uso del etanol de caña de azúcar, un biocombustible que tuvo su auge en los primeros Gobiernos del presidente Luis Ignacio “Lula” da Silva (2003-2010) y que ahora en su tercer mandato vuelve a tomar fuerza.

La Camex publicó un documento con los detalles de la aplicación progresiva del impuesto, que llegará al 35 %, el máximo permitido entre los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

La tabla tiene en cuenta el tipo de vehículo, fuente de carga de la batería y el uso destinado para los mismos, en los que los camiones tendrán el incremento de manera más acelerada y ya en 2024 pagarán el 35 % máximo estipulado.

No obstante, las empresas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para seguir importando con exención hasta determinadas cuotas de valor, también fijadas por modelo y que van desde los US$ 582 millones en 2024 hasta los US$ 159 millones en el último año.

Brasil aplicaba desde 2015 un arancel cero para la importación de eléctricos y piezas, y ofrecía descuentos en otros tributos, lo que ha contribuido para convertir el país en el mayor mercado de América Latina, con una flota de 126.504 vehículos eléctricos e híbridos.

El 40 % de esa flota fue matriculado sólo en 2022.

Los subsidios han supuesto que Brasil haya dejado de recaudar US$ 3.600 millones desde que la norma está en vigor, según un estudio de la consultora Bright Consulting. [EFE]