ENTREVISTA

De los efectos del coronavirus en la economía uruguaya al diálogo que sostuvo con las calificadoras de riesgo, De los aspectos de corto plazo a los de mediano plazo. De las proyecciones del Producto Interno y Bruto (PIB) a la inserción internacional. Sobre eso y más trató la entrevista que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche mantuvo con El País vía telefónica el jueves 30 de abril. Aquí la versión completa de la misma, de la que se publicó un resumen en la edición impresa de hoy.

-¿Qué evaluación hace de la economía en estos cuatro meses del año?

-El punto de partida que tenemos es complejo en lo que tiene que ver con la actividad económica. Es una economía que, los últimos datos muestran que, estuvo estancada el año pasado y los indicadores pre COVID-19 son muy malos. Las cuentas fiscales están muy deterioradas, el último dato es de un déficit de 5% del PIB, que es de los más altos de los últimos años. En el mercado laboral, y quizás sea el mayor desafío en lo inmediato, partimos de una situación compleja, con una tasa de desempleo, pre COVID-19 que supera el 10%. Esa es la foto. Podemos decir que antes que llegue el virus teníamos un paciente con algunas pre-existencias que hacen que el virus lo agarre en un momento que no estaba muy fuerte.

-Con la expansión del coronavirus a nivel mundial hay un impacto económico por las medidas que se toman para contenerlo. Usted ha hablado de una caída importante del PIB este año y una recuperación rápida, ¿en cuánto estiman que puede ser esa caída y el tiempo de recuperación?

-Es muy complejo realizar estimaciones de una crisis económica y social cuyo origen es una epidemia. La duración y el impacto de la epidemia no son conocidos, desde el gobierno se trabaja en tener las mejores proyecciones posibles pero es complejo. Dicho esto, lo que estamos tomando como escenario base en este momento, en el medio de la tormenta, es de una caída (del PIB) de 3% para este año. No hemos compartido cifras para 2021, lo haremos en ocasión de la ley de Presupuesto. Sí estamos trabajando para que esa recuperación sea lo más rápida y fuerte posible, que al final de esta crisis si bien habrá una caída aguda como estamos observando, que también tenga una recuperación aguda y lo más rápida posible. En ese sentido, estamos visualizando la evolución de la actividad en forma de “V”, una caída abrupta pero también una recuperación abrupta.

-¿Están viendo que en el tercer trimestre continúe el efecto de la pandemia o que ya puede haber una recuperación?

-Es muy difícil estimar en este momento que estamos en medio de la tormenta. Las medidas que nosotros estamos implementando generalmente tienen el horizonte de dos meses con prolongación a dos meses más. O sea que en el tercer trimestre también estamos considerando la posibilidad de un escenario negativo y por eso nos estamos guardando la posibilidad de seguir apuntalando con las medidas que hemos anunciado. Esa es la lógica con la que lo estamos viendo.

-¿Qué es lo que más le preocupa hoy?

-Sin dudas que el empleo, sin dudas el empleo, porque el punto de partida es malo. Veníamos hablando en nuestro diagnóstico de ese punto de partida en el mercado laboral y el viernes 13 de marzo nos enteramos que teníamos COVID-19 en Uruguay, con lo cual el desafío es doble. La mayor preocupación en este momento es recuperar las fuentes de trabajo perdidas y generar más empleo. Por lo tanto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando para promover la inversión y tener más actividad. Estamos trabajando en tres ejes en simultáneo. El primero es atender la demanda sanitaria y también lo que tiene que ver con lo económico y dar liquidez para que las empresas subsistan. Otro eje es la recuperación, al ir superando la crisis se va a ir retomando la actividad, la gente consume más, también por el lado de las exportaciones, pero a esa recuperación natural se la tiene que apoyar y empujar con medidas fiscales concretas y ese es un segundo eje en el que estamos trabajando. El tercero ya es mirar un poco más allá y poner sobre la mesa las reformas necesarias para el mediano plazo. Es lo que hemos presentado con el proyecto de ley de urgente consideración. En síntesis estamos trabajando en esos tres andariveles: atender la emergencia, recuperación de la actividad y la agenda de mediano plazo. En estos tres andariveles el mayor foco es en la generación de empleo.

-¿En qué medidas piensa para generar más empleo?

