Con el foco puesto en "el imperativo de crecer más a la luz de un nuevo ciclo político” iniciado por el presidente Yamandú Orsi, Bruno Gili, quien lidera la nueva secretaría para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en la Presidencia de la República; Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, fueron algunos de los conferencistas que hablaron ayer en un evento organizado por Exante que tuvo lugar en el Hotel Hyatt ayer. En ese sentido, se dieron anuncios por parte del gobierno sobre una "apertura (comercial) unilateral" de Uruguay, "desinflar (para después eliminar) la Tasa Consular que el país cobra a las importaciones, revisar y simplificar trámites y el análisis de instrumentos fiscales para promover la innovación.

Hubo anuncios partiendo del consenso entre los expositores sobre la importancia de hacer crecer el Producto Bruto Interno (PIB). Ello requiere desarrollar una estrategia de captación de inversiones más explícita, de invertir más en investigación e innovación (tanto el sector público como el privado) y de abrirse a nuevos mercados a través de instrumentos de inserción internacional que hoy no se están utilizando, afirmaron.

Estos temas de palanca para el desarrollo, que requieren reformas del Estado profundas, también fueron abordados por los anfitriones, Pablo Rosselli y Tamara Schandy, ambos socios y economistas de Exante.

Gili compartió el diagnóstico de que Uruguay crece muy poco —o está estancado— desde hace una década y agregó que “la productividad está quieta”.

La solución pasa por aumentar la innovación y el valor agregado a los productos y servicios que el país ofrece. En esa línea, habló de sofisticar la matriz productiva e internacionalizar más.

Hizo referencia al balance que se ha cuidado entre el innovar y el riesgo que ésto trae implicado. “Si innovamos mucho es también un riesgo”, reconoció, en lo que podría ser un punto de inflexión.

Gili compartió que en el MEF existe un capítulo de “Innovación e internacionalización”, con el fin de atraer más inversiones.

Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

En los planes del gobierno está que se invierta al menos el 1% del PIB en investigación e innovación; actualmente bastante por debajo. Gili planteó la creación de incentivos para que el sector privado se asocie a otras empresas para innovar, porque “algunos sectores están cómodos como están”, y reconoció que “en los últimos seis o siete años ha caído la innovación en el país”.

“El sector público no puede financiar todo”, dijo apelando al motor del sector privado. También habló de aumentar la masa de investigadores, que es muy baja en relación a los países desarrollados, y de articular más las agencias existentes (Instituto Pasteur, Pedeciba, ANII, INIA, Ceibal, etcétera) con los “sectores más potentes”.

De hecho, informó que se están estudiando instrumentos fiscales que promuevan la inversión e innovación en el país.

¿Cuáles serán los focos de esta nueva gestión? Corregir procesos y regulaciones para promover la competencia; diseñar instrumentos para potenciar el financiamiento en innovación; poner foco en el sector de las ciencias de la vida (humana, animal, sanitaria, genética y de alimentos), en el entendido que Uruguay puede convertirse en un productor mundial de productos y servicios de mayor valor agregado en esta materia; integrar mejor la industria tecnológica con los sectores que son potentes como los mencionados y otros que irán evaluando, enumeró Gili.

“Se va a crear una secretaría vinculada a la ciencia y generación de conocimiento, que coordine toda la política científica del país, en términos de formación de personas, carrera de investigadores, laboratorios, capacidad de compras y otros instrumentos para traspasar el conocimiento de las personas y la academia al mundo laboral”, afirmó.

Gili anunció también la creación de dos programas: uno de ellos sobre competencia, liderado desde el MEF (que se dedicará a revisar las regulaciones, simplificar procedimientos, eliminar trabas y obstáculos); y el otro será específicamente para promover la innovación y su financiamiento, para startups y empresas más consolidades pero que no avanzan en sus procesos de creación de nuevos productos o servicios. Este último programa mencionado se va a institucionalizar y articular con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras agencias.

