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MARCELA DOBAL / GUSTAVO STOCK

La AFIP se llamó a silencio ayer luego que el gobierno uruguayo anunció que negociará un acuerdo de intercambio de datos fiscales, con el que el organismo recaudador argentino podría alcanzar a depósitos locales por US$ 2.224 millones.

En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se negaron ayer a hacer declaraciones tras los anuncios del vicepresidente Danilo Astori. Fuentes del organismo señalaron que el silencio procura no introducir ruidos políticos en momentos en que el gobierno uruguayo empieza a entregar señales de mayor flexibilidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó el martes que Uruguay no pasó la primera fase de su revisión de pares por no cumplir con algunos estándares de transparencia global, entre los que figuraba no tener acuerdos con "socios relevantes", como Argentina y Brasil. Tras ese anuncio, Astori dijo que "Uruguay está decidido" a hacer un planteo a nivel de los países del Mercosur para avanzar en acuerdos de intercambio de datos fiscales.

La AFIP, dirigida por Ricardo Etchegaray, viene solicitando desde fines de 2008 concretar un convenio bilateral con la Dirección General Impositiva (DGI) para intercambiar información tributaria. Pero el trabajoso reestablecimiento de las relaciones entre los dos países tras el conflicto por la planta de celulosa UPM (ex Botnia) y la necesidad de no agregar nuevos elementos de rispidez hizo que la presión argentina disminuyera en los últimos meses.

Lo cierto es que las modificaciones tanto en la posibilidad de dar datos a Argentina como en la estructura de las sociedades anónimas abriría una fuente incalculable de datos para el organismo recaudador de ese país, ya sea tomando en cuenta el volumen de depósitos que hay en el sistema uruguayo como el hecho de que al menos el 50% de las operaciones que se realizan con inmuebles en Punta del Este involucran a argentinos. El gobierno de Cristina Fernández necesita recursos ante el debilitamiento de su situación fiscal y estos datos podrían ser útiles.

Para el tributarista Jorge Gaggero, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, contar con información desde Uruguay mejoraría la recaudación tributaria "solo en el margen". "Pero hay cosas que meten mucho ruido, como las cerealeras que exportan soja a Uruguay mediante un mecanismo de triangulación para pagar menos impuestos en la Argentina y para terminar exportando a otro destino real", señaló.

Además de los propietarios de inmuebles en Maldonado, en la AFIP tienen sospechas de empresarios argentinos que cuentan con acciones de compañías radicadas en Uruguay no declaradas. De hecho, la OCDE recomendó que se realicen cambios en el régimen de acciones al portador para que se pueda conocer con precisión quiénes son sus dueños.

En este tema ya se han hecho avances a nivel de sociedades anónimas con acciones al portador que son propietarias de tierras o titulares de explotaciones agropecuarias, que desde el 1° de julio debieron pasar a ser nominativas para poder comprar campos, lo que permite identificar a sus propietarios.

El otro segmento al que apuntan las autoridades argentinas está conformado por titulares de cuentas bancarias en el sistema local, sobre todo si se tiene en cuenta que la fuga de capitales alcanzará este año en Argentina a US$ 22.000 millones, según la consultora Ecolatina. En Uruguay, los depósitos de no residentes en el sistema financiero local representaban a fin de 2010 la cuarta parte del total. De cada US$ 10 que había depositados de un no residente, US$ 7 eran de argentinos.

En total unos US$ 2.224 millones de clientes de esa nacionalidad estaban depositados, sobre todo en bancos privados, según datos procesados por la consultora CPA/Ferrere en base a datos del Banco Central. En tanto, los depósitos de brasileños eran por solo unos US$ 200 millones a diciembre. Pero a esos montos que se encuentran a nivel bancario se suman otros del sistema financiero no contabilizados por el Banco, como los que se encuentran en otras instituciones. En esos casos, de todas formas, puede que incluso levantando el secreto bancario no se las alcance ya que se trata de cuentas manejadas desde Uruguay pero abiertas en las casas matrices instaladas en EE.UU. o europa.

A nivel de inmuebles el impacto sería elevado también. "La mayoría de las transacciones en Punta del Este son de argentinos", dijo a El País el analista inmobiliario Julio Villamide. Indicó que esa ha sido la tradición en las últimas décadas y agregó que en el último año y medio también aumentó su participación en Montevideo y en el mercado rural en los últimos "cinco o seis años". A eso se suma el interés de los argentinos por adquirir propiedades en Colonia. "La presencia de propietarios argentinos es casi masiva sobre la costa y es muy importante dentro de la ciudad también", dijo Villamide.