-En primer lugar las medidas ya anunciadas que tienen que ver con inyectar liquidez en la economía, en el caso de los créditos que está dando el Banco República se atan al mantenimiento del empleo de las empresas. Cuanto más sea el mantenimiento o incluso se tomen más trabajadores por parte de las empresas, mejores van a ser las condiciones de esos créditos. También estamos trabajando con otros instrumentos que estén atados al mantenimiento del empleo. Esta semana salió una circular de la Comap (Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones) donde se flexibilizan los meses a considerar para el cumplimiento de los indicadores contra los cuales luego se otorga el beneficio fiscal. Eso es para sostener estas inversiones en curso. Luego tenemos el decreto para la vivienda promovida y el miércoles el presidente firmó un decreto que tiene que ver con las obras de grandes dimensiones. También estamos trabajando en una nueva reglamentación para ley de Inversiones en lo que refiere a distintos sectores: comercio, servicios, industria, etc. y también para empresas de distintos tamaños. Hay un paquete dinámico que hemos dado a conocer y en otros seguimos trabajando, pero cuyo objetivo es empujar la inversión, especialmente la inversión que es intensiva en mano de obra o que tiene un efecto derrame sobre otros sectores de la actividad que también generan empleo.

-Ese decreto de beneficios para grandes obras de construcción viene del gobierno pasado y era para aquellos emprendimientos de US$ 15 millones o más, ¿qué cambios tiene?

-El umbral para este decreto bajó, ahora son 60 millones de Unidades Indexadas, que aproximadamente son US$ 6 millones, o sea que baja significativamente. El otro cambio importante es que los porcentajes de exoneración del IRAE son mayores, se establece una escalera de distintos montos con exoneraciones de IRAE de 15%, 20%, 25% y 40%. Esos son los mayores cambios. Las inversiones se pueden presentar hasta el 31 de diciembre del año que viene y se pueden ejecutar hasta la primera parte de 2025.

-Mencionaba también que habrá cambios en la reglamentación de la ley de inversiones, ¿la idea es que las empresas que generen más empleo tengan más beneficios fiscales que hoy?

-La idea es priorizar el empleo. Estamos viendo los mecanismos para generar ese mayor empuje al empleo. Hasta el momento, la matriz (que determina los beneficios fiscales) como ha funcionado, no ha sido muy satisfactoria. Así que estamos en un proceso de revisión. La Comap tiene integrantes de los distintos ministerios sectoriales y estamos trabajando en forma coordinada en ese ámbito con Agro, Industria, Turismo.

-Días atrás en entrevista con El País el economista Gabriel Oddone señalaba que varios países han apelado a fondos para apalancar obras de infraestructura en algunos casos con recursos públicos y en otros con un mix de recursos públicos y privados. ¿Piensan en algo similar para Uruguay?

-Estamos en un proceso de revisión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de cuáles son los distintos instrumentos para ejecutar la obra pública. El MTOP está trabajando en un diagnóstico y en tener un plan maestro a nivel vial y ese plan maestro se va a financiar con un menú de opciones que tenemos. Ahí básicamente estamos pensando en modificaciones en los distintos instrumentos, modificaciones en el instrumento de PPP (proyectos de Participación Público-Privada) y en el trabajo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, etc.

-Ha señalado en varias ocasiones que los recursos para hacer frente a la pandemia en salud y para atender a colectivos vulnerables están. En ese sentido, ¿tienen estimado cuánto va a crecer el déficit fiscal por estos recursos adicionales y la menor recaudación que va a haber por la caída de actividad?

-Separaría la pregunta en dos partes. Por un lado hay una baja en la recaudación de la DGI por la caída en la actividad. Por otro lado, hemos encapsulado en el Fondo Coronavirus, que fue votado unánimemente en el Parlamento, todos los gastos que tienen que ver con la epidemia, como mencionás gasto que tiene que ver con lo sanitario, lo social y la cobertura del Banco Previsión Social. La estimación que tenemos hasta el momento de todos estos gastos, está en el entorno de los US$ 400 millones, en el escenario de que las medidas que hemos anunciado tienen una duración de cuatro meses. Es muy importante tener encapsulados estos gastos, porque nos va a permitir al final del 2020 ver cuál ha sido la disciplina fiscal del gobierno. Indudablemente vamos a tener un deterioro fiscal que tiene que ver con estos dos elementos, las medidas y un menor nivel de actividad. Pero para nosotros es importante y transparente que al final de 2020 podamos separar cuál ha sido el mayor gasto producto de la epidemia.

-Pero, ¿cuál es el déficit que estiman para fin de año? Algunos analistas dicen que podría llegar a los dos dígitos, otros que a 8% del PIB.

