PUERTO

El 27 de abril de este año, Montecon, empresa que brinda servicios de carga y descarga de contenedores en el puerto, anunció oficialmente que sus dos accionistas, el consorcio chileno Neltume Ports S.A. y la multinacional canadiense ATCO Ltd., habían dado inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos por los tratados de promoción y protección de inversiones firmados por Uruguay con Chile y Canadá.

Según un comunicado de prensa de Montecon, los argumentos para ir a un arbitraje internacional se fundan en medidas adoptadas por el Estado uruguayo tras un acuerdo suscrito entre la administración de Luis Lacalle Pou y las compañías del grupo belga Katoen Natie/Terminal Cuenca del Plata.

El consorcio Terminal Cuenca del Plata (TCP) está integrado en un 80% por Katoen Natie y un 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La TCP realiza servicios de carga y descarga de contenedores a los buques en la Terminal Especializada del Puerto de Montevideo, mientras que Montecon, su competidora, lo hace en los muelles públicos mediante un aval precario.

Cuando refiere a medidas adoptadas por el gobierno uruguayo, Montecon alude a los decretos 114 y 115 del 21 de abril de 2021. Ambas resoluciones establecen que la prioridad de los servicios de carga y descarga de contenedores la tiene la terminal especializada donde opera TCP, y no los muelles públicos donde trabaja Montecon.

Al sentirse desplazada por la decisión gubernamental, Montecon inició ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA ) la anulación de ambos decretos por entender que éstos intervienen en el mercado de servicios portuarios para “favorecer” a la Terminal Cuenca del Plata/Katoen Natie; ordenan el desvío imperativo de todos los barcos a dicha terminal y establecen otra serie de privilegios para el grupo belga que “en la práctica” generan “un monopolio de hecho en su favor”.

Ante este situación desfavorable hacia Montecon, los accionistas de esa empresa uruguaya, la canadiense ATCO Ltd. y la chilena Neltume Ports. S.A. anunciaron que llevarán el diferendo con el gobierno a arbitrajes internacionales en base a los acuerdos firmados por Uruguay con Canadá y Chile que protegen inversiones.

Sin embargo, ambos tratados obligan a optar por una sola vía de reclamación, dice el escrito presentado por Katoen Natie en el TCA.

Es caso de ratificarse la postura de Katoen Natie, Montecon debería elegir reclamar ante los juzgados uruguayos, como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o por un arbitraje internacional. Pero no podría utilizar dos tribunales en forma simultánea en un litigio por un solo asunto.

El tratado de protección de inversiones firmado entre Uruguay y Canadá establece, en caso de controversias entre el Estado uruguayo y una empresa canadiense, la necesidad de ensayar una salida amistosa del diferendo. Y habilita a someter las diferencias entre ambas partes a un arbitraje en caso de no hallar una resolución amistosa en un plazo de seis meses. El acuerdo establece como requisitos de accionamiento arbitral tres elementos:

1) El consentimiento por escrito de la firma inversionista;

2) el que no hubieren transcurrido más de tres años a partir de las disposiciones gubernamentales que violan sus derechos;

3) la renuncia por parte del inversionista a su derecho de iniciar o continuar cualquier otro procedimiento en una vía judicial del país en donde se realizó la inversión.

El tratado de protecciones de inversiones con Chile es similar al de Canadá.

Según el escrito presentado por Katoen Natie en el TCA, el tratado de inversiones suscrito por Uruguay con Chile sostiene que la compañía andina debe recurrir a un mecanismo de solución amigable de conflictos en un plazo de 60 días.

Y si las negociaciones no llegan a un acuerdo también establece un plazo de tres años para iniciar un arbitraje internacional. Para ello se precisa un consentimiento de la empresa inversionista a someterse a dicho fallo arbitral y renunciar por escrito el inicio de cualquier tipo de acción frente a tribunales de Uruguay o Chile.

Y acuerdo binacional advierte que cualquier acción iniciada por el consorcio en un tribunal local viola el artículo 17.1 del tratado de inversiones entre Uruguay y Chile.

El escrito de Katoen Natie, presentando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señala que un comunicado de Montecon claramente expresa que Neltume Ports S.A. y Atco Ltd. son accionistas de la empresa uruguaya. Y agrega que el gerente general de Montecon informó que las empresas accionistas iniciarán un arbitraje internacional por las decisiones de Uruguay.

En su escrito ante el TCA, Katoen Natie sostiene que si las compañías canadiense y chilena anunciaron que iniciarán dos arbitrajes internacionales, su subsidiaria en Uruguay (Montecon), “no queda afuera” de los tratados canadiense y chileno en cuanto “a su obligación de renunciar” a su demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La compañía belga recuerda que las propias publicaciones realizadas por los accionistas canadienses y chilenos incluyen a Montecon como una de sus empresas subsidiarias. “La confesada unidad de intereses económicos entre las accionistas y Montecon, que es actora en Uruguay de un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es, por ende, palmaria”, sostiene el documento de Katoen Natie.

El escrito de Katoen Natie advierte que esta transparente unidad de interés económico -Montecon y sus dos accionistas- es la que hace “improcedente” el “doble y paralelo accionamiento” (en el TCA y un arbitraje internacional) que embarca a este Tribunal, a Uruguay y al consorcio belga.

Recuerda que una situación similar ocurrió en el 2013 en el arbitraje que Philip Morris hizo a Uruguay. Abal, una empresa integrante del consorcio tabacalero, también inició una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso. Philip Morris perdió el juicio.

Una fuente vinculada a Montecon informó el viernes 17 a El País que se generó una fila de camiones en la terminal especializada donde opera TCP/Katoen Natie.

La fuente denunció que en la terminal hay demoras en la operativa de carga y descarga de contenedores, lo cual genera atrasos en los servicios a los barcos “día a día”.

El mismo jueves 17, la Administración Nacional de Puertos (ANP) envió un comunicado a las navieras informando sobre el problema.

“De acuerdo a la información enviada por ANP, por congestionamiento de camiones se cierra el ingreso a la Terminal Cuenca del Plata (TCP)”, dice el texto al que accedió El País.