IMPUESTO MUNDIAL

Uruguay hizo “uso” y “abuso” de exoneraciones impositivas para atraer inversiones y ahora se enfrenta a la “reforma fiscal más grande del siglo” con cambios que “nos desafían en forma dramática”. Este reto a los regímenes de promoción de inversiones y de zonas francas, es también una oportunidad para mirar el sistema tributario, encarar otras reformas que Uruguay requiere y ha ido postergando, y jugar el partido de la revolución digital.

En esos aspectos coincidieron -con matices- los expertos Amparo Mercader (socia del sector de impuestos en PwC en Washington, Estados Unidos), Alberto Barreix (exlíder principal fiscal del BID y asesor internacional en materia fiscal), Félix Abadi (socio de Rueda, Abadi y Pereira) y Gabriel Oddone (socio de CPA Ferrere) ayer en el evento “Impuesto corporativo mínimo global” organizado por la Universidad ORT en formato presencial y virtual.

El pasado 1° de julio se anunciaba el acuerdo de 130 países del mundo (Uruguay entre ellos) para un impuesto mínimo global a la renta de las empresas multinacionales. El acuerdo va más allá y establece las bases tributarias de los negocios del futuro como la economía digital y del conocimiento.

Los expertos repasaron cómo se llegó a esta situación, qué implican los cambios y los impactos para Uruguay.

Mercader explicó que de los dos pilares que tiene la “reforma fiscal más grande del siglo”, uno refiere a la economía digital y del conocimiento y el otro es el impuesto mínimo a la renta empresarial de 15%.

Este segundo “es el que más nos afecta en Uruguay”, dijo la tributarista y lo explicó con un ejemplo: “Si una empresa estadounidense tiene una subsidiaria en zona franca en Uruguay, tendrá que pagar en base de la casa matriz la diferencia entre 0% (lo que abona hoy la subsidiaria en zona franca) y 15%”.

“Con esto estamos perdiendo atractivo de inversiones” y hay que tener en cuenta que EE.UU. va a incorporarlo a partir del 1° de enero y eso pone “mucha presión sobre Uruguay”, afirmó.

Por su parte, Barreix explicó que “acá el problema es la transparencia, no la territorialidad”, porque desde 2008 a esta parte, los países desarrollados persiguen las fortunas de las personas y ahora empiezan a hacerlo con las ganancias de las empresas. Así que “you can run, but can’t hide”, dijo. En referencia a que las personas ponían sus fortunas en cuentas en paraísos fiscales y las empresas deslocalizaban sus ganancias hacia países de baja o nula tributación, es decir podían “correr”, pero ahora “no pueden esconderse”.

Esto es debido a que más de 140 países (Uruguay entre ellos) intercambian información tributaria automática, se debe conocer el beneficiario final de las sociedades.

Según Barreix, Uruguay con los cambios impositivos que hizo en 2016 fue a contramano de lo que se venía. En vez de ampliar la base imponible (y que tributen más empresas y personas) y bajar las tasas de tributos a la renta, se optó por el camino contrario. Eso impactó en la clase media, dificultó el ahorro nacional y “nos quedamos mendicantes de la inversión internacional”, afirmó.

Entonces, Uruguay hizo un “abuso” por un lado de los incentivos tributarios a las inversiones, y “por otro lado damos incentivos redundantes y hasta más que incentivos, en casos que todos conocemos”, criticó.

A su juicio, el país debería poner un impuesto mínimo a la renta empresarial a partir de cierto umbral de facturación. De esa manera, se cumple con la exigencia a nivel global y podría hacer que empresas “que ganan bien y (hoy) no pagan nada, paguen un poco” y “aflojarle la cincha al resto”.

En tanto, Abadi dijo que el pilar 1 (economía digital) desmantela las imposiciones unilaterales que establecieron los países (Uruguay entre ellos) a empresas como Uber, Netflix, Spotify, entre otras. Por esta razón, Uruguay “va a tener una pérdida de recaudación, no sé si de gran significación, pero pérdida al fin”.

El pilar 2 (impuesto mínimo a la renta empresarial mundial) “no deja de ser preocupante para Uruguay, porque Uruguay ha usado y abusado de la exoneración (de impuestos) como instrumento de desarrollo”. Entre estos mencionó a la ley forestal, la de incentivos al software, la de zonas francas y el “régimen demasiado generoso” de la ley de Inversiones.

