Redacción El País
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), una agrupación que nuclea a plataformas digitales internacionales como Airbnb, Amazon, Mercado Libre, X, Despegar, Expedia, entre otras, criticó el proyecto de ley que busca regular las actividades de alojamiento turístico en viviendas particulares.

El proyecto -a estudio del Parlamento- plantea en términos generales la obligatoriedad de registrarse como inmobiliaria turística a quienes tienen más de dos propiedades en alquiler; considerar como prestadores de servicios turísticos a los dueños de esos inmuebles; crear un registro nacional formado por quienes alquilan viviendas particulares; exigir que los propietarios asuman responsabilidades frente a los huéspedes al igual que lo que marca la normativa hotelera; entre otros aspectos.

El proyecto ha sido ampliamente discutido en el Parlamento y si bien hay cierto consenso en cuanto a la necesidad de regular ciertos aspectos de esta actividad turística, ha habido múltiples diferencias en relación a cuál es la mejor manera de hacerlo sin desestimular este nuevo modelo de alquiler temporario de viviendas.

En este sentido, el director ejecutivo de ALAI, Raúl Echeberría defendió a las plataformas digitales de alquiler de viviendas y puso énfasis en que las regulaciones deben ser “catalizadoras” de estos negocios y no “restrictivas”.

Por ese motivo, desde ALAI presentaron críticas al proyecto de ley presentado, por considerar que en ciertos temas plantea un control “excesivo” y sugirieron algunas modificaciones.

En relación a la obligatoriedad de que quien administre más de una propiedad deba registrarse como inmobiliaria turística, Echeberría dijo que resulta “excesivo” y planteó que se establezca ese requisito cuando se trate de propietarios con “tal vez 10 o 15 propiedades”. Cuando “se trata de alguien que ofrece dos casas en arrendamiento, incluyendo muchas veces la propia, no se puede considerar que se trata de una inmobiliaria”, criticó.

Si bien coincidió en la necesidad de crear un registro de propietarios para dar “más garantías”, exhortó a que este no se convierta en una “burocracia excesiva” que exija autorizaciones previas. “Una cosa es registrarse y otra distinta es hacer un trámite que dure nueve meses para que se otorgue una autorización”, indicó. De lo contrario, “significaría un gran desestímulo para el desarrollo de la actividad”, advirtió.

Asimismo, desde ALAI rechazan que las responsabilidades de los anfitriones deban ser iguales a las de la hotelería, ya que prestan “servicios diferentes”, por lo que consideran que “no es el mejor enfoque para la promoción” de la actividad.

Por otra parte, la asociación cuestionó que los propietarios deban solicitar el cambio de uso de la vivienda de residencial a turística, dado que el trámite se haría frente a los gobiernos departamentales, lo que “desincentivaría la actividad y seguramente” reduciría la cantidad de alojamientos disponibles. “No me imagino mucha gente haciendo un trámite frente a la intendencia” sin saber “cuáles son las consecuencias tributarias y otras restricciones”, indicó el jerarca.