Redacción El País
La constructora Balsa y Asociados, que desarrolla tres proyectos de barrios privados en Canelones, se presentó de forma voluntaria a concurso de acreedores, tal y como informara El País con base en fuentes judiciales.

En febrero de 2023, Juan Balsa, director de Balsa y Asociados, celebraba un año inédito. Y es que solo en 2022 vendió 240 casas en el barrio privado La Juana y otras 77 en el complejo de condominios Pilar I y II, a la vez que 90 terrenos en Carlotta, tal y como quedó registrado en un informe de Qué Pasa de El País.

El 23 de abril pasado, sin embargo, la empresa se declaró insolvente y amparada en la ley 18.387 contará con un plazo de 60 días para que los acreedores verifiquen los créditos que tienen a cobrar. Luego de este período, Balsa y Asociados podrá negociar el pago a los acreedores.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) fue el primero en encender las alarmas. A través de un comunicado, el pasado viernes informó que unos 400 trabajadores fueron enviados a seguro de paro por parte del proyecto inversor de Balsa & Asociados.

En diálogo con El País, Daniel Diverio, secretario general del Sunca, detalló los entretelones del conflicto que derivó en la situación actual, tanto de la empresa como de los trabajadores.

"En 2023 durante seis meses la empresa estuvo sin hacer aportes, ni a los trabajadores ni al BPS. ¿No sonó ninguna alarma? Nosotros nos enteramos por un compañero que tuvo un siniestro laboral y al ir al Banco de Seguros se enteró que no tenía aportes y no podía cobrar seguro. Ahí la empresa llegó a un convenio para ponerse al día con los aportes y nosotros llevamos una planilla para asegurarnos de que no se incumplieran los pagos", detalló Diverio.

Sin embargo, con el correr de los meses se volvieron a registrar impagos, aseguró Diverio. "Ahora envían a los trabajadores a seguro de paro parcial pero no los dan de baja. Esto hace que no puedan acceder al 5% de seguro del Fondo de Cesantía y Retiro (Focer), ni a los créditos ni tampoco a cobrar los jornales de abril", lamentó.

Con este contexto, el sindicato solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que el BPS revise las causas para enviar a seguro de paro parcial a los trabajadores, revise los casos de aquellos trabajadores a los que les faltaron aportes y "exponga con claridad el resultado que tendrá este proceso, ya que hoy la empresa no tiene garantías, por más que se remate todo".

A propósito de la "falta de garantías", Diverio remarcó que esta clase de proyectos "cuentan con respaldo por su elevado valor y exoneraciones fiscales, tanto desde el Ministerio de Economía y Finanzas como desde la Junta Departamental que es la que da la autorización para que se construyan urbanizaciones en predios rurales, lo que multiplica muchísimo su valor".

Según el comunicado emitido por la empresa a los clientes, trabajadores, proveedores e inversores —al que tuvo acceso El País— la presentación voluntaria al concurso de acreedores se hizo por los emprendimientos Pilar de los Horneros (Desarrollo Verde S.A.S.), La Juana (Chamery S.A.) y Arenas del Cabo (Arenas del Cabo S.A.S. y Verde Cuidado S.A.S.).

Con el amparo del decreto 138/020 de 2020 sobre Protección y Promoción de Inversiones, los barrios privados que proyectó Balsa & Asociados podían aspirar a las exoneraciones que reciben las actividades promovidas.

Una resolución de la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, —compartida por El Observador y a la que accedió El País— declaró promovida la actividad del proyecto Desarrollo Verde S.A.S. (Pilar de los Horneros) para “la construcción de viviendas residenciales en la localidad de Canelones”.

En dicha resolución se exonera al proyecto de “todo tributo de importación” y se otorgó a la empresa de un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, Desarrollo Verde S.A.S. fue exonerada de pagar —por el término de 10 años— el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) por 21.562.771 unidades indexadas (UI), equivalentes a día de hoy a $ 129.339.969 (US$ 3,4 millones, aproximadamente).

Leonardo Maine/Archivo El Pais

El 8 de julio de 2022, la ministra Arbeleche firmó la solicitud de Chamery S.A. (La Juana) para declararla también como actividad promovida, cuyo fin es el de la “urbanización y construcción de viviendas en la localidad de Barros Blancos”.

Al igual que para el proyecto de Pilar de los Horneros, la empresa contó con exoneraciones para el barrio La Juana. En este caso, la exoneración del pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) fue de 255.005.016 UI o $ 1.529.800.591 (US$ 39,8 millones aproximadamente).