REINCIDENCIA

Tras la sanción a FNC, se hará un “seguimiento” del mercado cervecero.

Esta historia empezó el 10 de junio de 2016. Ese día llegaron hasta la sede de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia representantes de la empresa Milotur S.A. (razón social de la compañía chilena CCU, que desembarcó en Uruguay tras la compra de Nix y Nativa en 2012) para denunciar al peso pesado del mercado cervecero nacional, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC).

¿Qué sostenía CCU? Según ella, FNC —filial de la multinacional AB InBev— estaba abusando de su posición dominante en la plaza uruguaya mediante la concreción de acuerdos de exclusividad con diferentes comercios. De esta manera, supermercados, autoservicios y almacenes de todo el país que habían establecido con FNC este tipo de acuerdos —a veces escritos, a veces verbales— estaban impedidos de comercializar las marcas de cerveza Heineken y Schneider, distribuidas en Uruguay por CCU.

Casi un año y medio después de la denuncia de CCU, la comisión —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía— tomó la decisión de sancionar a FNC. En la resolución con fecha 8 de noviembre, la comisión sostiene que se logró probar la existencia "de un abuso de posición dominante" de FNC, "consistente en la celebración de acuerdos de exclusividad que limitan a los consumidores la posibilidad de optar entre diversas marcas de cerveza y obtener diversos precios y prestaciones, además de representar un obstáculo a los restantes competidores para el desarrollo efectivo de la libre competencia".

Por este motivo, la comisión ordenó a FNC "el cese inmediato de la conducta reputada como ilegal", dispuso una multa de 15 millones de Unidades Indexadas (alrededor de US$ 1,9 millones, la más alta desde que la comisión empezó a funcionar en 2009) y también la puesta en marcha de un "seguimiento periódico" del mercado cervecero.

Esta es la segunda vez en cuatro años que la comisión sanciona a FNC por una práctica anticompetitiva. En abril de 2013 (por "limitar el acceso de la cerveza marca Heineken al comercio minorista", según consta en la resolución aparecida en aquel momento) fue castigada con una multa de unos US$ 1,36 millones. En aquella oportunidad, la denunciante había sido Osanil S.A. (por aquella fecha, importadora de Heineken). Hasta la nueva resolución conocida la semana pasada se trataba de la sanción económica más elevada determinada por la comisión desde su creación.

De hecho, en la resolución más reciente la comisión menciona este hecho, y señala como un "agravante" el que FNC "sea un agente reincidente en la comisión de prácticas anticompetitivas". También fueron vistos como agravantes "su grado de participación en la comisión de la práctica anticompetitiva, su intencionalidad, y la actitud asumida durante el desarrollo de estas actuaciones administrativas, dada su negativa a colaborar con la investigación".

Entre otros, la resolución recuerda que FNC se "negó" a presentar estos contratos ni tampoco dijo con qué puntos de venta tenía estas "exclusividades".

La comisionada Luciana Macedo —una de los tres integrantes de la comisión— indicó a El País que de todas maneras (a pesar de que FNC no "cumplió con el deber de colaboración") se obtuvo un "modelo de contrato", que permitió conocer qué forma adoptan este tipo de acuerdos (en los casos en que se decidía que fueran escritos). Más allá de que no fue posible conocer de manera fehaciente la cantidad de comercios involucrados en esta práctica, la economista indicó que "el universo incluye de todo".

Macedo también apuntó que no solamente "importa la cantidad" de comercios que adhirieron a esta práctica sino también "cuáles son estos puntos de venta". Por ejemplo, si se trata de una gran superficie o de un almacén de barrio.

En relación al "seguimiento" del mercado de la cerveza que está contemplado en la resolución de la comisión, Macedo dijo que pese a que todavía no se detalló "específicamente" cómo se llevará adelante, "podría ser" cada seis meses. Se trata de "seguir más de cerca el comportamiento de la empresa", explicó. Para esto, se le solicitará información a la propia FNC, añadió.

Dentro del mercado de la cerveza a nivel local, FNC es el rey indiscutido. Según las cifras que maneja la comisión, esta compañía concentra alrededor del 95% del mercado. Las marcas Patricia, Pilsen, Norteña, Stella Artois, Zillertal y Corona, entre otras, se producen en el país o importan bajo el paraguas de esta empresa.

CCU, por su parte, posee una participación de 2,6% (de acuerdo a lo que detalla un informe técnico de octubre de este año y que refiere a datos del año 2015).

Esta diferencia en los portes del denunciado y el denunciante aparece en la resolución de días atrás. "El informe jurídico concluye que una empresa que goza de una posición cercana al 95% del mercado, y otra que cuenta con menos del 5%, no se encuentran en igual situación, pues las conductas de una y otra no afectan de la misma forma al mercado, descartando por este motivo que la denunciante haya incurrido en la misma conducta que la denunciada, no vulnerándose, por tanto, el principio de igualdad de las partes en estos obrados", indica el texto.

Ante la consulta de El País, FNC indicó que "no tiene declaraciones para realizar en esta oportunidad".

CCU ha iniciado acciones similares contra AB Inbev en otras geografías. En mayo se supo que había denunciado a Quilmes en Argentina por "abuso de posición dominante" y "prácticas comerciales desleales". Esto sigue a estudio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En Chile apuntó a Cervecería Chile (filial de AB InBev), y advirtió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que Cervecería Chile había caído en una "fijación agresiva de precios".

Los fabricantes de cerveza a nivel nacional —al igual que los de aguas, sodas y maltas, entre otras bebidas—, que comercialicen en envases retornables gozan de un crédito fiscal. Esto se calcula en función de los litros de bebida producidos.

Este crédito fiscal "podrá ser compensado con las obligaciones propias de tributos administrados por la Dirección General Impositiva", señala el decreto Nº 91/011.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el fisco, en 2014 este beneficio ascendió a $ 376 millones en el caso de la cerveza, lo que equivalió a 1,47% de la recaudación del Impuesto Específico Interno (Imesi) de ese año y a 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB).

Un año antes, en 2013, esa cifra había llegado a $ 402 millones, mientras que en 2012 fueron $ 408 millones.

El origen de este beneficio se remonta a la Rendición de Cuentas de 2007. Su artículo 496 indicaba: "facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio a los fabricantes de bebidas de origen nacional, el cual tendrá carácter transitorio y gradualmente decreciente".

En tanto, el informe titulado Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2012 - 2014 (publicado en noviembre del año pasado) señaló que "la principal línea de gasto tributario en el Imesi lo constituye el subsidio a la cerveza que entró a regir a partir del primero de enero de 2009, según el Decreto Nº 789/008, del 22 de diciembre de 2008".

En 2011, agregó este trabajo de la DGI, se estipuló el instrumento del crédito fiscal.

"El sacrificio fiscal de esta medida para el año 2014 se estimó en casi un 1,5% de la recaudación del Imesi", sostuvo el informe. Todavía no hay información correspondiente a los años 2015, 2016 y el corriente.