La preocupación de Uruguay sobre cómo crecer más y hacerlo más rápido -en la última década elProducto Interno Bruto (PIB) creció 1,1% en promedio- es compartida por otros países de América Latina y el Caribe. En el caso de muchos de ellos con mayor fuerza que en Uruguay. Lo cierto es que, en su conjunto, el crecimiento de la región está prácticamente “bloqueado”, según el Banco Mundial (BM).

En su más reciente informe, el organismo destaca, entre los ingredientes que faltan en la región para crecer, los bajos niveles de competencia empresarial y el rol que no terminan de asumir las agencias de promoción y defensa de la competencia en los distintos países, en gran parte por los intereses político-económicos en juego de las grandes compañías.

William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM, afirmó ayer en un debate entre expertos del organismo e invitados, que habría que “desbloquear el crecimiento y la productividad” a través de una mayor regulación de la competencia y puesta en práctica de políticas antimonopolio, así como reforzar a las agencias que se dedican a esos asuntos, las que deberían contar con mayor independencia y financiamiento.

En Uruguay recientemente la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia por primera vez rechazó dos fusiones de empresas: la de los frigoríficos Marfrig y Minerva y la de panificadoras Bimbo y Pagnifique.

Para Maloney las economías de los países crecen cuando la competencia empresarial -legal- aumenta y ese proceso se acompaña de capacitación de las personas en los puestos de trabajo y buenos diseños de sistemas de protección social.

Sobre la política de competencia de Uruguay, el informe del BM afirma que “la evidencia proveniente de la aplicación de medidas antimonopolio de los casos de Chile, Colombia y Uruguay, es más débil y menos robusta cuando se utilizan enfoques metodológicos diferentes en la medición de resultados”. En tal sentido, apunta a desarrollar mejoras formas de medición.

Asimismo, destaca que, en el caso específico de Uruguay, las acciones de la institución (de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia) están “bien orientadas” y “demuestran la importancia de desarrollar las capacidades internas” de la autoridad de competencia. El informe del BM agrega que las medidas en Uruguay han resultado más eficientes cuando los procesos son iniciados por iniciativa de la comisión misma, que como respuesta a iniciativas de privados.

El organismo reconoce que una de las razones por las cuales es complicado medir los efectos positivos de la implementación de medidas antimonopolio en la región -además de las metodológicas- es que esa implementación abarca apenas una fracción de las conductas de mercado indebidas, por lo que las intervenciones aisladas podrían no ser suficientes para producir cambios contundentes. En ese contexto, el organismo advierte que todos los países -Uruguay incluido- deben mejorar sus prácticas de supervisión sobre esta materia, sobre todo porque existen muchas empresas que no están siendo sancionadas debido al poder económico y político que detentan, o se crean leyes adaptadas a sus necesidades, descuidando al resto de las compañías en el mercado, en especial las pequeñas y medianas.

Por supuesto que el desbloqueo del crecimiento económico no pasa solo por medidas antimonopolio u otras de defensa de la competencia (acá entran otras políticas de desarrollo, inversión, innovación, mover el capital humano y demás), pero Maloney recalca la necesidad de reequilibrar determinadas fuerzas políticas para que las agencias de defensa de la competencia actúen mejor.

En esta región hay muchas menos sanciones a empresas que en Europa o Estados Unidos, lo que muestra que el poder que ejercen es alto y se necesitan contrapesos.

“El poder económico se traduce en poder político, hay que ver por qué algunas empresas no son sancionadas por sus prácticas y también cómo influyen en las campañas políticas de los países. Tampoco deberíamos permitir rentas que vengan de políticas de abuso de mercado”, advirtió Marcela Meléndez, economista jefe adjunta para la región del BM.

“El poder político y comercial no permiten que las agencias de defensa de la competencia surjan o se fortalezcan, porque hay grandes intereses de por medio”, agregó.

Andrea Butelmann, socia de la consultora económica que lleva su nombre en Chile, compartió que en su país se ha avanzado en la ley de independencia de las agencias de competencia, pero que no tienen suficiente presupuesto. Además, les lleva tiempo y recursos identificar a las empresas que se cartelizan y las reglas no son claras, al tiempo que están tratando de elevar el castigo ante casos de incumplimiento, ya que las penalidades son bajas. “Sí hay castigos fuertes para los grandes carteles empresariales, pero nadie ha ido a las cárceles”, afirmó. Algo similar ocurre en otros países.

“Hay que eliminar las barreras que son creadas para proteger a determinadas empresas. En Chile, el sector de telecomunicaciones bajó mucho sus tarifas cuando entró al mercado una empresa del exterior”, ejemplificó.

Para María Leticia Ossa Daza, socia de Paul Weiss, mayor coordinación de las autoridades entre los distintos países podría ayudar a contrarrestar los fenómenos de abusos empresariales.

“Las economías de escala hacen que nuestros mercados pequeños no puedan competir, por eso se requiere más integración (no proteccionista), por ejemplo en infraestructura, aduanas y para mercados regionales en el transporte, telefonía y otros sectores, pero muchas veces no nos damos los permisos mutuos entre los países que nos llevarían a aumentar la competencia y disminuir los precios”, afirmó Andrea Butelmann, socia de la consultora económica de Butelmann de Chile, en el evento del BM.