Los accidentes de tránsito están entre las primeras causas de muerte en el país. En ese marco, hay un proyecto de ley para hacer obligatorio un etiquetado que muestre el nivel de seguridad de los vehículos nuevos que se comercializan en el territorio nacional.

El etiquetado que se establece en el proyecto de ley es la calificación que se obtiene en el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina (Latin NCAP).

El País conversó con Federico de Brun -estudiante avanzado de Derecho y uno de los redactores del proyecto de ley junto a los estudiantes avanzados de Economía Ismael Gómez y Federico Luzardo-, quien afirmó que “la idea de la ley no es prohibir la comercialización de vehículos, sino facilitar el acceso a la información independiente al cliente sobre la seguridad de los mismos en el momento de comprar”.

El proyecto fue presentado ayer en el Anexo del Palacio Legislativo, en un evento convocado por el Partido Colorado Jóvenes 1600, con la intención de darle impulso.

El paso que sigue es su presentación a la Comisión de Transporte del Parlamento en agosto y, luego de un trabajo de intercambio con legisladores y la citada comisión, pasaría a la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, a la Cámara de Senadores.

“Lo ideal sería obtener la media sanción (de la Cámara de Diputados) este año, para que en el primer semestre de 2024 se apruebe en el Senado. A diferencia de otros proyectos de ley, este no tiene contenido político partidario, por lo que las probabilidades de que se apruebe son altas”, estimó De Brun.

El objetivo es fomentar la compra de vehículos más seguros para reducir las fatalidades y lesionados graves.

En la exposición de motivos, se señala que la normativa técnica actualizada en esta materia de la ONU tiene un atraso de al menos 22 años en América Latina, con respecto a Europa. En esa línea, se explicita la importancia de que los gobiernos promuevan la información independiente a los consumidores por medio de los programas NCAP (New Car Assessment Programmes, por su sigla en inglés).

“Tanto las regulaciones como los NCAP deben coexistir para impulsar la mejora de la seguridad”. Es decir, los NCAP sirven para complementar los requisitos mínimos que establece la legislación y para incentivar a los fabricantes de vehículos a ofrecer voluntariamente productos que excedan las normas legales. En tal sentido, De Brun sostiene que “de aprobarse el etiquetado vehicular, la seguridad ganaría más relevancia”.

Según la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), se registraron 434 fallecidos en siniestros de tránsito en Uruguay en 2021. Y en términos de lesiones, se registraron 27.613 lesionados en el mismo año.

“Además de la pérdida de vidas y de las lesiones graves que se siguieron dando también el año pasado y este, los accidentes de tránsito generan un costo alto, dado que representan el 1% del PIB de Uruguay, en el entorno de los US$ 600 millones”, detalló de Brun.

Entre los aspectos técnicos que Latin NCAP evalúa, como parte de la prevención, están los elementos de calidad constructiva, de diseño y concepción, con pruebas integrales de estos y otros aspectos del vehículo.

El texto del proyecto de ley estable, en su artículo 1, la obligatoriedad del etiquetado de “todos los vehículos nuevos a la venta”, debiendo contar con la calificación obtenida en Latin NCAP, lo que incluye “un listado de todos los elementos de seguridad con los que cuenta el modelo” (aunque no sean necesarios para su comercialización por normativa vigente).

Esto abarca: frenado autónomo de emergencia, detección de punto ciego, soportes de sendas, sistema inteligente de limitación de velocidad, protección a peatones, protección de cabeza en impacto lateral, entre otros, distinguiendo si cuenta con ellos o no.

En otros artículos, se establece que la etiqueta contendrá un código QR que dirigirá a la versión digital de la etiqueta en el sitio web de la Dirección Nacional de Industria, con una base de datos específica para esto. Dicha etiqueta deberá ser exhibida en salones de venta junto al modelo del vehículo, incluyendo el código QR.

La calificación de seguridad deberá estar presente en la publicidad de los modelos de los vehículos.

Para el cumplimiento de la ley, que alcanza a todos los vendedores de vehículos nuevos en el país, se prevé la creación de un Comité Técnico, compuesto por -mínimo- tres integrantes: dos designados por la Dirección Nacional de Industria, y otro por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Los resultados de las pruebas de seguridad será válidos por cuatro años desde su realización, renovables.

El incumplimiento de las disposiciones sobre la aplicación de las etiquetas, o sobre la información en las pautas publicitarias que se hagan de los vehículos (en este caso, la responsabilidad recae en quien contrató la pauta), podrá dar lugar a sanciones pecuniarias que podrán ir desde las 70 Unidades Reajustables (UR, $ 111.800) hasta las 700 UR ($ 1.118.005) .

De Brun aclaró finalmente que el texto del proyecto de ley fue trabajado con otros actores involucrados, como Unasev, la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), Latin NCAP, entre varios referentes del sector.