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Los repartidores a domicilio españoles de aplicaciones como Deliveroo o Ubereats serán considerados asalariados tras un acuerdo laboral entre gobierno, sindicatos y patronal que convierte a España en pionera en Europa en la protección social de este colectivo.

"Son ya trabajadores asalariados y van a gozar de todas las protecciones", anunció en una rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, congratulándose de que España sea "el primer país de la Unión Europea que legisla sobre esta materia".

Estos repartidores, que se mueven en moto o bicicleta por las ciudades y cuyo número se disparó en los últimos años, habían denunciado en numerosas ocasiones la precariedad de su empleo en España, tanto en protestas en las calles como en los tribunales.

El texto acordado entre el gobierno, sindicatos y la patronal, "reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital", indicó en un comunicado el ministerio de Trabajo.

"He dicho muchas veces que un trabajador que va por nuestras calles en bicicleta con una aplicación, no era un emprendedor", subrayó Díaz.

A partir de ahora, "serán empleados, gozarán de todos los derechos", las empresas cotizarán por ellos "y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen", abundó.

El texto prevé además que los sindicatos estén informados de "las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas".

Hasta ahora, las asociaciones de repartidores habían criticado la opacidad de los algoritmos que crean perfiles de los trabajadores y atribuyen horas de trabajo en función de los mismos.

La reforma será aprobada en las próximas semanas en el Consejo de ministros y dará tres meses a las empresas para adaptarse a la nueva regulación, indicó Díaz, del partido de izquierdas radical Podemos, socio minoritario del gobierno de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Su ejecutivo se basó en una decisión del Tribunal Supremo español en septiembre, que reconocía la existencia de una relación laboral entre un repartidor y la empresa española Glovo, tras años de litigio entre los repartidores y las plataformas.

En un comunicado conjunto, las plataformas Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats criticaron "la laboralización forzosa propuesta por el gobierno (...), poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones de euros (US$ 838 millones) al PIB nacional".

También subrayan que "la obligación de revelar los algoritmos (...) afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial".

Del lado contrario, el colectivo de repartidores Riders por Derechos celebró la reforma, aunque lamentó que "ha sido enfocada únicamente en los riders".

Otras plataformas en línea, como los teleoperadores, "emplean a muchas más personas" sin estar reguladas, indicó Anna Ginés, especialista de derecho laboral en la escuela de negocios Esade.

Aun así, España se sitúa a la cabeza de Europa en la protección de estos trabajadores, que en países como Reino Unido, Francia o Italia son considerados empresarios por cuenta propia.

En 2017, Bélgica aprobó una ley para crear un impuesto del 10% de las rentas del trabajo obtenidas a través de estas plataformas, pero no ofrecía ni un estatuto laboral ni protección social a los repartidores.

Algunas empresas decidieron por cuenta propia formalizar su relación con los repartidores: la escandinava Foodora firmó convenios colectivos con los sindicatos en Suecia y Noruega que implicaron mejoras salariales, mientras que JustEat presume de emplear 22.000 repartidores asalariados en el mundo y prevé contratar de forma indefinida a 4.500 personas en Francia.

California votó en 2019 una ley única en EE.UU. ordenando a este tipo de empresas a considerar a sus trabajadores como asalariados y otorgarles la protección social adecuada, pero el pasado noviembre fue rechazada en un referéndum popular.