ANÁLISIS

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En el informe de diagnóstico del sistema jubilatorio -previo a la reforma jubilatoria- que elaboró semanas atrás, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) planteó que hay varios programas “pobremente regulados y supervisados” que luego generan “inequidades, rigideces, fallas o lentitud en la detección de problemas y vulnerabilidades”.

Más en profundidad, un documento elaborado por uno de los integrantes de la CESS, el economista Álvaro Forteza señala que “la operación del sistema de seguridad social en Uruguay ha tenido muchos aciertos, pero también algunas fallas llamativas”.

Entre otras, menciona que “el Banco de Previsión Social (BPS) ha presentado públicamente proyecciones actuariales con base en 2013 y 2018. Las proyecciones base 2018 se hicieron públicas en el sitio web de la institución en enero de 2020. Entre tanto, el resultado financiero de la institución se deterioró y se alejó considerablemente de las proyecciones existentes” y a su vez “el BPS sigue incumpliendo con la obligación de notificar a los trabajadores la historia laboral, de acuerdo a lo que establece la ley (leyes 16.190 y 16.713)”.

Otra de las “fallas llamativas” es que “los servicios de retiros policial y militar (Caja Policial y Caja Militar) carecen de proyecciones actuariales sistemáticas”. A su vez, “algunos servicios previsionales escasamente capitalizados atienden a colectivos pequeños con elevado riesgo no diversificable”.

También menciona que el Banco de Seguros del Estado (BSE) “es actualmente el único proveedor de rentas vitalicias en el país y sus autoridades han manifestado que es una cartera fuertemente deficitaria”.
Según el estudio de Forteza, “las carencias mencionadas sugieren que hay oportunidades de mejora del actual sistema de regulación y supervisión de la seguridad social en Uruguay”.

Para mejorar algunas de las fallas que tiene el sistema jubilatorio en la actualidad, el estudio sugiere considerar algunas opciones.

Por un lado, la “creación de una Superintendencia de Seguridad Social que, respetando el texto y sentido del artículo 195 de la Constitución de la República (que crea el BPS, ‘con carácter de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social’), tenga competencia sobre todo el sistema y pueda realizar una supervisión integral del mismo”.

Añade que “no deberían dejarse de considerar las posibilidades que otorgan los artículos 197 y 198 para el BPS y el BSE (establecen la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga las observaciones pertinentes a estos organismos), así como la posibilidad de que legalmente se instrumenten controles similares a nivel de otros agentes en el sistema”.

Según el documento “actualmente, la regulación y supervisión está dispersa. Conviven en el sistema de seguridad social de Uruguay prestadores que están sometidos a una muy estricta supervisión por parte del Banco Central (BCU, como las AFAP y el BSE) con prestadores escasamente controlados”.

Otra de sus propuestas es el “fortalecimiento y jerarquización del análisis actuarial. La regulación y supervisión se ha orientado en forma predominante al análisis de contabilidad (balances, memoria y estados financieros), descuidando la perspectiva actuarial que es esencial y distintiva de los sistemas previsionales. Algunos organismos de supervisión y prestadores de servicios previsionales carecen de equipos actuariales”.

El análisis actuarial consiste en proyectar variables (demográficas, de empleo, de esperanza de vida, de ingresos, aportes a percibir, jubilaciones a pagar, etc.), teniendo en consideración las posibles contingencias.

Para mejorar este aspecto, Forteza sugiere el “establecimiento de la obligatoriedad de realizar proyecciones actuariales con una periodicidad mínima. Las normas existentes que prevén la realización obligatoria de proyecciones actuariales están dispersas y no alcanzan a todo el sistema”, ya que “no se encontraron normas que obliguen a los servicios de retiros policial y de las fuerzas armadas a presentar proyecciones actuariales”.

También aconseja la “elaboración de pautas para la realización de las proyecciones actuariales. Actualmente, varios prestadores de servicios de seguridad social no reciben pautas claras para la elaboración de las proyecciones por parte de una autoridad supervisora competente”.

Adicionalmente “las proyecciones actuariales deberán ser verificables por terceros. La información que se brinda actualmente no permite reproducir fácilmente los cálculos. Debería evaluarse la posibilidad de tender a un esquema de ‘código abierto’, respetando la confidencialidad de la información cuando corresponda”, plantea.

El estudio dice que “la supervisión no deberá limitarse a lo financiero y actuarial, sino que deberá controlar también la calidad de los servicios a la población. Actualmente, la supervisión, cuando existe, suele limitarse a lo contable y, en menor medida, a lo actuarial. En la mayor parte del sistema, no se identificó una supervisión sistemática de la calidad de los servicios prestados: calidad del servicio a los beneficiarios (en mostrador y online), tiempos de espera de los beneficiarios para acceder a los beneficios, certificaciones médicas, notificación de historia laboral, etc”.

“El BCU es una excepción también en esta materia, ya que cuenta con una supervisión de la calidad de los servicios prestados por las AFAP”, concluye.

Los salarios altos, ¿aportan más en la vida laboral que la jubilación que perciben?By Fabian Tiscornia

MIRA TAMBIÉN

Los salarios altos, ¿aportan más en la vida laboral que la jubilación que perciben?