-Primero, me parece muy importante puntualizar la transitoriedad de las medidas que estamos tomando. De hecho, la ley dice que el Poder Ejecutivo determinará el momento en que finaliza el Fondo Coronavirus. Con respecto al deterioro fiscal, insisto en lo que he dicho, estamos en el medio de la tormenta, no estamos compartiendo nuestras proyecciones para este año ya que lo vamos a hacer en ocasión de la ley de Presupuesto, pero sí estamos visualizando un deterioro fiscal de al menos un punto y medio del Producto. El déficit está en 5% del PIB, o sea que a fin de año, estimamos que no sea menos de 6,5% del PIB.

-¿Ese sería el piso de déficit?

-Más que piso, es la base con la que nos movemos hoy, un deterioro de un punto y medio del déficit fiscal.

-La otra parte de esto es cómo se financia ese mayor déficit. El gobierno ha apelado a activar líneas de crédito contingentes que ya tenía acordadas hace años con organismos internacionales e incluso trabaja en otras. ¿La emisión de deuda en los mercados internacionales está absolutamente descartada o ahora que han salido Panamá, Perú, ven una oportunidad ahí?

-Uruguay como primer respuesta a la crisis, se movió muy rápida y proactivamente en desembolsar las líneas de crédito que ya tenía con organismos multilaterales y en negociar, en eso estamos, nuevas líneas de créditos contingentes. Es importante entender que fue una decisión muy rápida en un momento en que el mercado tenía mucha volatilidad. Hay una racionalidad económica por la cual nos dirigimos a los organismos multilaterales. Si hay un elemento positivo de toda esta crisis, es que la tasa de interés internacional está a niveles muy bajos históricamente. Como estos préstamos están atados a una tasa de interés internacional que es la Libor, el costo para nosotros de desembolsarlos está en niveles muy bajos. Dicho eso, el mercado está hoy en mejor tono, tiene una forma más positiva. Algunos países emergentes han salido al mercado, con lo cual monitoreamos la situación y no descartamos ningún instrumento de financiamiento. Lo que sí es importante entender es que en este momento estamos con una situación de liquidez buena dado el camino que se optó.

-Las calificadoras de riesgo le dan a Uruguay el grado inversor, dos de ellas, la canadiense DBRS y Fitch lo tienen en el escalón mínimo, incluso la última con perspectiva negativa. ¿Han hablado con las calificadoras? La situación del coronavirus es excepcional y el gobierno todavía no presentó la ley de Presupuesto, ¿lo entienden como para decir que no van a tomar ninguna acción ahora?

-Hemos hablado con las tres calificadoras de riesgo estadounidenses (Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s), en un diálogo muy directo, muy transparente y transmitiendo las particularidades del caso uruguayo. Hemos compartido cuál es el punto de partida en el que encontramos al país, nuestra visión de cómo estamos entendiendo el shock económico -que es transitorio y agudo-, el conjunto de medidas transitorias que hemos tomado para hacer frente a la pandemia. También hemos explicado, es una particularidad del caso uruguayo respecto a otros países, y creo que ha sido muy bienvenido, que los gastos de la epidemia se encapsulan en el Fondo Coronavirus, con lo que vamos a poder determinar con exactitud cuales gastos corresponden a la epidemia. Si hemos hablado de que hay un compromiso para recomponer las cuentas fiscales, un compromiso para bajar el gasto, ese compromiso sigue existiendo. Creo que ha sido entendido el caso uruguayo por parte de las calificadoras. Ahora, los movimientos que puedan tomar las calificadoras, dependen de los criterios y las metodologías de cada una. Agrego un elemento, y es que en general el planteo (de las calificadoras) ha sido esperar a ver cómo se evoluciona en esta epidemia y se dan más elementos a la hora de discutir la ley de Presupuesto. Eso es en general, lo cual no quiere decir que alguna calificadora no tome alguna medida o haga alguna evaluación anterior a eso.

-Pero ¿hoy diría que está en riesgo el grado inversor?

-A ver, desde finales de la campaña pasada era clara en que al grado inversor de Uruguay hay que cuidarlo porque estamos con una situación fiscal que puede hacer peligrar el grado inversor. Hoy mantengo lo mismo y por lo tanto, me parece fundamental construir una credibilidad fiscal. Presentamos la propuesta de regla fiscal en la ley de urgente consideración. Es fundamental construir una credibilidad fiscal que el gobierno anterior perdió. No hubo un manejo disciplinado, responsable, de las finanzas públicas. Seguimos manteniendo ese foco, seguimos manteniendo que hay que mejorar las cuentas fiscales y esto no lo vamos a poder hacer en 2020 porque tenemos la epidemia. Lo cual no quiere decir que la preocupación fiscal no siga en pie.