Gili aclaró que estas iniciativas van a entrar en la próxima ley de Presupuesto. Quedan muchos aspectos a definir, pero básicamente el Estado tratará de paliar el problema que tienen las startups para obtener fondos, así como abordar el tema de que “cuando se logran inversiones internacionales, la generación de riqueza no queda en Uruguay, las empresas se la llevan”, advirtió. “Por eso estamos pensando en instrumentos de capital local más potentes”, agregó.

“Uruguay tiene que entrar en una nueva etapa de crear un instrumento de venture capital corporativo, público o semi-público, que sea más claro, gestionado profesionalmente por el sector privado, como hace Suiza, Israel o Finlandia”, propuso.

“Pero estamos hablando de otras dimensiones de plata. Si no podemos canalizar US$ 400 millones o US$ 500 millones para estos procesos, es muy difícil que peguemos un salto”, agregó.

A su juicio, la sofisticación del mundo financiero que Uruguay requiere, supone cambios corporativos para que las empresas no solo sean proveedoras de servicios, sino que promuevan el capital privado. Y los cambios no son fáciles.

Labraga comenzó hablando del impacto de las decisiones de Donald Trump en el plano internacional y cómo los mercados han ido cambiando.

Destacó, en ese contexto, la reactivación de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex), que pondrá la mira en mercados con potencial, como el de Asia Pacífico. “Esa es una oportunidad no explorada por Uruguay, más allá de China”, señaló.

Consideró que Brasil y Argentina han avanzado en habilitaciones sanitarias en relación a estos mercados, pero que Uruguay aún no ha derribado esa barrera.

Asimismo, identificó como un “mercado interesante” para el país el mundo árabe, por los altos precios que paga por los alimentos (lo que sí está siendo captado por Argentina y Brasil), además de tener “aranceles convenientes”.

Gerardo Perez/Archivo El Pais

Sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), proyectó que podría firmarse a fin de año como está previsto, impulsado por un contexto mundial complicado. Y podría ser seguido por la concreción con el EFTA (acuerdo entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), ya que suele ser reactivo a lo que define la UE.

Labraga mencionó el acuerdo Mercosur-India ya existente, pero que, a su entender, debe ser profundizado, por ejemplo, a través del sector forestal.

Por supuesto se mantendrán los mercados tradicionales, en particular la agenda con Estados Unidos, que hay que encarar bajo la voluntad de Trump, entre otros.

“Uruguay está intentando la apertura unilateral”, dijo Labraga en relación al Mercosur. En su opinión, actualmente existe mayor consenso sobre cómo se autorizan los mercados, los tratados de libre comercio dejaron de ser “incuestionados” y hay que buscar la mejor práctica internacional (como referencia) para avanzar en otros acuerdos comerciales.

Sobre el Mercosur, precisó que está prevista la reducción de la Tasa Consular en el acuerdo intrabloque, y que se prevé su posterior eliminación, aunque esta debe ser aprobada aun.

“La Tasa Consular recauda US$ 400 millones; para eliminarla, primero hay que desinflarla”, observó.

Anunció lo que llamó dos “medidas de impacto” para este año: la digitalización de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), y la identificación de qué trámites podrían ser simplificados, considerando que la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce) “es un éxito” —dijo—, y por ende se puede avanzar en esta fase de facilitación de procesos.

Rosselli —quien apuntó comentarios a lo largo del evento—, dijo que el conjunto de normativas existentes, por ejemplo, de permisos sanitarios, tienen que ver con preservar la salud pública, pero también buscan preservar la producción nacional. “¿Hasta dónde irá este gobierno en bajar realmente la tramitación o regulación?”, se preguntó.

Labraga dijo que sí existe esa disposición, aunque minutos antes había afirmado que “acá se habla de desregulación, como en Argentina, pero lo que hay que hacer es que la regulación sea más inteligente, con buena gestión de riesgo”.

Pomiés, desde el análisis político, señaló que Uruguay avanza lento con una agenda de reformas que ya lleva unos 15 años, en gran parte por razones culturales, en esa creencia arraigada de valorar “el ir lento, pero seguros”, o con cambios “suaves” como la geografía del país (“suavemente ondulada”), que aplica a prácticamente todas las áreas.