“No está mal que nos remuevan de ese modelo, porque permite que el país haga otras reformas que se necesitan”, afirmó Abadi y planteó “ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, porque “nos facilitaría políticamente algunas reformas que para los uruguayos son muy difíciles”.

En tanto, Oddone dijo que esta “es una ola que Uruguay tiene que surfear, no existe que la ignore” y que “nos desafía en forma dramática” al sistema tributario, los regímenes de promoción de inversiones y las zonas francas.

“Precisamos captar inversiones, tenemos que ser atractivos en algún sentido y es lo que hemos sabido hacer en los últimos 70 años”, pero esos incentivos que Uruguay utilizó están “cercenados” por este cambio global, indicó. “No nos conviene (cambiar esto), pero tenemos que hacerlo”, agregó.

El economista se preguntó: “¿lo hacemos rápido o lo hacemos lento? Tenemos la opción de comprar todo el paquete, volvernos miembros de la OCDE y padecemos (este cambio) y disfrutamos (porque podemos hacer) reformas que a Uruguay le cuestan mucho” o la otra opción es “hacer lo que hicimos los últimos 20 años, realizando las modificaciones que haya que hacer, pero de forma lenta”, se respondió. Esto último “supone que estamos dispuestos a entrar y salir de listas”, lo que “no nos debería preocupar mientras no implique una sanción”, agregó.

El otro dilema que planteó es que con estos cambios “¿vamos a aumentar la base imponible (empresas que no pagan impuestos comenzarán a hacerlo) y eso va a permitir bajar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE, actualmente en 25%) o vamos a tener que subir el IRAE porque vamos a perder base imponible porque perdemos captación de inversiones?”.

Cómo se llegó a este megaacuerdo a nivel global

¿Cómo se llegó a este acuerdo mundial en materia de imposición a la renta empresarial? La socia de PwC Amparo Mercader recordó que tras la crisis financiera global de 2008-2009 “a nivel del ámbito público se empieza a generar la idea de que las multinacionales están moviendo sus ingresos de una jurisdicción a otra” para pagar menos impuestos y “son marcadas como culpables” por organizaciones no gubernamentales y la opinión pública.

Ello lleva a instrumentar cambios a nivel de la OCDE y el G20 en lo que se dio en llamar BEPS (erosión de la base y transferencia de ganancias por sus siglas en inglés) para evitar esto. Pero, en el área digital “no logran ponerse de acuerdo” y EE.UU. “ponía un freno” porque “la mayoría de las empresas” en ese sector son estadounidenses, explicó. Ahí se da “un tira y afloja” con países como Francia poniendo impuestos a las ventas digitales y “se desató una guerra arancelaria”, agregó.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de EE.UU. cambia la posición y este país acepta un acuerdo global en la materia, “a cambio de que el resto de los países quiten los impuestos digitales”.

El experto Alberto Barreix dijo que este acuerdo para gravar la economía digital y dividir la recaudación según las ventas en los países “hoy es una tontería, pero en el futuro Internet de las cosas y la biotecnología” van a tener un impacto enorme.

“Que me perdone (el exviceministro de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores) Luis Porto, pero llenar de incentivos tributarios (a la inversión) está acabado", dijo Barreix. Eso en referencia a que Porto fue uno de los autores de la nueva reglamentación de la ley de Inversiones que transparentó el régimen y amplió exoneraciones fiscales en 2008 y luego se fueron "aumentando y tergiversando", agregó. "Cuando tenés demasiados incentivos, es que no tenés un plan de fomento”, afirmó Barreix. Abadi complementó que las exoneraciones se dan cuando el país no es atractivo de por sí para la inversión. 

Abadi planteó que Uruguay debería entrar a la OCDE. ”Costa Rica entró recientemente”, dijo y Oddone lo puso como una opción que tiene el gobierno, y ambos coincidieron en que ya que el país deberá modificar varios aspectos de su política tributaria, ingresar al organismo le puede dar el marco necesario (y lo “obligaría”) a encarar otras reformas necesarias como la educativa o de empresas públicas. Sin embargo, Barreix dijo que es “imposible entrar” actualmente, “el tren ya ha pasado (para Uruguay), no quieren (ampliar el número de países, excepto G20)" .