SITUACIÓN

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

La inflación continúa su marcha acelerada en Argentina. Tras el 6% registrado en abril, el índice acumulado en el primer cuatrimestre llegó al 23,1%, el más elevado para ese período desde 1991.

Con un ajuste de las tarifas de los servicios públicos por delante y la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que no se siga utilizando el atraso cambiario como estrategia anti inflacionaria, el consenso de los economistas viene recalculando al alza sus proyecciones para este año a niveles en torno al 70%.

“El problema es que se está acelerando el proceso de indexación. La aceleración de los precios está provocando que empiecen a acortarse los contratos y eso asegura que pasemos de un régimen de inflación en torno al 50% en los últimos cuatro años a uno mayor. Los precios aumentan entre el 5% y el 6% cada mes y esos incrementos son convalidados porque la gente prefiere desprenderse de los pesos antes que quedarse con los pesos en la mano”, dijo a El País el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.

En este contexto, la renovada emisión de dinero para asistir al fisco suma leña al fuego. El Banco Central de la República Argentina auxilió al Tesoro con más de 166.000 millones de pesos argentinos (US$ 1.413,7 millones) en menos de 15 días. Eso además de los 550.000 millones de pesos argentinos (US$ 4.683,8 millones) que debió imprimir y reabsorber en el año para pagar su deuda remunerada récord.

La inercia inflacionaria, que parece cada vez más difícil de doblegar, viene derrumbando el poder de compra de buena parte de la población.
Si bien las actualizaciones salariales de los trabajadores registrados y de los empleados públicos vienen corriendo la carrera casi a la par de la inflación, otros sectores están quedando cada vez más rezagados. El impacto más notorio lo están sufriendo los trabajadores informales, un segmento que representa el 35% del mercado laboral en Argentina.

Mientras los ingresos de los trabajadores que no están formalizados ni protegidos por un marco legal registraron en marzo pasado un crecimiento interanual del 41,6%, en el mismo período la inflación trepó el 55,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Si a quienes trabajan “en negro” se le suman los monotributistas sociales -emprendedores en situación de vulnerabilidad que realizan una única actividad económica por cuenta propia-, el resultado es que cerca de un 40% de los trabajadores en Argentina viene perdiendo su poder de compra a paso acelerado.

Además, la inflación también está recortando los ingresos reales de jubilados, pensionados y asignatarios de planes sociales, cuyos haberes ya no se actualizan por el índice de precios, sino por una fórmula atada a la evolución de los salarios y de la recaudación previsional tras la reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2020.

Con eso, durante el primer semestre los ingresos de todas esas prestaciones se incrementarán un 29,1%, por debajo de niveles de inflación que llegarían al 33,9% en ese período si se cumplen las estimaciones para mayo y junio del Relevamiento de Expectativa de Mercado, un promedio de las proyecciones de analistas y consultoras recopiladas por el Banco Central.

Ese brusco descenso en el poder adquisitivo de un vasto sector de la población lleva a que el consumo se mueva a dos velocidades. 

“Hay un sector vulnerable que está perdiendo poder adquisitivo rápidamente y se ve obligado a reducir su consumo. Sin embargo, los números de ventas en supermercados, por ejemplo, no dan tan mal porque la gente que puede prefiere usar los pesos sobrantes en la compra y el stockeo de bienes. Esa dinámica no es sostenible en el tiempo”, dijo Menescaldi.

 La aceleración de la inflación, que es aún mayor en los alimentos, amenaza con incrementar los niveles de pobreza e indigencia.

Solo en el primer cuatrimestre, el rubro “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” acumuló un alza del 28%, de acuerdo al Indec.

“El sector de la población con menores ingresos tiene una canasta de consumo en la que prioriza los alimentos, y ya se nota que en ese segmento, sobre todo entre los trabajadores informales, se están dejando de consumir bienes de segunda necesidad para poder costear la compra de los de primera necesidad”, dijo a El País Agustín Berasategui, economista de la consultora ACM, en Buenos Aires.

En ese marco, la inflación surge como el principal tema de preocupación para los argentinos por sobre la inseguridad y la corrupción, según el consenso de los sondeos.

Sin un programa concreto a la vista que ataque la inercia inflacionaria, el incremento generalizado de los precios viene impactando con fuerza sobre la imagen del gobierno peronista.

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella registró en abril una caída interanual del 17% y es ya 27% inferior al de la última medición realizada durante la administración de Mauricio Macri.

Frenar la inercia inflacionaria es una condición indispensable para que el oficialismo enfrente con probabilidades de éxito las elecciones presidenciales del año próximo. Sin embargo, paradójicamente en el corto plazo la aceleración de los precios se volvió un aliado clave del gobierno para cumplir con la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los objetivos establecidos en el acuerdo con el organismo multilateral de crédito para refinanciar la deuda contraída en el 2018, se estableció que el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) debe caer del equivalente al 3% del PIB registrado en 2021 al 2,5% este año.

En ese acuerdo se estimó una inflación para este año que iba a rondar entre un mínimo del 38% a un máximo del 48% anual. Sin embargo, según el Relevamiento de Expectativa de Mercado de abril, las proyecciones para este año promedian el 65,1% y las estimaciones vienen ajustándose hacia arriba.

Una inflación mayor a la prevista permite, por un lado, licuar parte del gasto público que no está indexado y, por el otro, incrementar la recaudación nominal de los impuestos que van en línea con el alza de los precios, como por ejemplo el IVA.

Para los próximos meses, los analistas consideran que la clave para que el gobierno logre una desaceleración de la inflación pasará por el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI en torno a la reducción de los niveles de emisión monetaria y, sobre todo, a la acumulación de reservas en el Banco Central para evitar una crisis cambiaria.

“Se esperaba que el acuerdo con el FMI y la mejora del balance del Banco Central sean anclas a mediano plazo para la inflación. Pero todavía hay que implementar ese programa y se evidencian dificultades para hacerlo en medio de la incertidumbre política”, dijo Menescaldi.