Argentina acepta dos pedidos de Uruguay para intercambiar datos

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MARCELA DOBAL

Argentina contemplará dos de los pedidos del gobierno uruguayo en la negociación por el intercambio de datos fiscales: que los inversores puedan descontar en ese país los impuestos ya pagados en Uruguay y no realizar inspecciones de este lado del río.

Esos compromisos fueron expresados por el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en una conferencia de prensa que puso fin ayer al Foro sobre Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que transcurrió durante dos días con la concurrencia de cientos de técnicos de más de 38 países.

A su vez, el subsecretario de Economía, Luis Porto, dijo ayer a El País que lo que se busca en la negociación con Argentina es que "no se generen situaciones traumáticas para quienes han invertido en Uruguay durante todos estos años" y que "no preocupa" el tiempo que lleve lograr un acuerdo de "calidad".

Ambas partes de la negociación son reticentes a dar detalles del proceso, pero Echegaray ofreció una "respuesta técnica" ante la consulta de El País en conferencia de prensa sobre las garantías que solicitaron los negociadores uruguayos.

En el marco de un diálogo que consideró "fructífero y productivo", Echegaray dijo que la propuesta de Uruguay de que los contribuyentes no paguen dos veces sobre el mismo hecho imponible también fue realizada por otros países. "Pero eso en Argentina lo tenemos resuelto hace mucho en las leyes respectivas, en la ley de impuestos a las ganancias, en lo que es bienes personales, con el sistema del crédito fiscal", afirmó ante la consulta de El País.

En ese sentido, indicó que "no hay mucho que crear", ya que los contribuyentes argentinos pueden acreditar en sus declaraciones juradas lo que han pagado por impuestos en otros países, para obtener un crédito fiscal. "Eso hoy ya está en nuestra legislación. (Pero) forma parte de este acuerdo de intercambio de información seguir trabajando y contemplarlo más precisamente", dijo Echegaray.

El jerarca también respondió otra consulta de El País sobre el pedido de Uruguay de impedir que inspectores argentinos crucen el río a realizar inspecciones. "No estamos viendo de enviar funcionarios a realizar fiscalizaciones a otros países o fiscalizaciones conjuntas, si bien el modelo de OCDE prevé esas facultades", expresó.

Echegaray añadió que si bien en los convenios que Argentina ha firmado con países como China, India, Costa Rica, San Marino, Mónaco y Ecuador "esa facultad figura", ejercerla "no es un objetivo prioritario" de su administración tributaria.

Haciendo uso de las mismas palabras de Boudou del día anterior, el titular de la AFIP dijo que se procurará "proteger a quienes invierten de manera transparente" y "desalentar" a quienes "se ocultan en países donde no se puede acceder con el intercambio de información".

En tanto, Porto indicó ayer a El País que Uruguay "jamás se podría dar por aludido" por los comentarios de Boudou, ya que el país está entre los más transparentes del mundo en materia de normas antilavado.

El dos de Economía señaló que en la negociación por el acuerdo, Uruguay está buscando que "no se generen situaciones traumáticas para quienes han invertido en Uruguay durante todos estos años".

También enfatizó que los tiempos no apremian al país. "No son los plazos lo más importante, sino la calidad del acuerdo. Eso significa que (la firma) puede ser mañana, dentro de tres meses o de seis", dijo.

"No nos preocupan los plazos sino una mayor transparencia para la atracción de inversiones en el marco de un país productivo", agregó.

Estos temas fueron puestos sobre la mesa en su reunión de diciembre con el director de la Secretaría del Foro Global de OCDE, Pascal Saint-Amans, que se concretó en India y fue monitoreada por el ministro, Fernando Lorenzo. Allí, Porto le informó que muchas normas en Uruguay dan cuenta de una estrategia del país de ser "plaza financiera", pero que desde 2005 la estrategia es convertirse en "país productivo", basado en la inversión y las exportaciones. "Él compartió algunos argumentos. La prueba es que ahora dice que los cambios tienen que hacerse con suavidad", dijo.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, indicó ayer que en las negociaciones por un acuerdo de intercambio de datos fiscales con Uruguay no está planteado poner un límite al número de solicitudes que pueden realizarse las administraciones tributarias entre sí.

"He discutido con mis colegas uruguayos y nunca han hecho una propuesta como esa", dijo ante la consulta de la prensa en conferencia.

Echegaray señaló que, según los estándares de OCDE, hay un modelo básico para los acuerdos, por el que el intercambio de datos "debe ser amplio y sin restricciones".

Esto fue confirmado ayer a El País en el Ministerio de Economía de Uruguay. El subsecretario, Luis Porto, indicó que si bien la posibilidad de topear las solicitudes se había "manejado públicamente, no ha formado parte de la negociación" y "no corresponde con lo que está siendo el proceso".

También resaltó que la negociación no se trata de "poner condiciones" sino de hacer converger la estrategia de ambos países sin que sea "traumático" para las partes.