El informalismo dentro del sector inmobiliario local alcanza a un 60% según la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) que denuncia la situación a las autoridades porque perjudica a inmobiliarias y operadores que sí “juegan en regla” en relación a las documentaciones necesarias para operar en el negocio.

El País dialogó con operadores del sector para constatar cuál es el presente de esta situación y cómo la misma repercute, sobre todo, en los alquileres de verano.

Matías Medina, vicepresidente de la CIU y director de Macari, sostuvo que la base del problema es que la informalidad “generalmente está en todo el país”, tanto en alquileres anuales, temporarios o incluso en ventas (por evasión de impuestos o hasta por lavado de activos), pero “lo que más se ve y se diferencian más son las estafas de verano”.

En ese sentido, dijo que en el interior “hay estructuras o personas que ejercen la actividad y que están totalmente metidos sin aval”.

En ese marco, destacó que en los departamentos del interior (sobre todo en los costeros) hay que tener el aval del Ministerio de Turismo (Mintur) para poder alquilar propiedades en verano, pero “gran parte de estos informales no lo tienen”.

Tal es así que Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este se refirió al tema y dijo que la situación de los alquileres clandestinos “sigue inalterada”.

Agregó además que, como se mencionó anteriormente, uno debe tener el aval del Mintur (por ejercer en zona turística), pero además estar en regla en el Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI) -en ambos casos el giro de la empresa debe ir dirigido al sector inmobiliario- y contar con número de Senaclaft. Sin embargo, este grupo de personas “se arriesgan durante la temporada, alquilan, agarran el dinero y desaparecen con él”.

“Todos los días tenemos denuncias y también hay en la policía. El destino se pierde de esta forma”, agregó.

La estafa se puede dar de las siguientes formas, según Medina: quien desee alquilar, ve la propiedad en alguna plataforma (Facebook Marketplace, Airbnb, Booking, Mercado Libre), hace la transferencia y luego llega al lugar pero la misma “no existe”, o puede darse también que “varias personas realizan la seña y así alquilan sucesivamente la misma propiedad a muchas personas”.

Lo mismo ocurre en Rocha, por ejemplo. Ricardo Pereira, representante de la Cámara Inmobiliaria de este departamento, indicó que hay “gente que ha hecho reservas”, pero luego “vienen acá buscando un lugar que no existe”.

Además, destacó que este tipo de robos se dan generalmente por Facebook Marketplace, mientras que en Airbnb y en Booking “son más formales en cuanto a lo que ofrecen”, al menos en Rocha.

“Perjudica la imagen del balneario, porque la gente no diferencia entre un operador formal de un estafador o un informal”, agregó.

Por su parte, Luis Cruz, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Canelones, dijo que hace unas semanas estuvo reunido con el viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, ya que el Mintur recibió “más de 100 denuncias” por estafas en este departamento. En ese marco, sostuvo que están a la espera de la resolución por la ley de operador inmobiliario ya que los informales “sacan el pan de la mesa”.

¿Cuáles son las soluciones para combatir estas estafas? Según Medina, se debe contar con una ley que regule la actividad inmobiliaria en general en todo el Uruguay (ya se encuentra bajo estudio de Diputados el proyecto de ley del Operador Inmobiliario, aún pendiente de aprobación), lo que generará que las personas que ejercen estén “debidamente inscriptas”, lo que “sin dudas hará bajar el informalismo”, aunque no lo reducirá a 0%, según el vicepresidente de la CIU.

“En otros países hay experiencias de que sigue habiendo informalismo a pesar de contar con dicha ley regulatoria” (como es el caso de Brasil), agregó Medina.

Asimismo, dijo que en las zonas turísticas “debería haber un fuerte control del Mintur para que las inmobiliarias que trabajan en esa zona tengan su registro ampliado”.

Explicó que dicho control es esencial ya que como particular uno puede generar varias cuentas en estas plataformas y trabajar como inmobiliario al registrar la propiedad como un particular. “Eso es muy difícil de controlar para la plataforma”, agregó Medina.

Agregó que es necesario que haya “un marco legal en donde el control exista en las plataformas, así van a tener menos espacio (los informales) y se achica la discusión. Se va a acotar un montón y así se va a reducir la informalidad”.

Por su parte, Andrés Castellano, presidente de la Asociación Turística de Colonia, aseguró que para combatir la situación habría que aprobar el proyecto de ley para regulación del alojamiento en viviendas con fines turísticos (el documento busca que los propietarios alquilen al menos en cinco ocasiones al año y por un tiempo total de no más de 90 días).

En esa línea, cree que esta oferta no debería quitarse del mercado ya que, por ejemplo, “Punta del Este no existiría sin la oferta de apartamentos, ya que tienen 200.000 lugares en Airbnb o Booking y debe haber 30.000 plazas en hoteles, entonces evidentemente no se puede quitar del mercado”.

En ese marco, dijo que en Colonia existe un “desbalance comercial” ya que hay aproximadamente entre 600.000 y 800.000 plazas en plataformas, pero hay tan solo 3.000 plazas hoteleras.