El analista dijo que si se acordara intercambiar datos con Argentina el impacto sobre el mercado sería negativo, aunque "es difícil medir su intensidad". De todos modos, dijo que cuatro años atrás el impacto sería mucho más negativo, ya que en la actualidad existe un retorno de capitales a la región debido a la incertidumbre que genera tener colocaciones en bancos o títulos de Europa o Estados Unidos.

Si bien con el intercambio de datos Argentina podría conocer qué ciudadanos evaden impuestos, Villamide dijo que lo correcto sería previamente firmar un acuerdo para evitar la doble imposición. De esa manera, se evitaría que los argentinos paguen impuestos en los dos países.

200 Millones de dólares son los que tenían brasileños al cierre del año pasado en el sistema bancario local, según datos del BCU.

50% De las operaciones de compraventa de inmuebles en Maldonado se sostiene que se realizan con argentinos.

Tributación internacional en pwc

"Evitar doble imposición"

Para la directora de tributación internacional de la consultora PwC, Uruguay debe negociar con Argentina un acuerdo más amplio que el de intercambio de información, que evite la doble imposición. Así, argentinos que tengan activos en Uruguay no pagarían impuestos en las dos orillas. Sobre las acciones al portador, dijo no ser partidaria de eliminarlas.

Exdirector de asesoría tributaria del MEF

"Apoyo de países pesados"

Quien era asesor en el Ministerio de Economía cuando Uruguay fue incluido en la "lista gris" de OCDE estimó que el gobierno debería usar su buena imagen internacional para capitalizar la opinión favorable de "países pesados" como Francia, Alemania, España y México, con los que ya tiene convenios de intercambio de datos vigentes.

ÁREA DE IMPUESTOS DE FERRERE ABOGADOS

"No todo puede aceptarse"

El experto del estudio Ferrere dijo que Uruguay debe moverse con cautela. Sostuvo que "hay algunos cuestionamientos que no pueden ser aceptados", como la retroactividad del levantamiento del secreto bancario. En acuerdos con Argentina y Brasil es partidario del estilo suizo, que impide intercambio de datos automáticos o expediciones de pesca.

Máster en tributación

"La solución es regional"

El socio del estudio Olivera Abogados sostiene que Uruguay debe caer en cuenta que las presiones no son internacionales sino regionales, por lo que el gobierno debe encarar su estrategia de salida con "realismo", sabiendo que la solución pasa por negociar con Argentina y Brasil. "La solución es sentarnos a hablar con los vecinos a ver qué logramos", djio.

Profesor de fiscalidad internacional

"La salida que tomó Suiza"

El abogado sostiene que el informe de la OCDE sobre Uruguay contiene "imprecisiones" y "errores interpretativos" sobre la normativa uruguaya. En cuanto al requisito de firmar un convenio con Argentina cree que una alternativa puede ser la que adoptó Suiza con Alemania: le cobra impuestos a los alemanes que tengan dinero en sus bancos y luego vuelca esa recaudación sin identificarlos.

Al igual que otros 59 países que pasaron por este proceso de "revisión de pares", Uruguay fue examinado por OCDE para ver si cumplía con los estándares de transparencia global y no aprobó la primera fase a pesar de sus avances. Los motivos principales fueron el actual régimen de acciones al portador, la falta de intercambio con "socios relevantes"(Argentina y Brasil) y algunas objeciones a la flexibilización del secreto bancario, como su no retroactividad y el aviso previo al contribuyente.

Conocido el informe el vicepresidente de la República, Danilo Astori, informó que el gobierno estudiará las propuestas para conocer la identidad de los propietarios de sociedades con acciones al portador. Además "planteará a los países del Mercosur avanzar en acuerdos de intercambio de datos". Tras esto, el propio Presidente, José Mujica, dijo a El País que "no conviene quedar en la ilegalidad internacional" reafirmando el interés de cambiar las reglas actuales.

Pese al anuncio, el vicepresidente dejó en claro que el acuerdo de intercambio de información sería a nivel Mercosur, esto es, evitaría la negociación bilateral. Asimismo, en el caso de las sociedades anónimas con acciones al portador dejó planteado que se podría ir desde la eliminación de las mismas hasta mantenerlas pero asegurando que el Estado tiene a disposición la identidad de los propietarios.

Si bien la OCDE estableció un plazo de 12 meses para hacer una revisión del informe, la fase dos de la revisión de pares comenzará recién en 2014, por lo que Astori dijo que el lapso es "suficientemente extenso" para considerar los instrumentos y satisfacer los planteos.