Redacción El País
La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) aprobó por amplia mayoría la propuesta de su Consejo Central que busca salvar a la Caja Bancaria (CJPB), que pretende asegurar que “alcance el equilibrio y continúe sirviendo sus prestaciones”.
El déficit que deberá cubrirse, está fijado en el orden de los US$ 900 millones para un período de 13 años, término que, basado en proyecciones conservadoras, es el tiempo en que la Caja Bancaria recupera su superávit operativo, según señala el documento de la propuesta.
Dentro del capítulo de “contribuciones de trabajadores y jubilados” del documento, señala dos etapas respecto al aumento de la edad mínima jubilatoria. En la primera fase, para todos los trabajadores que generen causal jubilatoria (60 años y 30 de servicio) al 31 de diciembre de 2024, “mantendrán totalmente sus derechos jubilatorios actuales, más allá de la fecha en que se retiren de la actividad”.
En tanto, señala que, respecto a la “propuesta de aumento inmediato a 63 años -de edad mínima jubilatoria- y aumento a 65 en tres años, se construye un sistema que mantenga los parámetros de la ley 18.396 para quien postergue su edad jubilatoria”.
A su vez, agrega que se establece una edad mínima de jubilación y una edad de jubilación incentivada, para quienes generan causal jubilatoria a partir del inicio del año 2025.
En este sentido, propone que para quienes se jubilen con la edad mínima se aplicará un Salario Básico Jubilatorio (SBJ) y una Tasa de Reemplazo (TR) que llevan a una jubilación entre 8% y 15% menor, según el caso individual. Los que son alcanzados por el máximo jubilatorio (Tope) tendrán una rebaja que puede llegar hasta un 20%.
Por amplia mayoría, la #AsambleaGeneralAEBU aprobó la propuesta en mayoría del Consejo Central.
— AEBU (@Aebu_Uruguay) August 22, 2023
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“Quienes se jubilan con la edad incentivada, mantienen todas las condiciones de la ley 18.396, incluyendo las bonificaciones por edad y años de trabajo y el tope vigente actualmente. Solo serían alcanzados por el impuesto a las jubilaciones igual que los ya jubilados”, agrega.
Mientras que en la segunda etapa, señala que el “Poder Ejecutivo exige que el aumento de la edad obligatoria para jubilarse comience antes que el resto de la reforma aprobada para financiar la reducción del gasto en jubilaciones. La propuesta original del Poder Ejecutivo implicaba un incremento a partir de los nacidos en 1964 hasta llegar a 65 años de edad en los nacidos en 1971”.
“Frente a la propuesta del Poder Ejecutivo, se alcanza una transición mucho más larga que solo adelanta dos años la aplicación de la reforma general que aumentó a 65 años la edad mínima de jubilación”, agrega.
Posición de los bancos
Por su pare, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), emitió un comunicado sobre la salida acordada y el futuro de la industria.
“Nos complace anunciar que la perseverante posición dialoguista y de búsqueda de soluciones permitió alcanzar una solución para financiar el déficit que la CJPB enfrenta desde hace ya varios años. Pese a las insistentes advertencias realizadas por nuestra Asociación, ese fuerte desequilibrio se mantuvo hasta el extremo de agotar las reservas de la Caja, poniendo en riesgo las prestaciones de los jubilados”, comienza la misiva.
Para arribar a la solución que le de el financiamiento requerido por la Caja, agrega el documento, se puso como condición que también “los actuales trabajadores bancarios -cerca de 3.000- puedan jubilarse en las condiciones adecuadas”.
En este sentido, el comunicado de ABPU expresa que “la salida acordada por las partes prevé que las necesidades de financiamiento de la Caja Bancaria, estimadas en unos US$ 900 millones hasta el 2035, serán solventadas con contribuciones de todos los actores del sistema”.
Para esto, prevé que los trabajadores “percibirán jubilaciones que, paulatinamente, irán convergiendo a condiciones jubilatorias más cercanas a las del régimen general”.
Asimismo, los pasivos que se hayan jubilado luego de la reforma de la CJPB de 2008, y reciban prestaciones superiores a 6 BPC ($33.960), aportarán con un paratributo de 4%.
Por su parte, el Estado contribuirá con la garantía a los bonos a emitir por la Caja Bancaria, mientras que las empresas, a través de un aumento de la prestación complementaria patronal (PCP) y, en el caso de los bancos, se agrega, por 8 años, a un paratributo a crearse.
En esta línea, señala que “los bancos son los que realizan el mayor esfuerzo, dado que la mayoría de los actuales pasivos son antiguos trabajadores bancarios”. Por esto, para los bancos privados, el aporte adicional en este período superará los US$175 millones.
Con esta carga, en 2024, los bancos miembros de ABPU afrontarán un aporte patronal del 54% -el aporte patronal para el sector privado es de 7,5% y se aporta hasta un tope de $ 236.309, mientras que esta contribución de los bancos será más de siete veces superior y no tendrá topes-.
“Hacer proyecciones financieras para períodos tan prolongados conlleva gran incertidumbre y el riesgo de cometer errores. Repasando la historia, las estimaciones oficiales de CJPB subestimaron significativamente las necesidades de fondos. Así, por más que en esta ocasión las proyecciones de déficit fueron cuidadosamente calculadas, reiteradamente reestimadas al alza, y se procuraron fuentes de financiamiento que cubren con creces las necesidades proyectadas, aún subsiste el riesgo que dichas necesidades sean, nuevamente, subestimadas”, señala el comunicado.
En tanto, entre otros temas a abordar, como la generación de empleo de calidad, señala que apoyarán “a la propia Caja Bancaria para que haga su aporte a través de una mayor eficiencia y, sobre todo, asegurar que no vuelva a ocurrir que una crisis pase inadvertida tanto tiempo”.