-Hay un decreto firmado por el Consejo de Ministros que topea el gasto de funcionamiento e inversiones, menos en partidas salariales, en 85% de lo que se ejecutó en 2019. Además hay otras medidas, ¿con eso creen que puede moderarse esa suba del déficit?

-Sin duda. Ese decreto es muy restrictivo en el gasto en general, sobre el gasto en funcionamiento e inversiones, no en las partidas salariales, pero sí hay otra cantidad de restricciones que tienen que ver con el llenado de vacantes, con las contrataciones, con una responsabilidad distinta por parte de quienes terminan haciendo que el Estado enfrente juicios. Este decreto sigue vigente y es fundamental seguir con el rumbo de mayor eficiencia del gasto público. Por otro lado, estamos gastando más porque necesitamos hacer frente a esta epidemia. Es importante entender que la disciplina fiscal sigue estando en nuestra agenda.

-En las empresas públicas, ¿hay un plan de ahorro similar?

-En el último artículo de ese decreto hay una exhortación a que las empresas públicas trabajen en esa dirección y están trabajando con esta pauta, con la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El MEF coordina todo el resto de la administración central y con estas pautas se está trabajando.

-Ancap podría haberse visto beneficiada por la caída del precio del petróleo, sin embargo las compras que había realizado para el primer semestre y las que realizó para el segundo, sumado a la caída en la demanda de combustibles, hoy le impiden aprovechar estos precios de entre US$ 20 y US$ 30 por barril. ¿Va a haber un ajuste de tarifas en combustibles?

-Seguimos monitoreando los precios a los cuales ha comprado Ancap, seguimos monitoreando si falta abastecer de más petróleo a Ancap y eso tiene que ver con la caída en la demanda que ha enfrentado la empresa y todavía no hay un decisión sobre las tarifas en ese sentido.

-Sobre las empresas públicas hay varios planteos en el proyecto de ley de urgente consideración, sobre todo en lo que tiene que ver con las unidades reguladoras. ¿Va a ser necesario avanzar más en otros aspectos de gobernanza de las empresas públicas?

-En la ley de urgente consideración hay aspectos que tienen que ver con el rol de las unidades reguladoras, que nos parece fundamental, y eso se complementa con una gobernanza distinta para las empresas públicas que también se tiene que dar en los próximos años, sin duda. Esto no hay que verlo como que una sola medida va a ser la solución para ubicarnos en una situación mejor, sino que es un conjunto de medidas que tienen que ver con las empresas públicas en cuanto a una mejor gestión, una mejor gobernanza, un rol diferente de las unidades reguladoras en tanto indicativas de los precios de las tarifas públicas. Todos los elementos juntos nos van a ubicar en una situación mejor. Por situación mejor entiendo precios para las empresas y los consumidores que sean menores a los que hoy estamos visualizando, precios que permitan que Uruguay esté en un nivel más competitivo que el que está hoy. Esto no se va a dar de un día para el otro y no es con una única medida que se va a alcanzar ese precio menor en algún momento.

-Entonces están pensando en otra serie de medidas que necesitarán de ley o decreto.

-Tiene que ir acompañado sin duda por una gobernanza mejor de las empresas públicas.

-Hay críticas en cuanto a los cambios de normativa en lavado de activos en el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Le preocupan esas críticas donde algunos analistas señalan que Uruguay puede caer en listas negras o grises de países no cooperantes en temas de lavado?

-Los aspectos que se incluyen en el capítulo de libertad financiera apuntan a que pasamos de tener una obligación de uso de dinero electrónico o acreditación en cuenta, a tener la libertad de elegir el medio de pago que se quiera para trabajadores, honorarios profesionales. Entendemos que eso no va en contra del control al lavado de activos. Si pensáramos que va a dañar el actual control que se ejerce en lavado de activos, no lo hubiéramos puesto. Se sigue en la línea de controlar el lavado de activos, ha sido muy claro el titular de la Secretaría Antilavado, Jorge Chediak, que si está esta propuesta en la ley es porque no vemos que haya un perjuicio en términos de los controles del lavado de activos.