Comentó que la clase política es “extremadamente conservadora, más que la opinión pública”. Esta última ha asimilado mejor la idea de la necesidad de abrirse al mundo y, en tal sentido, nota una evolución ciudadana más rápida que en el sistema político.

Habló del gran atraso en la reforma del sistema educativo, que afecta al sector productivo, y de las resistencias al cambio. No obstante, Pomiés detecta que hay nuevas cabezas y técnicos que se están acercando al sistema político, “de gente que viene del exterior”, lo que ocurrió en alguna medida también en el gobierno anterior.

Pomiés señaló que, más que los dos votos que necesita el Frente Amplio (FA) en el Parlamento, su dificultad radica en sus diferencias internas sobre las reformas estructurales a realizar.

Llegar a acuerdos está en el primer plano a todo nivel, en especial en un año de negociación sindical.

Rosselli y Schandy ofrecieron un panorama sobre la realidad económica del país, mostrando que el crecimiento de Uruguay ha estado, en promedio anual, en 1% en los últimos 10 años, fundamentalmente por insuficientes inversiones, entre otros factores.

En la comparación, Uruguay se ubica en el tercio inferior del ranking internacional en esta materia, con inversiones del orden del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la mediana está en 23% del PIB.

Se requiere mejores condiciones macroeconómicas para atraer inversiones, siendo esto uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. El déficit fiscal global estaba en 4,2% del PIB (a fin de 2024) y el déficit fiscal del gobierno central-Banco de Previsión Social (el que se utiliza a nivel internacional para comparar) estaba en 3,4% del PIB (a esa fecha). En tanto, el gasto primario era de 28,9% del PIB.

Francisco Flores. El País

Los economistas de Exante advirtieron, entonces, que el sector público tiene un déficit fiscal elevado y problemas de asignación de recursos en una estructura de gastos difícil de ajustar.

La inflación está en 5,1% (dato en 12 meses a febrero de 2025), “con la oportunidad de apuntalar a niveles más bajos”, dijo Schandy, aunque advirtió que la reducción de este indicador en la administración anterior, tuvo al dólar “bajo” como palanca central, y en los rubros domésticos ha estado sistemáticamente fuera del rango oficial.

Ahí otro desafío para el nuevo gobierno: preservar y profundizar el logro desinflacionario sin costos adicionales.

Rosselli observó que, para el nivel de PIB per cápita de Uruguay (que es alto), el atraso educativo no debería ser tan profundo como el que se registra, el cual es parecido al promedio de América Latina.

También hay que mejorar, como prioridades, las tasas de desempleo, subempleo y pobreza, temas que remiten nuevamente a la redistribución de recursos.

El entorno internacional plantea desafíos, con un Trump arremetiendo contra el multilateralismo y una previsible expansión fiscal en Estados Unidos que puede condicionar la trayectoria de las tasas de interés, que impactarán en el mundo y en Uruguay.

En el futuro próximo, Schandy proyecta escenarios de tasas en dólares bajando poco, en el marco de una política fiscal expansiva e iniciativas proteccionistas consistentes con un dólar fuerte a nivel global.

China, por su parte, se encuentra en una posición más débil que al inicio de la guerra comercial de 2018. Por esto, los analistas prevén que difícilmente habrá empuje a nuevas subas en los precios de los commodities.

Las reformas estructurales que deberá enfrentar Uruguay —en matriz productiva, inserción internacional, calidad y asignación del gasto público, relaciones laborales, educación, regulación y competencia, pobreza y marginalidad, etcétera— han sido más que analizadas en el país; falta voluntad política en la concreción y acuerdos, resumió la economista.

Finalmente, Rosselli, al dar cierre al evento, puso énfasis en la importancia de mejorar la gobernanza en las empresas públicas. “El sector privado está acostumbrado a las políticas y estrategias que fracasan, el sector público no tanto, pero hay que intentarlo”, animó en relación a las reformas a emprender de una vez por todas y que han sido repetidamente postergadas.