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Por Gustavo Stok/Buenos Aires
La inflación continúa acelerando su marcha en Argentina. Con el 8,4% registrado en abril, el índice interanual trepó al 108,8%, el nivel más alto de los últimos treinta años. Con todo, ese panorama podría empeorar aún más en los próximos meses.

Con devaluaciones diarias del peso que deberán adquirir mayor velocidad para que el tipo de cambio oficial no quede todavía más rezagado frente al resto de los precios, una serie de aumentos de tarifas por delante y la expectativa de mayor volatilidad en los dólares paralelos a medida que se acerque la fecha de las elecciones presidenciales, economistas advierten que el nuevo piso de la inflación ya es mayor al 7% mensual.

“Es una dinámica complicada porque hay muchos precios de la economía que se están empezando a indexar. Los acuerdos de precios tienen cláusulas de ajuste mensual, el transporte metropolitano está empezando a ajustarse con la inflación del mes anterior, al igual que los servicios privados regulados, y las negociaciones salariales están abriéndose cada tres meses. Todo eso, sumado una expansión monetaria que sigue siendo muy fuerte, configura una dinámica de indexación cada vez más rápida”, dijo a El País la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, en Buenos Aires.

En ese marco de aceleración inflacionaria, el objetivo casi excluyente del ministro de Economía, Sergio Massa, pasa por llegar a las elecciones primarias del 13 de agosto y a las generales del 22 de octubre sin una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial, el que rige las operaciones de comercio exterior.

En el actual contexto, un salto cambiario daría un impulso adicional a la inflación y, con eso, quedarían aún más reducidas las chances electorales del oficialismo.

El problema es que el gobierno argentino dispone cada vez de menos herramientas para postergar una devaluación. Sin reservas netas en el Banco Central –algunas estimaciones señalan incluso que ya están en terreno negativo-, las opciones para hacer frente a la clásica demanda de dólares que sobreviene en Argentina en cada período electoral son muy acotadas. Por un lado, el gobierno viene endureciendo aún más el cepo cambiario con un cierre muy estricto de las importaciones para evitar que sigan saliendo divisas por esa vía. Por el otro, para contener el alza de los dólares paralelos y evitar una ampliación de la brecha con el tipo de cambio oficial, el Banco Central está interviniendo en el mercado con la venta de bonos en dólares y el uso de sus escasas reservas. Casi sin otras alternativas a mano, la autoridad monetaria estaría apelando a medidas de emergencia como la utilización de depósitos en dólares de organismos públicos, que son contabilizados como encajes y forman parte de las reservas brutas.

Sin embargo, esa dinámica no es sostenible. Frente a esas urgencias y ante los magros regulados del “dólar-soja 3” –un estímulo temporario para que los exportadores apuren sus liquidaciones-, el gobierno argentino juega buena parte de sus fichas a lograr un cambio en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo es que el organismo adelante para el próximo mes los tres desembolsos por unos U$S 3.500 millones cada uno previstos para fines de junio, septiembre y diciembre. Si bien esos más de U$S 10.500 millones deberán ser destinados en lo que resta del año a cumplir con las obligaciones pautados con el FMI, la llegada de esos fondos servirían para al menos mostrar que el Banco Central podría contar con algo de poder de fuego en los meses previos a las elecciones.

En medio de esas negociaciones con el FMI, el gobierno argentino viene ofreciendo algunos gestos de buena voluntad. Por un lado, aceleró el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, una de las clásicas demandas del organismo de crédito. Aunque todavía sigue corriendo por debajo de la inflación, en abril la devaluación fue del 6,6% en promedio, una aceleración con respecto al 6% de marzo y al 5,4% de febrero. Además, el gobierno lanzó en mayo un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos –electricidad, gas y transporte- para reducir el monto de los subsidios y, con eso, el déficit fiscal. Por caso, los usuarios de energía eléctrica del segmento de mayores ingresos, que comenzarán a pagar la tarifa plena, tendrán subas promedio del 97%.